Ofensiva fiscal en Galicia: Feijóo reduce el IRPF y el Impuesto de Patrimonio

Rebajas de impuestos y menos dinero para pagar los intereses de la deuda, mientras crece el gasto social y se mantiene la apuesta por las inversiones. Es el “modelo” de Galicia que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, contrapone al del Gobierno que, según denuncia, sube la carga fiscal sobre los ciudadanos.

Y así se refleja en el proyecto de Presupuestos de la comunidad autónoma para 2022, aprobado ayer por el Ejecutivo autonómico y que rompe el techo de gasto previsto en julio hasta alcanzar los 11.627 millones de euros, 63 millones por encima de las cuentas actuales, lo que lo convierte en el más elevado de la historia.

Entre las novedades se incluye un paquete de rebajas tributarias que contempla menos IRPF para nueve de cada diez contribuyentes, una reducción del 10% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que grava la compraventa de viviendas usadas y una bonificación del 25% en el Impuesto de Patrimonio, un primer paso, según explica Feijóo, de cara a la eliminación definitiva de este tributo.

Estas rebajas tributarias supondrán una merma de ingresos de 20 millones de euros en 2022, puesto que no será hasta 2023 cuando las bonificaciones aplicadas el próximo año tengan plenos efectos sobre las arcas autonómicas: 80 millones de euros menos.

“Esta bajada prudente de impuestos facilitará llegar a fin de mes a las familias”, según Feijóo, “ante la “incertidumbre y los obstáculos de los gallegos por la subida de la luz, los combustibles, el incremento del IPC, la amenaza de cobrar por las autovías o la subida de hasta 10 impuestos del Gobierno central”.

La bajada del IRPF afectará a las rentas medias y bajas y supondrá un ahorro de 60 millones de euros a los gallegos. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales bajará del 10% actual a un tipo del 9% y se mantendrán las actuales bonificaciones a colectivos prioritarios y a la compraventa de fincas en el rural.

Y además la Xunta avanzó su intención de eliminar el Impuesto de Patrimonio que grava a las grandes fortunas. Este tributo ya no se aplica, de hecho, en Madrid, comunidad a la que han acusado precisamente de dumping fiscal por sus agresivas rebajas tributarias para atraer capital a su territorio.

Tras su aprobación ayer en el Consello de la Xunta, donde se estrenó como conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, los Presupuestos de Galicia para 2022 serán entregados mañana al Parlamento y entrarán en vigor “en tiempo y forma” el próximo 1 de enero de 2022.

Su elaboración estuvo marcada por el repentino fallecimiento hace solo dos semanas del hasta entonces titular de Facenda, Valeriano Martínez, al que tanto Feijóo como su sucesor al frente de la consellería rindieron ayer “homenaje”. “Éstas son sus cuentas y las de su equipo”, reivindicó el presidente de la Xunta. Por la tarde, se celebró un funeral en su honor en la Catedral de Santiago.

El nombramiento del director xeral de Orzamentos como nuevo conselleiro de Facenda, permite dar “continuidad” al proyecto, según Feijóo. “Estos presupuestos permitirán pasar de la reactivación a la recuperación”, señaló Miguel Corgos.

Techo de gasto

La cuantía total de las cuentas autonómicas supera el techo de gasto aprobado en julio en 56 millones de euros por la incorporación de nuevas partidas procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia del Gobierno y que se han repartido en las últimas conferencias sectoriales.

Siete de cada diez euros del presupuesto son para gasto social, que ascenderá a 8.660 millones de euros. Esto supone un incremento de 610 millones de euros respecto al ejercicio actual. La sanidad recibe 4.583 millones (un aumento de 269 millones); la educación, 2.695 millones (179 millones más): las políticas sociales, 987 millones (un incremento de 126 millones); y el empleo obtendrá 395 millones (37 millones más). Además, la Xunta mantendrá el esfuerzo inversor del pasado año destinando a este capítulo 2.500 millones de euros.

También crecerá el gasto de personal hasta los 4.327 millones de euros (un 4,9% más que el actual ejercicio si no se tienen en cuenta los fondos extraordinarios recibidos este año por el COVID). Este incremento permitirá asumir la subida salarial del 2% a los empleados públicos ordenada por el Gobierno (con un coste total de 84 millones) y reforzar los efectivos en la Administración.

En concreto, se prevé crear 1.330 nuevas plazas en sanidad –lo que permitirá estabilizar personal eventual ya en activo y aumentar la plantilla en Primaria–. Medio millar serán puestos para médicos, 479 para personal de enfermería y 162 para personal residente en formación.