El Gobierno de Ayuso asegura que ha digitalizado ya el 82% de los documentos judiciales de la región

Este miércoles, tras el último consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 2023, Isabel Díaz Ayuso expondrá ante los medios el balance anual de su gestión. Hablará de números, de proyectos realizados, de promesas futuras, de la legislatura que aún queda por delante y, por supuesto, confrontará la acción de su gobierno con el de la nación. Pero antes de evaluar desde su punto de vista cómo termina políticamente el año, sacará pecho de sus iniciativas fiscales y sus bajadas de impuesto, reyes de su política global al frente de la Comunidad. Pero entre otras cuestiones, en su balance incluirá también su apuesta por la digitalización en este último año, en concreto, por la informatización de los documentos judiciales de la región que permiten agilizar e incrementar los trámites telemáticos a los ciudadanos.

En marzo de 2023, poco antes de iniciar la campaña electoral, la presidenta presentó la “Estrategia de Digitalización” de la Comunidad de Madrid en una intervención en el IESE Business School. Tres meses después, en la conformación de su nuevo gobierno con mayoría absoluta, Ayuso incorporó a su organigrama por primera vez una Consejería de Digitalización transversal a todas las demás con la idea de dar un impulso al salto tecnológico de la Administración e intentar situar Madrid como “nodo digital del sur de Europa”.

Entre los archivos históricos que se informatizarán se encuentra el sumario completo del asesinato de Carrero Blanco

Documentos históricos

De momento, el departamento dirigido por Miguel López-Valverde destaca la creación de una Agencia de Ciberseguridad (aprobada hace apenas dos semanas en la Asamblea de Madrid) y los avances para que la información y los trámites relativos a la sanidad pública madrileña o a las ayudas sociales estén incorporados en una app de fácil acceso desde el móvil, aunque esto aún no está al alcance de los ciudadanos. Asimismo, el ejecutivo regional presume de haber digitalizado ya el 82% de los materiales y documentos del ámbito judicial que son de su competencia, como aquellos relativos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o de los archivos regionales.

En esta línea, el consejo de Gobierno aprobará este miércoles un contrato por valor de 8,5 millones de euros para digitalizar “más de 54,5 millones de folios del Archivo Judicial Territorial" en el que se incluyen “fondos históricos (acumulados desde 1870 hasta 1940), libros de resoluciones y de registro”. Entre todos estos documentos se encuentran, por ejemplo, el sumario completo del asesinato de Carrero Blanco en 1973 a manos de ETA, del que se acaban de cumplir 50 años, o el documento más antiguo que se custodia en el archivo, "un acta de consejo y consentimiento paterno para contraer matrimonio datado en San Lorenzo de El Escorial en 1863".

El Gobierno regional prevé finalizar con su proceso de informatización en 2026. De momento, desde la consejería responsable señalan que este proceso ha permitido “que se presenten un 19% más de demandas telemáticas” y esto implica, aseguran, “un ahorro de tiempo al ciudadano, en esperas y desplazamientos, de al menos dos horas”.

Igualmente, apuntan que "se implantará un sistema de gestión tanto del archivo físico como del electrónico y se migrarán todos los datos existentes en Excel, así como bases de datos y otras herramientas utilizadas tanto en el Archivo Territorial como en los ficheros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de los Decanatos y de la Audiencia Provincial".

Bajada de impuestos

En cuanto al balance económico, Ayuso y todo su equipo se jactan del ahorro que les supondrá la senda fiscal que inició con Javier Fernández Lasquetty al frente de la Consejería de Economía y Hacienda. A pesar de las quejas de la oposición a sus políticas impositivas, el gobierno regional apunta que gracias a sus sucesivas bajadas de impuestos y sus iniciativas fiscales los madrileños se ahorrarán hasta 126 millones de euros en la próxima declaración de la renta. Las medidas son insuficientes para Vox, que reclama mayores ayudas para los emprendedores y un incremento inmediato de las reducciones en el tramo autonómico del IRPF, y para la izquierda, en cambio, las políticas fiscales de Ayuso solo sirven para favorecer "a los más ricos" y seguir "generando desigualdad" en la región.

Entre las ayudas fiscales aprobadas a lo largo de 2023, el Gobierno regional pone énfasis en la deflactación del IRPF por segundo año consecutivo, las deducciones por acceso a la vivienda vinculadas a la natalidad (rebajas por nacimiento de un hijo por un límite anual de 700 euros) y la destinada a los menores de 30 años, las reducciones en el IRPF para las familias numerosas y las desgravaciones relacionadas con el cuidado de las personas mayores.

Asimismo, Ayuso volverá a incidir en que este 2024 se aprobarán por fin los incentivos fiscales para los patrimonios que provienen del extranjero. Esta medida fue anunciada en enero de 2023 ante un grupo de inversores en el Spain Investors Day y presentado como una iniciativa que serviría para contrarrestar el llamado impuesto a los ricos de Pedro Sánchez que finalmente ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, lo que ha obligado al Gobierno regional a modificar su postura y aceptar recaudar este tributo en la región. El PP necesitaba entonces el apoyo de Vox para sacarlo adelante pero los de Rocío Monasterio dejaron morir esta medida con la que Ayuso quería coronar su legislatura.