Una denuncia del PP de Madrid en 2022 propició la investigación contra el asesor de Ábalos

La detención de Koldo García, el que fuera asesor y hombre de máxima confianza de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, tiene su origen en una denuncia presentada por el Partido Popular en Madrid en marzo de 2022 por las adjudicaciones para la compra de material sanitario y ayudas directas a empresas del entorno socialista. El asunto lo investiga ya el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en unas diligencias que se han declarado secretas.

La denuncia del PP se presentó como respuesta a otra investigación abierta que afectaba a unos contratos obtenidos por el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, finalmente archivada. Los populares acudieron a la Fiscalía Anticorrupción con un dossier que incluía 12 contratos ofertados por ministerios como el de Sanidad y Transportes entre los que se encuentra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que es la que afecta a García, detenido este martes en Alicante.

La denuncia del PP apuntaba a un total de tres contratos adjudicados por las administraciones públicas a esta empresa, que los populares señalaban como "presuntamente cercana al exministro Ábalos", por valor de 40 millones. La investigación que ha dado lugar a las detenciones de este miércoles estarían vinculadas a la compra por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y por vía de máxima urgencia, de 13 millones de mascarillas en marzo de 2020, según fuentes de la investigación.

Dos contratos en 7 días

Según la denuncia de los populares los contratos adjudicados a esta empresa presentaban un dato llamativo, ya que la compañía había pasado de facturar cero euros a 52 millones en un solo año.

Uno de los contratos señalados afectaba al suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio COVID-19, y fue adjudicado por Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado, dependiente de Transportes. Se hizo con fecha del 21 de marzo de 2020 por un valor de 24.200.000 euros , IVA incluido.

El segundo contrato aportado por el PP sobre esta empresa, para el suministro de mascarillas FFP2 para ADIF, fue adjudicado por el Ministerio de transportes, y se formalizó tan sólo siete días más tarde, el 27 de marzo de 2020. Se trataba de 5.000.000 millones de mascarillas por un valor de 12.500.000 de euros , IVA incluido.

Ambos contratos se tramitaron por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa. El PP añadía que la compañía, radicada en Zaragoza, se dedicaba hasta entonces al desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales del sector de la energía, el agua e infraestructuras agrícolas, y habría operado principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez.

El tercer contrato apuntado en la denuncia en relación con esta empresa trascendía del entorno de Transportes y fue adjudicado por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior unos días más tarde el 2 de abril de 2020, por valor de 3.479.355 de euros IVA incluido. Igualmente, se hizo sin publicidad y con carácter de emergencia. Sobre este último contrato en particular, el PP apuntaba que la elección del proveedor por el ministerio de Fernando Grande-Marlaska se hizo por mediación de Transportes lo que, según los populares, permitía que cobrara fuerza la idea de la existencia de "algún tipo de interés personal por parte de algún responsable del Ministerio de Transportes en promocionar las compras de material sanitario" a dicha empresa.

Añadían que esta pequeña compañía, cuya actividad hasta el momento era ajena a la actividad sanitaria, y sin relaciones conocidas, a priori en China, resultase beneficiaria tras sus contratos con el ministerio dirigido por Ábalos, 4 contratos por parte del Servicio Canario de Salud, y otros 2 contratos por el Servicio de Salud de Baleares, ambas instituciones bajo dirección entonces de gobiernos socialistas, sin relación conocida previa de la empresa como proveedor con tales servicios sanitarios.