IMPUESTOS

Multa de casi un millón de euros a Apple por presentar un impuesto fuera de plazo en España

La Audiencia Nacional desestima el recurso de la compañía estadounidense y confirma la sanción

El importe total del impuesto se iría a casi 4,2 millones de euros entre liquidación, recargo e intereses

Tim Cook, durante la presentación del iPhone 13.

Tim Cook, durante la presentación del iPhone 13.

Alberto Muñoz

Alberto Muñoz

La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción de casi un millón de euros impuesta a Apple por el Tribunal Económico-Administrativo Central a cuenta de los impuestos sobre la renta de no residentes con establecimiento permanente en España. La compañía estadounidense, que ha sido amenazada por la Unión Europea por abuso de posición en el mercado y más recientemente por el tema de los cargadores USB-C, deberá pagar 862.308 euros por presentar los modelos de autoliquidación fuera del plazo permitido.

La sanción, que viene arrastrada en los tribunales desde enero de 2018, se confirmó el pasado 24 de mayo en la Audiencia Nacional, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en base a la documentación judicial del caso a la que ha tenido acceso.

En esa sentencia, datada una semana después, se detalla la liquidación llevada a cabo por una unidad de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Madrid contra Apple Distribution International Limited por presentar fuera de plazo la autoliquidación correspondiente al impuesto anual sobre la renta de no residentes con establecimiento permanente en 2013.

Un impuesto de casi 4,2 millones

Esto no quiere decir, sin embargo, que lo que tiene que pagar Apple en España en cuanto a este concepto sean 862.000 euros, sino que la cantidad corresponde únicamente a la sanción por no haberse ajustado a los plazos marcados por la ley. De ellos, casi 200.000 euros corresponden a intereses de demora y más de 660.000 al recargo en sí mismo.

La sanción correspondería, según se explica en la documentación, a un 20% del total exigido a la empresa estadounidense por este impuesto, es decir, 3.330.053 euros. En total, sumando las tres cantidades, el monto total asciende a casi 4,2 millones de euros.

Frente al fallo de la Audiencia Nacional, Apple dispone de 30 días desde el 31 de mayo para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Contactada por este periódico, Apple no ha ofrecido ninguna respuesta acerca de si se plantea mantener vivo o no el tema en los tribunales.

En España, este no es el único procedimiento que ha perdido Apple en los tribunales. Según ha podido comprobar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la empresa estadounidense fue condenada en 2017 a indemnizar a la Asociación de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes (AIE) con 1,4 millones de euros por los derechos de los fonogramas utilizados en iTunes entre 2006 y 2014.

Tensión con la Unión Europea

Esta última sentencia de la Audiencia Nacional, que es un pequeño revés al menos en cuanto a las cantidades que suele manejar la tecnológica, le llega a los de Cupertino en un momento en el que está teniendo importantes tensiones con la Unión Europea.

Hace solo un mes, el bloque comunitario dio un ultimátum a la compañía por, supuestamente, tener la intención de limitar la velocidad de carga de sus iPhone cuando entre en vigor la obligación de utilizar cargadores tipo USB-C a finales de 2024. Si eso sucede, amenazan desde Bruselas, se podría llegar a prohibir Apple vender sus smartphones. "Los dispositivos que no cumplan con los requisitos de carga uniforme no se venderán en el mercado de la UE", dice Thierry Breton, comisario de Industria de la UE, en una carta abierta enviada a la empresa.

A esto habría que sumar que a principios de año los reguladores antimonopolio de la Unión Europea aseguraron que las normas de la App Store, la tienda virtual de aplicaciones para los dispositivos de la compañía, violaban la normativa del bloque por no informar a los usuarios de otras opciones de compra. Todo esto, sin embargo, se enmarca de un gran pulso que mantienen entre Bruselas y las grandes tecnológicas de Estados Unidos por intentar regular la forma en que llevan a cabo su negocio en Europa y su ajuste a las normas del mercado único.