Irene Montero convence a 15 países para impulsar la autodeterminación de género en la UE

El Gobierno de España, a través de su Ministerio de Igualdad, ha reclutado a otros 15 países de la Unión Europea, incluidos Francia y Alemania, para la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ. En el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, 16 Estados miembro han firmado una declaración conjunta en la que se pide el reconocimiento de la autodeterminación de género de las personas trans, el cambio legal de sexo sin requisitos degradantes y la persecución de las terapias de conversión de la orientación sexual o la identidad de género en los países de la Unión.

Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Malta y Chipre se han adherido junto a España a la Declaración de ministros y ministras responsables de políticas LGTBIQ en la UE "Avanzando en los derechos LGTBIQ en Europa", rubricada este miércoles en un evento de alto nivel celebrado en Madrid con motivo de la presidencia española.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indicado en una declaración institucional que los países firmandtes de la declaración marcan "un rumbo claro: el de una Europa igualitaria que sitúa los derechos humanos en el centro de su agenda para proteger la democracia". "Garantizar los derechos LGTBI es proteger el corazón de nuestras democracias. (...) Una Europa democrática es aquella que no humilla a ninguno de sus miembros, que garantiza todos sus derechos y, por lo tanto, una Europa que avanza orgullosa en los derechos de las personas LGTBI y que pone así dreno al odio y a la LGTBIfobia, Europa tiene la obligación de ser un espacio seguro para las personas LGTBI", ha aseverado.

El documento recoge una serie de llamamientos dirigidos a la Comisión Europea y otros a los Estados miembro y se hace eco de que "en los últimos años se han producido diversas situaciones que ponen en riesgo de retroceso los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y queer y que han hecho crecer el odio, la violencia y la discriminación hacia estas personas y, muy particularmente, hacia las personas trans". También denuncia que "algunas organizaciones políticas y de la sociedad civil están haciendo campaña para revocar la legislación vigente" sobre igualdad y para "impedir el derecho al reconocimiento legal del género sin requisitos inhumanos o degradantes".

Mensaje a los Estados miembro

Ante esta situación, los países firmantes piden a los 27 que garanticen el reconocimiento legal del género por procedimientos no patologizantes (que no consideren enfermas a las personas trans ni les exijan pasar por tratamientos médicos o psicológicos) y basados en el principio de autodeterminación. Así es en España desde la aprobación de la ley trans.

Entre las peticiones, figuran además la prohibición y persecución de prácticas de conversión de la orientación sexual o la identidad de género, pues "pueden causar graves daños psicológicos y físicos en sus víctimas" e incluso "pueden constituir tortura"; y una educación integral a la juventud sobre sexualidad y relaciones que esté basada en una perspectiva de igualdad de género y diversidad sexual.

Otras recomendaciones que han dirigido a los países de la UE son la erradicación de discriminaciones del colectivo LGTBIQ en su acceso al sistema sanitario, con especial atención a los tratamientos de reproducción asistida y fertilidad; acabar con cirugías y tratamientos innecesarios de menores intersexuales; y aprobar estrategias nacionales para combatir la discriminación del colectivo. A nivel internacional, instan a los Estados a promover la despenalización de la homosexualidad y transexualidad en el mundo y a apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos de las personas LGTBIQ.

Recomendaciones a la Comisión Europea

Los ministras y ministras de igualdad LGTBIQ firmantes de esta Declaración también se dirigen a la Comisión Europea, a la que "invitan" a mantener su compromiso con el impulso de una segunda estrategia LGTBIQ a partir de 2025 y el mantenimiento del cargo de comisaria de Igualdad "con un mandato firme para integrar los derechos LGTBIQ en todas las políticas de la UE" y garantizar la protección de esos derechos en todos los Estados.

Instan asimismo a la Comisión a que promueva la recogida de datos fiables y comparables para evaluar la situación del colectivo y poder abordar de manera efectiva las desigualdades que padece; a que adopte medidas "ahí donde sea necesario" para garantizar que los Estados miembro reconozcan la filiación de la infancia tal y como se establece en otro estado miembro; o a que supervise que se respetan los derechos fundamentales.

Reunión en Madrid

La firma de esta Declaración se ha ejecutado en el evento de alto nivel Avanzando los derechos LGTBIQ en Europa, organizado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España en el marco de la presidencia española y coincidiendo con el Orgullo.

El acto, en palabras de la Comisión Europea, "supone una llamada de atención sobre la discriminación que sufren las personas LGBTIQ+ y sobre la necesidad de impulsar la igualdad en todos sus aspectos".

Violencia, discriminación, discursos y delitos de odio, pero también derechos son cuestiones que se abordan en el encuentro, en el que participará la comisaria de Igualdad de la UE, Helena Dalli, y en el que se reunirán los altos responsables de las políticas LGTBIQ de España, Suecia, Eslovenia, Portugal, Países Bajos, Chipre y Bélgica.

Dalli ha solicitado que los Estados miembro pongan en marcha planes de acción nacionales que garanticen la igualdad del colectivo y que se avance en la protección frente a las agresiones (incluidos la incitación al odio y los delitos de odio), el reconocimiento mutuo de la paternidad en situaciones transfronterizas y en el acuerdo sobre la directiva de igualdad de trato.

Montero, por su parte, ha denunciado la existencia de posicionamientos reaccionarios que cuestionan los derechos LGTBI y abren "grietas y espacios de discriminación y de odio con sus discursos y acciones políticas". Una preocupación, ha precisado, compartida por los países participantes en la reunión de Madrid.