Primer paso para realojar a 1.600 familias de la Cañada Real, el "mayor asentamiento de exclusión social en España"

En el camino por la Carretera Vertedero Muncipal Valdemingómez en la Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento irregular de España, se ve una mezquita, quioscos, casas bajas -muchas de las cuales tienen su número plasmado con pintura de spray-, y locales donde venden bocadillos. Este lunes, cuando la temperatura era superior a 22ºC en el municipio de Madrid, también había mujeres y hombres sentados al sol en sus sillas de plástico. Todos miraban a los coches, taxis y un autobús que se dirigían a una antigua fábrica de muebles en el número 155. Un espacio que utilizan oenegés para hacer una laboral social en el barrio y que ha sido el elegido para presentar el protocolo del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real, firmado por el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid. Es, según han señalado, el primer paso para realojar a más de 1.600 familias vulnerables en los próximos 10 años.

Tildado como "el mayor asentamiento de exclusión social en España", los portavoces de las distintas administraciones han asegurado que la Cañada Real va camino de vivir un proceso de transformación con este pacto. Supone una inversión total de 330 millones de euros -110 por cada nivel de administración- y servirá, según los firmantes, para "garantizar una vivienda digna" a muchas de las familias que a día de hoy viven ahí.

Además, este protocolo, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, abre la puerta al "derribo de chabolas, infraviviendas y construcciones ilegales existentes, así como actuaciones de rehabilitación edifiatoria y de reurbanización y regeneración urbana que se estimen procedentes".

El mayor pacto de consenso en Madrid

Es, según la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, el "mayor pacto de consenso político e institucional que ha suscrito la Comunidad de Madrid" hasta ahora. "Partidos políticos e instituciones nos hemos puesto de acuerdo para intervenir sobre el mayor asentamiento de exclusión social que tenía, y tiene, nuestro país", ha asegurado. "Se trata de un esfuerzo por dignificar las condiciones de vida de muchas personas, un compromiso profundo y solidario con las familias que viven aquí, que también merecen una igualdad de oportunidades", ha recalcado, por su parte, el delegado del área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González.

Durante la presentación del protocolo, que lleva cocinándose al menos dos años y medio, David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, ha señalado que, si bien esta situación en la Cañada Real "no es competencia del Gobierno de España, sí que era una preocupación permanente" que los habitantes pudieran tener una vivienda digna conforme al artículo 47 de la Constitución Española.

Asimismo, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha celebrado que esta colaboración vaya a permitir "erradicar el chabolismo y ofrecer una casa digna" a esos cientos de familias. El proceso de realojo también incluye la adquisición de viviendas, indemnizaciones, acompañamiento social y otros gastos necesarios y directamente relacionados con estos.

Más de 400 familias reubicadas desde 2017

Con este protocolo se crea la Comisión de Realojos "con el objetivo de determinar los instrumentos políticos y jurídicos necesarios para acelerar el plan de realojos existente, que permita reubicar en un período de 8 a 10 años a la mayor parte de la población de la Cañada Real".

Según el último censo realizado, el de la Cañada Real, que se divide en seis sectores, se acerca a los 7.283 habitantes, en unas 2.537 edificaciones, además de comercios e industria. Para todos ellos, el pasado 11 de mayo de 2017 la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un convenio de colaboración que incluía el realojo e inclusión social de un máximo de 150 familias, con 18 millones de financiación. En 2021, el acuerdo afectó a 160 familias. Hasta ahora, el último convenio se firmaba en 2023, cuando la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital se comprometían a trasladar a otras 180 familias en situación de vulnerabilidad.

En total, en los últimos siete años la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han comprometido a trasladar a más de 400 familias en situación de grave exclusión social, según un comunicado del Gobierno regional.