Brasil inicia una ofensiva para frenar el bolsonarismo tras el asalto a los tres poderes

Pasado el espanto y la zozobra, el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva volvía este lunes a recuperar el control del espacio público en Brasilia y otras ciudades donde se había naturalizado la presencia de campamentos bolsonaristas. La policía levantó finalmente el reducto de ultraderechistas que a lo largo de dos meses se había instalado a las puertas del cuartel general del Ejército en el distrito capitalino.

Según informó la agencia Efe, han sido arrestadas al menos 1.500 personas. Pero la reacción más importante provino de los tres poderes del Estado cuyos edificios habían sido destruidos el domingo por la ultraderecha. Lula, en nombre del Ejecutivo, las autoridades del Senado y el Congreso de los Diputados, Veneziano Vital do Rêgo y Arthur Lira, y la titular del Tribunal Supremo (STF), Rosa Weber, rechazaron "los actos terroristas, vandálicos, criminales y golpistas".

El documento conjunto no tiene precedentes porque también es inédita la magnitud de la crisis política. "Estamos unidos para que se tomen medidas institucionales. Hacemos un llamamiento a la sociedad para que mantenga la serenidad, en defensa de la paz y la democracia en nuestra patria".

La gran pregunta de los analistas se relacionaba con la eficacia de las "medidas institucionales" tendientes a enfrentar el desafío que bolsonarismo radical plantea en las calles, históricamente hegemonizadas por la izquierda, y las redes sociales.

Para Bruno Boghossian, columnista de 'Folha' de Sao Paulo, el fin de los campamentos debería ser "sólo el principio" de "una acción permanente para sofocar la articulación de grupos organizados que atacan el orden democrático".

Según Boghossian, "el movimiento desinhibido de los radicales en los últimos 70 días, bajo la complacencia de diversas autoridades, prueba que las amenazas a la democracia brasileña han alcanzado un grado de sedimentación que no se restringe a las puertas de los cuarteles".

Una turba de simpatizantes de Bolsonaro asalta el Congreso Nacional de Brasil

Otros analistas recuerdan que el bolsonarismo, en sus expresiones más agresivas, se ha consolidado a lo largo de cuatro años sin controles. La tolerancia concedida a estos grupos mientras gobernaba Jair Bolsonaro los animó a traducir en hechos las palabras que en otro momento habrían sido impronunciables: derrocamiento, intervención militar, uso de la fuerza.

El estupor por los sucesos del 8 de enero es ahora doble: de un lado están las imágenes del vandalismo de hombres que portaban armas, machetes y lanzaban consignas alucinadas. Pero, nunca como antes, se ha instalado la certeza de que los peligros no se desvanecerán por inspiración divina ni en un santiamén. El Gobierno entrante no estaba preparado para semejante reto.

De Moraes entra en escena

Los campamentos en Brasilia y Río de Janeiro se disolvieron en menos de 24 horas después de la orden dada por la justicia. La velocidad con la que se llevó a cabo la medida contrastó con la displicencia y confusión previas. Desde el 3 de enero se venía preparando en Brasilia la toma de la sede de los tres poderes del Estado.

"Nada justificaba la existencia de campamentos de terroristas", dijo el presidente del Supremo Tribunal Electoral (STE), Alexandre de Moraes, cuya figura, demonizada por el excapitán del Ejército y sus seguidores, se ha robustecido. Su decisión de destituir al gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, fue, según 'O Globo', un aviso para otras autoridades públicas.

La detención masiva de cientos de personas involucradas es, según la publicación, el primer mensaje de Moraes de que "la respuesta a estos ataques será dura" y que alcanzará no solo a civiles sino también a uniformados. Pero el ministro tiene a su vez en la mira a 'influencers' y agitadores en las plataformas digitales y por eso ha pedido a las empresas tecnológicas que proporcionen datos de registro de los usuarios que instigaron actos antidemocráticos.

Moraes aseguró a su vez que los financiadores de la invasión serán identificados y sancionados. Ya ha ordenado el decomiso de 87 buses. La Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTI) debe llevar a cabo un registro de todos los vehículos que entraron a Brasilia entre 5 y 8 de enero. Bajo estas nuevas circunstancias, De Moraes tendrá en adelante vía libre para profundizar dos causas judiciales que involucran al clan Bolsonaro: el uso de las fake news y las llamadas 'milicias digitales'.

El magistrado llamó la atención de las autoridades públicas que no pudieron evitar una "tragedia anunciada" con "absoluta publicidad" a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Telegram. Los hombres y mujeres que invadieron la Explanada de los Ministerios, en Brasilia pueden ser acusados de diferentes delitos, desde multas hasta 12 años de cárcel.

Por lo pronto, Meta, propietaria de Facebook e Instagram, informó de que retirará contenidos que apoyen o ensalcen los actos golpistas. Moraes se propone además llegar hasta la raíz del problema: "Los financiadores, instigadores y agentes públicos conspiradores y criminales anteriores y actuales, que continúan en la conducción ilícita de la práctica de actos antidemocráticos".

Extradición de Bolsonaro

A diferencia de lo que hizo Donald Trump tras perder las elecciones, estimulando la reacción de los manifestantes, Bolsonaro se mantuvo dos meses en funciones ejecutivas y emitió señales dudosas sobre los actos ultras realizados a lo largo y ancho del país en su favor. Intentó tomar distancia de los ataques.

Sin embargo, el historial de sus palabras poniendo en duda la transparencia de las elecciones en las que fue derrotado, así como su simpatía con las manifestaciones en su favor y su decisión de no entregarle los atributos de mando a Lula, el 1 de enero, lo señalan como un protagonista silente de las acciones de sus seguidores. Así lo subrayó su sucesor en su intervención del domingo.

"Los actos terroristas hicieron temer entre los aliados de Jair Bolsonaro que el expresidente termine detenido en algún momento de los próximos meses", señaló Malú Gaspar, columnista del diario carioca 'O Globo'. Antes incluso de la tentativa desestabilizadora del domingo, estos interlocutores "evaluaron que había un riesgo medio de arresto". Ahora, "la lectura compartida por aliados del expresidente y por ministros de tribunales superiores es que la situación se ha vuelto extremadamente delicada".

En este contexto, comenzaron a escucharse voces favorables a la extradición de Bolsonaro, quien se encuentra en Florida (Estados Unidos) y este lunes fue ingresado por fuertes dolores abdominales. Por lo pronto, el Congreso brasileño ya ha recogido 14 de las 27 firmas de senadores necesarias para abrir una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) por los episodios del 8 de enero.