Guerra abierta del Gobierno de Meloni y la televisión pública RAI

"Nunca, en todos mis años de carrera, he sufrido los ataques que sufro ahora. Solo quieren propaganda. Es un cuerpo a cuerpo cotidiano". Así, con estas durísimas palabras, se han expresado este lunes los periodistas de la televisión pública RAI que participan en la huelga convocada por el Usigrai, el principal sindicato de la cadena y uno de los pocos poderes públicos que todavía osa resistirse al Gobierno de Giorgia Meloni. 

Con los brazos cruzados para denunciar la "preocupante" injerencia de la actual coalición de derecha en la elaboración de las noticias que diariamente recibe la ciudadanía italiana, los periodistas han acudido temprano en la mañana a la Asociación de la Prensa Extranjera en Roma. Y desde allí han descrito una situación tan alarmante que llamarla inquietante sería quedarse cortos. "Esto no concierne únicamente a los periodistas o a los de la RAI, ni es un problema exclusivamente italiano. Aquí estamos hablando de ataques diarios a derechos que están establecidos en la Constitución", ha llegado a decir Vittorio di Trapani, presidente de la Federación Nacional de Prensa Italiana (FSNI).

Sigfrido Ranucci, presentador del histórico programa de periodismo de investigación Report, fue aún más directo al dar ejemplos concretos. "A nosotros nos presionan interponiendo denuncias; es decir, denuncian a su propio servicio público", declaró Ranucci, enumerando una serie de miembros de la actual coalición gubernamental que han presentado querellas contra él y sus periodistas por reportajes que no fueron de su agrado.

Cuerpo a cuerpo

"Maurizio Gasparri, miembro del comité de vigilancia de la RAI, tras ver desestimada su denuncia, incluso solicitó una interrogación parlamentaria", relató Ranucci, quien además mencionó intentos de suprimir las reposiciones veraniegas de su programa, a pesar de sus altos índices de audiencia. "En los servicios informativos la situación es, si cabe, incluso peor. Allí se libra una batalla diaria, con periodistas enfrentándose continuamente a intentos de censura de arriba, lo que lleva a muchos a decidir finalmente retirar su firma", añadió Daniele Macheda, secretario de Usigrai. 

Serena Bortone, presentadora de Che sará y periodista de la RAI desde hace 35 años, ha recordado también el caso del afamado escritor Antonio Scurati, quien días atrás fue vetado de aparecer en televisión para leer un monólogo conmemorativo del aniversario de la liberación de Italia del nazismo y el fascismo (todos los 25 de abril desde 1945). "Nos lo comunicaron a última hora, con un contrato ya firmado y el monólogo escrito, sin proporcionarnos ninguna explicación", contó la periodista, que finalmente leyó ella misma el texto de Scurati.

Macheda, en esta línea, también puso el acento en las tácticas, a menudo sutiles, empleadas para silenciar a los periodistas ante la opinión pública. "Como justificación, dijeron que el contrato de Scurati había sido cancelado porque costaría a la empresa 1.500 euros, lo cual es absurdo sabiendo que han pagado hasta 30.000 euros por entrevistar a una persona con antecedentes judiciales", explicó el sindicalista. "Es muy triste lo que está ocurriendo, pues he crecido tanto humanamente como profesionalmente en esta empresa, que amo y siempre ha sido mi hogar", comentó Bortone.

Prohibido hablar de mafia

La cuestión es que el caso de Scurati no es, ni mucho menos, una anédocta. Desde el año pasado, varios periodistas críticos con el Gobierno han dejado la televisión pública y un programa de denuncia sobre las mafias italianas, elaborado por el autor bestseller Roberto Saviano, también ha desaparecido de la programación de la RAI, a la vez de que el autor bestseller se ha enfrentado a denuncias por difamación por parte de Meloni y del líder de la Lega, Matteo Salvini. "En Rai News 24 (el canal 24 horas de la emisora) incluso desapareció la noticia de la queja del (reconocido fiscal antimafia, Nicola) Gratteri, que criticó la propuesta de hacer pruebas psicológicas a estos trabajadores del sector judicial", dijo Macheda.

Esto, según los periodistas, refleja una estrategia para eliminar del debate público a otra de las categorías actualmente en la mira de quienes ahora gobiernan en Italia: el poder judicial. "Por eso consideramos que esto representa un ataque generalizado a todos los poderes que garantizan el necesario equilibrio democrático", observó Di Trapani, el representante de la FNSI. "No es casualidad que, incluso para Reporteros Sin Fronteras (RSF), Italia haya entrado ahora en la lista de países problemáticos, junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán", concluyó.

Hasta ahora, la respuesta de la empresa, cuyos miembros mayoritariamente representan al Gobierno en el poder, ha sido bastante contundente. "El sindicato disemina noticias falsas", declararon en un comunicado.