El presidente del PP de Casares (Málaga), obligado a devolver más de medio millón por incumplir un préstamo público

La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de obligar a Francisco Javier Quero, presidente del Partido Popular de Casares y subdirector del Área de Atención al Municipio de la Diputación de Málaga, a devolver con intereses el préstamo de más de medio millón de euros que recibió para poner en marcha una fábrica de palets.

Lo ha hecho, según explica una sentencia a la que ha tenido acceso en exclusiva EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, porque considera probado que el que fuera diputado provincial "incumplió totalmente" con el objetivo de la subvención, ya que no construyó el centro en el tiempo comprometido ni tampoco se hizo con el material necesario para ponerlo en marcha.

Él, por su parte, explica a este periódico que ya ha recurrido la decisión ante el Tribunal Supremo por discrepancias con la inspección y que sin embargo ha devuelto prácticamente todo el dinero que se le reclamaba. A 19 de febrero de 2024, su sociedad había pagado 758.215 euros de los 915.955 que le reclamaba Hacienda, según la documentación consultada por este periódico.

Hasta hace unos meses, Javier Quero era diputado provincial en Málaga y ocupó un lugar simbólico en las últimas listas del Partido Popular en Casares, un municipio costero de algo más de 8.000 habitantes en el que gobierna Izquierda Unida con mayoría absoluta. Allí, se le conoce además de por la política por ser un empresario de tradición maderera, ya que ha heredado parte de una de las firmas de carpintería más reconocidas de la región.

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Sin embargo, la ayuda que recibió hace una década para poner en marcha esa fábrica en San Roque, ya en Cádiz, a unos 30 kilómetros de Casares, se destinó a Hispana de Palets, una sociedad creada ad-hoc por él en 2011 para ese nuevo proyecto. Por resolución del Director General del Ministerio de Industria, se le concedió a esa empresa un préstamo reembolsable por importe de 622.612 euros, "cuyo presupuesto financiable asciende a 1.245.224 euros", explica la sentencia.

"Incumplimiento total de los objetivos"

Con ese dinero, la empresa de la que Quero es administrador único debía "adquirir los terrenos, construir la nave y las oficinas y adquirir la diversa maquinaria necesaria para poder fabricar los palets", es decir, herramientas tan específicas como un "compresor de tornillo, un módulo de clavado o un tren automático para limpieza y cortado", entre otros.

Sin embargo, cuatro años después de conseguir ese dinero, dice Industria, las conclusiones de la inspección resultaron en la revocación del préstamo por "incumplimiento total de los objetivos", lo que resultó en la "exigencia de devolución al Tesoro Público del importe íntegro más 140.638 euros en concepto de intereses de demora". En total, más de 760.000 euros que el empresario asegura haber pagado prácticamente ya a pesar de que espere recuperarlo en los tribunales, donde ya tiene presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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Las obras no estaban completas

La razón por la que el inspector no habría encontrado hecha la obra para la que había recibido la subvención, explica Quero, es porque no recibieron lo suficientemente rápido los permisos de obra, y, cuando se pusieron a construir, no les dio tiempo a completarla en el tiempo acordado. Desde la representación del político piden incluso que se reconozca que se había llevado a cabo el 88% de lo requerido para cumplir con el préstamo, y, de hecho, el que fuera candidato a la alcaldía de Casares sostiene que actualmente hay once personas trabajando en la fábrica.

Sin embargo, la Audiencia Nacional explica que la inspección constató el 15 de diciembre de 2015, es decir, cuatro años y medio después de la concesión de la ayuda, que "las instalaciones cuya construcción era objeto de ayuda estaban sin finalizar y que los aparatos y equipos de producción no se encontraban en ellas".

Y eso a pesar de que, tal y como establece la Resolución de Concesión de la Ayuda, "las inversiones y gastos previstos deben realizarse hasta el 30 de junio de 2012 y los pagos en firme hasta el 1 de octubre del mismo año". Si no, existiría un "incumplimiento que dará lugar al reintegro [del préstamo] y a las sanciones" pertinentes, por lo que a pesar de que los informes de los auditores indicaran que sí había cumplido con buena parte de la construcción de la fábrica, no lo habría hecho totalmente ni tampoco en el tiempo que se le requería.

"Lo cierto es que, de lo actuado resulta que la recurrente ha incumplido totalmente con el objetivo para el que se le concedió la ayuda, consistente en la construcción y puesta en marcha de un centro productivo para la fabricación de palets en el tiempo fijado", concluye la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en su sentencia del pasado 5 de diciembre.

Quero llevará el asunto hasta el Tribunal Supremo alegando una "vulneración de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima" amparándose en esos informes que apuntan a que sí llevó a cabo parte de las obras en 2015, aunque la Audiencia Nacional no solo ha desestimado sus argumentos en este sentido, sino que también ha señalado que el recurso que han presentado frente a sus magistrados debieron haberlo presentado, en todo caso, en marzo de 2016 y por otra vía.