Lobato pide condicionar las aportaciones extraordinarias del Estado a que las CCAA inviertan en servicios públicos

En pleno debate sobre la cesión de competencias a Cataluña, como la gestión de las Rodalíes o el futuro de la hacienda pública catalana que los independentistas quieren para sí, el socialista madrileño Juan Lobato ha lanzado una propuesta que va en sentido contrario. El secretario general de los socialista en Madrid, que se ha caracterizado por mantener un discurso propio y mantener cierta equidistancia en temas como la amnistía, defiende que cada vez que el Estado quiera hacer una aportación para financiar un servicio que es competencia de las comunidades autónomas lo haga solo si los gobiernos regionales se comprometen también a financiar esos servicios. Es decir, que pide condicionar estas aportaciones estatales a la inversión regional.

No supone "centralizar" nada, explican en su entorno, aunque reconocen que lo parece. "Esto es meter los dedos en el enchufe", admiten, pero el jefe del equipo está muy convencido de que este es un debate que se debe abrir, así que van a ver cómo lo lidian: "Vamos a intentar hacerlo sin tener los pies mojados". "No se trata de penalizar, sino de aplicar políticas federales", explican desde el PSOE madrileño, aun sabiendo que "justo en este momento político parece que no se puede hablar de federalizar nada". Y añaden que no se trata de limitar nada, "si una Comunidad no quiere invertir en educación, que no lo haga, pero que luego no pida una ayuda extra". En el PP , en cambio, ya ven la propuesta como un ataque a la autonomía financiera de las comunidades autónomas

"Corresponsabilidad política"

Lobato lo llama "corresponsabilidad política" y lo dice pensando especialmente en servicios como la Sanidad y la Educación y con el foco puesto en las políticas del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y que ahora pueden replicarse en hasta 13 comunidades más. "No tiene sentido", dice, que el Gobierno central haga transferencias de dinero a comunidades para determinados servicios y "que estas regiones utilicen ese dinero para bajar impuestos y gastar aún menos de lo que gastaban hasta ahora". Estas partidas, en su opinión, deben estar condicionadas al gasto previo que realicen los gobiernos autonómicos: "Para obtener esa financiación es necesario que haya un compromiso de que de verdad tiene interés en financiarlo".

Y se defiende diciendo que no está inventando nada nuevo. La idea, explica, es replicar lo que se ha hecho con el transporte público. El Estado no tiene obligación de financiar el transporte regional porque no es competencia suya, pero una vez que decide hacerlo para promover una reducción de las tarifas, lo hace vinculando su aportación al gasto que haga la Comunidad.

Pero el modelo actual de la financiación del transporte público, que se aprobó para que fuera transitorio mientras la inflación se mantenga en niveles altos, no es extensible a la financiación de todos los servicios públicos que son competencia de las comunidades autónomas porque precisamente la autonomía financiera permite a los gobiernos regionales decidir en qué invierten los fondos que reciben sin necesidad de justificar nada. Pero Lobato, que hace gala de su formación como técnico de Hacienda, insiste, en conversación con este diario, en que por ahora solo pretende abrir el debate sobre "las aportaciones extraordinarias del Estado", distintas a lo que a cada comunidad autónoma le corresponde por el sistema de financiación autonómica. Ocurrió "mucho en pandemia", cuando se repartió dinero para sanidad y para duplicar las aulas en educación sin la corresponsabilidad que él plantea, y lo que pide es que a partir de ahora toda aportación extraordinaria del Gobierno esté condicionada a un compromiso previo del ejecutivo autonómico: "La consecuencia de no hacer eso es que haya comunidades autónomas que como Madrid, pese al esfuerzo del Gobierno de España, sea la que menos gasta de España en educación y en sanidad".

Debate incierto

En su entorno reconcen que la propuesta supone abrir una caja de pandora. Puede "no entenderse" en Cataluña pero tampoco en otras comunidades autónomas, porque aunque el PSOE ahora solo gobierna en cuatro (Castilla La Mancha y Asturias en solitario y en coalición en Navarra y País Vasco, que se rigen por un sistema de financiación propio) aspira a hacerlo y a veces estas aportaciones se utilizan para paliar la falta de recursos propios. Pero las mismas fuentes señalan que las comunidades autónomas son las únicas que no ven condicionadas las aportaciones del Estado. El régimen de financiación local permite que las diputaciones o gobiernos regionales aporten en función de lo que estas recauden. Y Europa, insiste el propio Lobato, ya hace algo similar con los estados miembro. En su equipo explican que no ven necesario cambiar la normativa estatal, bastaría con que el Gobierno estableciera condiciones para una serie de ayudas, igual que hace la Unión Europea con los fondos a los estados miembro, que previamente pide un plan para saber si se va a invertir adecuadamente.

Oposición a Ayuso

Sin embargo, en el PP de Madrid han entendido el mensaje justo como una medida de castigo a Madrid. El portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, tacha de "extremadamente grave" que Lobato defienda la "independencia fiscal de Cataluña" mientras pretende "restringir la autonomía fiscal de Madrid", y exige que "si van a impedir el desarrollo de la autonomía fiscal" y si quiere ser "centralista", que lo diga "con más claridad".

Lobato sabe que "es muy fina la cuerda por la que tiene que caminar", según relatan en su equipo, pero en Madrid hay que sobrevivir con un "criterio propio" y en materia de financiación y fiscalidad, en su equipo confían plenamenten en su formación y su experiencia como alcalde: "Esto es oposición a Ayuso, pero no solo, está convencido de que esto beneficiará a España, pero es obvio que hay que ver cómo se hace, el perímetro que alcanza, los tiempos y cómo se gradúa".