Pánico en los parques madrileños: cierran medio verano por miedo a que caiga un árbol

El Ayuntamiento de Madrid emitió durante el último año 254 alertas que implicaron el cierre —total o parcial— de nueve grandes parques de la ciudad. Entre ellos, el parque de El Retiro, el de Juan Carlos I y El Capricho.

Concretamente, hubo 163 alertas amarillas, 78 alertas naranjas y 12 alertas rojas. Las alertas rojas suponen la clausura completa de dichos parques, mientras que con las amarillas se cierran zonas infantiles y de mayores. Con las naranjas, además de esto último, se suspenden los eventos al aire libre.

En un mismo día se pueden emitir varias alertas en distintos tramos horarios o de diferente intensidad. Así, entre el 21 de mayo de 2021 y el 25 de mayo de 2022 los parques estuvieron total o parcialmente clausurados durante 161 días, esto es, el 44% de los días. Prácticamente, uno de cada dos.

Las alertas se concentraron entre abril y agosto, es decir, en los meses más calurosos del año.

En verano cerraron 43 de los 93 días que tiene la estación. Los datos proceden de un análisis realizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a partir de la cuenta oficial de Twitter del Ayuntamiento, que informa sobre esta circunstancia.

Las alertas de Twitter no son todas las que ha habido. El pasado sábado 21 de mayo, por ejemplo, hubo alerta roja y cierre de parques sin comunicación oficial en redes. Solo se informó de una alerta naranja previa.

Ese día fue el más caluroso de mayo desde que hay registros. El termómetro alcanzó los 35 grados. Como está previsto si hay alerta, el SAMUR desalojó a la gente que había en el parque hacia las seis de la tarde. A las nueve cayó una tormenta. Con esa temperatura, según el protocolo, la alerta roja se activa si el viento supera los 55 km/h.

En el período analizado, las alertas rojas con cierres completos también se dispararon en los meses de calor. El año pasado hubo una a finales de mayo, otra en junio, otra en julio y tres en agosto.

"Es lamentable que cada vez que haga calor suene la alarma y se cierren los parques", dice Juan Manuel Ruiz, presidente de la Asociación de Jardinería Andaluza y buen conocedor de la gestión de parques y jardines en varias ciudades españolas.

"¿Por qué se hace? A raíz de determinadas desgracias se han adoptado unos protocolos demasiado severos, demasiado rígidos", continúa. "La gestión del riesgo en arboricultura no es algo que todo el mundo pueda manejar con solvencia. En un momento dado, llega un político y en vez de hacer gestión del riesgo cierra el parque, en el mejor de los casos, o directamente tala árboles a lo bestia. Muerto el perro, se acabó la rabia".

Miedo a los árboles

Por determinadas desgracias, Ruiz se refiere al episodio que tuvo lugar en Sevilla hace ahora cuatro años y cuyas consecuencias fueron aún más drásticas que las que ocurren en Madrid.

En mayo de 2018, en los jardines del Real Alcazar, cayó una gran rama de árbol sobre un señor de 74 años que ingresó en el hospital y falleció dos meses más tarde.

Ese verano se desató la llamada "guerra del árbol" y se talaron varios cientos de ejemplares. Tres años antes, el consistorio había identificado 2.500 árboles en mal estado, motivo bajo el que se justificó la tala.

"Hubo una desgracia y desde la sociopolítica técnica se decretó que el arbolado tenía muchos problemas. Fue un arboricidio. Una vez talados, implantar arbolado es complejísimo", considera Ruiz.

Alejandro Ruiz Rollé, ingeniero técnico agrícola especialista en arbolado y actual arborista municipal en Vitoria, coincide con su diagnóstico.

"Creo que en Sevilla se equivocaron. Antes de eliminar un árbol de cincuenta o sesenta años hay que realizar estudios que justifiquen su tala y tal decisión no se suele basar en una única razón. Si haces eso, vas a necesitar dos décadas para conseguir sombra otra vez. Hay tantos problemas añadidos que hay que pensárselo mucho antes de quitar un árbol grande".

El cierre de los parques en Madrid está motivado por una desgracia similar. El actual protocolo data de abril de 2018, un mes después de que muriera un niño de cuatro años al caerle encima un pino en El Retiro.

Ese día, según mantuvo siempre el Ayuntamiento, se había ordenado el cierre del Retiro cuarenta minutos antes del suceso porque el viento soplaba a más de 70 kilómetros por hora, aunque la familia y los testigos afirmaron que la zona estaba abierta y que nadie les había mandado salir en el momento del accidente.

El caso se archivó al no encontrar el juez delito en la caída del árbol, que había sido revisado en los días anteriores.

El primer protocolo se empezó a aplicar en 2016, tras dos años de trabajo evaluando el riesgo del arbolado porque en 2014 cayeron tres ramas —una de ellas provocó una víctima mortal— y se desató una gran alarma social.

En la revisión de 2018 se endurecieron las condiciones necesarias para las alertas: donde antes hacían falta vientos superiores a 85 km/h para cerrar los parques, ahora solo hacen falta 55 km/h si hay más de 35º y 65 km/h si hay menos.

"Es un protocolo hecho para curarse en salud", dice Ruiz Rollé. "La AEMET tiene unas tablas cuyo umbral máximo de viento se sitúa en 130 km/h. Patrimonio Nacional lo bajó a 65 km/h. Y El Retiro aún más. Son reducciones hechas a ojímetro, no hay estudios científicos que demuestren que una reducción del 5% de la velocidad del viento garantice nada. Sí que sabemos que con esos vientos es muy raro que se rompa nada. Por pura protección, por no saber qué puede pasar, lo más fácil para un Ayuntamiento es cerrar el parque".

Este experto, que antes de trabajar en Vitoria lo hizo en Madrid, añade que este tipo de protocolos están extendidos en grandes ciudades, pero que en algunos sitios —y dado que no todos los parques tienen puertas— son solo informativos, recomendando a los ciudadanos no pasar a los parques o hacerlo bajo su cuenta y riesgo.

"Creo que en Madrid nos hemos ido al extremo. Cuando pasó todo esto salió el contrato SERVER (Servicio de Evaluación y Revisión Verde) con un presupuesto de 30 millones para cuatro años. La pregunta que nos hicimos muchos fue: ¿de verdad es necesario?", sostiene.

Haciendo balance, desde 2014 han muerto cuatro personas en Madrid por caídas de ramas o árboles; ninguna desde 2018.

"¿Vas a invertir tantos millones cuando la reducción del riesgo es tan baja, cuando igual miras y en un mes se ha matado más gente yendo en patinete?", añade.

¿Son los cierres una exageración?

Las fuentes consultadas insisten en que hay peligros mucho más reales ahí fuera que la caída de un árbol.

Por comparar, este periódico ha revisado los datos de accidentes de tráfico de los últimos siete años, desde 2016. Han muerto 91 peatones atropellados, seis de ellos menores de edad, y ha habido 1.414 peatones heridos graves.

El año pasado hubo 28 fallecidos en accidentes de tráfico, sumando peatones y conductores. El Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto reducir esta cifra a la mitad en 2030, lo que dejaría una media de 14 muertos al año.

"Es muy difícil que te mate un árbol. Es matemáticamente anecdótico. Es mucho más fácil que te atropelle un coche", dice Ruiz, de la Asociación de Jardinería Andaluza. "Y cada vez tenemos más estudios sobre la calidad del aire y lo que supone en cuanto a muertes prematuras [más de 300.000 cada año en Europa]. Pero en las caídas de árboles se pone mucho foco. Tiene mucha visibilización".

"Tiene más impacto mediático un suceso grave, pero absolutamente infrecuente, como es la caída de un árbol o el ataque de un tiburón que un siniestro vial", añade el doctor en psicología social y experto en movilidad David Lois. "Los atropellos se consideran algo así como una plaga bíblica inevitable, que escapa de nuestro control y tenemos que aceptar como normal, cuando en áreas urbanas son perfectamente evitables".

Para Ruiz Rolle, políticas de comunicación como las alertas de los parques en Madrid son "equivocadas".

"No está justificado. Mueren más personas tropezando por la calle. Los árboles son extraordinariamente seguros. Está calculado que su riesgo de provocar una muerte ronda uno entre diez millones. La probabilidad de que te caiga un rayo es de uno entre 18 millones. Nos hemos metido en una espiral sin sentido al intentar buscar un riesgo cero, que no existe. Reducirlo cuesta dinero, pero ante un riesgo tan bajo igual es mayor el coste que el beneficio".

De acuerdo a ambos arboristas, los árboles de las ciudades están en ocasiones dañados por el trato deficiente que se les ha dado durante años, incluyendo su poda (los árboles no necesitan que los poden, aunque los Ayuntamientos lo hacen para liberar fachadas y señales de tráfico), pero eliminarlos o cerrar los parques no es gestionar el riesgo adecuadamente.

Menos en un contexto de cambio climático en el que hacen falta grandes copas que den mucha sombra y ayuden a rebajar las temperaturas urbanas.

Pero que los ayuntamientos pierdan la cabeza ante la hipotética posibilidad de que un árbol mate a alguien no solo tiene que ver con la alarma social.

También con su dinero.

El abogado José Antonio Guzmán logró que el Ayuntamiento de Madrid pagara una indemnización récord de 710.000 euros a la familia del hombre fallecido por una caída de árbol en 2014.

"Los árboles son propiedad del Ayuntamiento o de Patrimonio. Lo que ocurra en ese espacio es su responsabilidad. Y responden de sus árboles salvo en casos de fuerza mayor: cuando el suceso es imprevisible o inevitable", dice en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "En estos sucesos, el Ayuntamiento defenderá que es fuerza mayor y el perjudicado que no".

Como los ayuntamientos tienen contratados seguros, son las compañías aseguradoras las que terminan pagando estas indemnizaciones.

"Y a mayores costes, más te sube la prima", añade. "Mi sentencia fue muy fuerte, así que el Ayuntamiento entenderá que si se cae otra rama le pueden subir la prima y terminar pagando un pastón".

"Por eso", concluye, "lo más cómodo es cerrar".