Almeida responde a Maestre sobre vivienda: "Lo que propone ha subido el alquiler un 25% en Barcelona"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tiene claro que la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez no tiene cabida en la capital y que la propuesta que ha lanzado la candidata a la alcaldía de Más Madrid, Rita Maestre, de "declarar toda la ciudad como zona tensionada" amparándose en esta ley estatal, tampoco.

"No vamos a aplicar las atribuciones que nos concede (la ley nacional) porque va en contra de lo que se necesita", ha afirmado durante la presentación de sus propuestas de vivienda para la próxima legislatura en un acto en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y ha respondido a Maestre, que ha hecho esta declaración en una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, echándole en cara que quiera aplicar en Madrid medidas que en otras ciudades ya se han probado consiguiendo el efecto contrario al deseado. "Lo que dicen, sin matices, de declarar toda la ciudad como zona tensionada, entiendo que puede ser un mensaje atractivo en clave electoral, pero los ciudadanos tienen que saber que allí donde se ha ha optado por este tipo de fórmulas lo que se ha conseguido es encarecer y expulsar viviendas del mercado". El ejemplo más cercano lo ha situado en Cataluña, donde se ha aplicado la limitación del precio del alquiler del 2%: "La consecuencia ha sido que en último año ha subido el alquiler un 12,5% y en Barcelona un 25%".

Rita Maestre: "Hay que declarar toda la ciudad de Madrid como zona tensionada y limitar los alquileres"

Incredulidad

No solo eso, el alcalde considera que aunque la izquierda dice que hay que apoyarse en la colaboración público privada para incrementar la oferta de viviendas con precios asequibles, no resulta creíble. Maestre, apuntaba en esta entrevista como medida adicional a la limitación de los precios que "hay que comprometer al Ayuntamiento a construir su propia vivienda, pero también hay que facilitar que se construya vivienda privada a través de la cesión de suelo público para cooperativas y la cesión de uso".

Pero Almeida no lo ve veraz. "No puede ser solo un lema sino una convicción", ha señalado, alegando que "lo público no puede estar por encima de lo privado sino que deben ir de la mano. La sociedad es el motor de desarrollo y la administración, la carrocería que acompaña a ese motor".

Mirada al pasado

El regidor se remonta a la legislatura 2015-2019, en la que Maestre fue portavoz del gobierno municipal de Manuela Carmena, para explicar la poca confianza que le provocan las propuestas de la izquierda por la colaboración público privada. "Había una bolsa de 120.000 viviendas que el equipo anterior bloqueó de forma deliberada, y planteó legalmente una modificación que permitía reducir ese número de viviendas, en las que el 50% eran de protección pública", ha argumentado el alcalde.

Según el también candidato popular, tanto Más Madrid como PSOE "hacen estos discursos porque los tiempos son los que son", pero está de seguro de que "no tienen la convicción". De haber querido o haber creído, ha señalado, podrían haber apoyado "la modificación de las normas urbanísticas donde se introducirán elementos que agilizan la construcción de viviendas o se introducen fórmulas como el coliving o el cohousing".

El tercer ataque del alcalde para explicar que las propuestas de colaboración público privada de la izquierda no resultan creíble ha sido al lenguaje. "Hay que dejarse de expresiones que incriminan del sector inmobilidario, son fondos de inversión cuando se reúnen con ellos y cuando salen los llaman fondos buitre".

Más de 12.000 viviendas

Entre las medidas que ha presentado hoy el PP para la próxima legislatura en materia de vivienda, el alcalde ha destacado la construcción de 12.000 viviendas en cuatro años, incentivos fiscales, la adquisición de edificios ruinosos en el distrito Centro para dedicarlos a vivienda pública o la “tolerancia cero” con la ocupación ilegal, que pretende combatir, entre otras cosas, prohibiendo a los okupas el empadronamiento municipal, para lo cual necesita primero una reforma legal que depende del Gobierno de la nación.