DESIGUALDAD

Mujeres, adictas e invisibles: la 'masculinización' de las cárceles se ceba con las presas

UNAD eleva a la ONU la situación de las prisiones españolas y pide garantizar la existencia de centros penitenciarios para ellas en todas las provincias

Entrada principal de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla.

Entrada principal de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. / EFE

María G. San Narciso

María G. San Narciso

Las mujeres representan solo el siete por ciento de la población reclusa, una presencia que las "invisibiliza" y que provoca que la intervención en las prisiones españolas esté masculinizada, lo que repercute directamente en su atención cuando tienen adicciones y, por lo tanto, en su salud. Pero estas mujeres existen. Su perfil medio es el de una persona que ronda los 40 años, española (83%) y con un nivel de estudios de educación primaria equivalente a EGB (32%). En los últimos 12 meses ha sido fumadora de tabaco con frecuencia diaria. Alrededor de la mitad consume también hipnóticos y ansiolíticos como barbitúricos, benzodiacepinas o tranxilium de manera ingerida y con una frecuencia diaria; fuma cannabis (29,5%) con una frecuencia diaria (45%); cocaína (25,6%) por vía esnifada (48%) todos los días (58,6%); y alcohol (25,6%) con una frecuencia diaria (31%). Su siguiente consumo es el de heroína (14,5%) por vía fumada (45,5%) todos los días (58%).

Además, una de cada seis no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión. Una de cada tres tiene alguna enfermedad mental diagnosticada, un 12,3% tienen reconocida una discapacidad física y el 5% tiene certificada alguna discapacidad intelectual. En cuanto a su entorno, procede de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria, y en la mayoría de los casos tiene menores a su cargo. También tienen pareja, la mayoría también prisión (71%).

Todos estos datos corresponden al estudio La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de géneroque ha elaborado recientemente UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, y que lo ha dado a conocer este viernes en la ONU a través de un evento que ha organizado la propia entidad coincidiendo con la edición número 67 de la Comisión Nacional de Estupefacientes de Naciones Unidas, que se ha celebrado en Viena. Bajo el título Drogas y Justicia Penal: la situación de las mujeres en prisión, la sesión ha sido organizada con la colaboración del Gobierno de España, de Harm Reduction Internacional y de International Drug Policy Consortium (IDPC), con el objetivo de abordar con datos situación de las mujeres en prisión por delitos relacionados con las drogas. Todo, con un enfoque de derechos humanos y poniendo a las personas y a las comunidades en el centro.

Una realidad invisibilizada

Pedro Quesada, coordinador de la Comisión de Políticas Globales de UNAD, ha explicado allí que la realidad penitenciaria española es eminentemente masculina, ya que las mujeres representan solo el siete por ciento de la población reclusa. Esta presencia, asegura, las "invisibiliza" y hace que la estructura, los servicios y la intervención en las cárceles esté "masculinizada" y deje a las mujeres sin atención para sus necesidades.

De hecho, el estudio de UNAD muestra que las mujeres con adicciones en prisión presentan variables psicosociales y de salud que difieren de los hombres, incluyendo las propias adicciones, y cómo ellas se sienten discriminadas en el propio medio penitenciario.

Un dato relevante que también muestra el trabajo es que tres de cada cuatro mujeres encuestadas -fueron 247 mujeres, que suponen un 22,74% de la muestra total- manifiestan haber sufrido alguna vez en su vida malos tratos físicos y el 80,6% malos tratos psicológicos. En lo que se refiere a abusos o agresiones sexuales, el 45,3% de las mujeres los han padecido en alguno o varios momentos de su vida. Por otro lado, los delitos por los que son condenadas las mujeres con adicciones son, en su mayoría, contra el patrimonio y la salud pública (70% de los casos).

Dos de cada tres no reciben tratamiento

El trabajo también pone de relieve que estas mujeres, el contexto donde más han consumido a lo largo de su vida ha sido en casa en solitario (27,5%) y han protagonizado de media 2,2 intentos de deshabituación. Actualmente no reciben tratamiento para el consumo de drogas (65%).

Sobre su salud, casi el 84% sufre ansiedad contenida, un 73% ataques de ansiedad, agobio y claustrofobia (71,3%), depresiones (69%), aislamiento de la familia (64%) y aislamiento social (56%). Una de cada tres mujeres tiene alguna enfermedad mental diagnosticada, siendo el principal diagnóstico el de trastornos depresivos o depresión (35,1%), seguido de los trastornos límites de la personalidad (14,9%) y de ansiedad (9,5%). Sin embargo, más de la mitad de ellas no recibe ningún tratamiento en prisión, ni ve al psicólogo o psiquiatra en la prisión. Muchas (67%) valoran la atención sanitaria recibida en el centro como "mala" o ‘"regular’".

Peticiones

Con esos datos sobre la mesa, y poniendo de relieve que el perfil de las mujeres es de una mayor vulnerabilidad y menor peligrosidad que el de los varones, Quesada ha manifestado la necesidad de que se pongan en marcha planes específicos que incorporen la perspectiva de género en sus intervenciones, incluidas las que se realizan en el campo de las adicciones, "para que las mujeres dejen de sentirse discriminadas en un sistema diseñado para hombres".

Asimismo, ha reclamado la necesidad de crear zonas específicas para mujeres en las cárceles españolas y garantizar la existencia de centros penitenciarios para ellas en todas las provincias. Además, ha urgido a aplicar como norma general el régimen abierto, incidiendo en las graves situaciones de partida, así como trabajar con cada mujer en su itinerario de inserción laboral para que el acceso al mercado laboral sea igualitario.

Por último, en las actuaciones dirigidas a su preparación para la vida en libertad y desde la protección, Quesada ha pedido que se aborden las situaciones de violencia que han vivido muchas de ellas, estableciendo protocolos de detección de casos y coordinación con las instituciones especializadas.