La tragedia del Tarajal aún vive en los juzgados 3.650 días después

Han transcurrido 10 años que se cumplen este martes, pero hay factores por los que no es nada probable que se olvide en Ceuta la tragedia del Tarajal, la negra madrugada del 6 de febrero de 2014 en la que perecieron ahogados quince migrantes cuando trataban de ganar la playa ceutí a nado, mientras agentes de la Guardia Civil se empleaban con material antidisturbios contra unos 200 subsaharianos que participaron en aquel intento de entrada.

El principal factor que impide el olvido es la larga lista de víctimas mortales, con 13 identificados y dos sin identificar, un grupo de muertos de los que cinco, como tantos ahogados en el intento de llegar a España, yacen en tumbas del cementerio ceutí de Sidi Embarek.

El segundo factor es el constante goteo de “nadadores”. Así llaman los miembros de las Fuerzas de Seguridad a los inmigrantes, subsaharianos y marroquís, que tratan de tocar suelo de la UE echándose al mar con una mochililla sin más equipaje que el móvil y un cargador bien envueltos en film plástico de cocina.

Diez años después, cada vez que uno aparece braceando en el agua, tratando de bordear el espigón que separa Ceuta de Castillejos y España de Marruecos, ningún testigo en Ceuta puede evitar revivir el recuerdo de la tragedia.

Pleito interminable

El tercer factor de memoria es la persistencia del caso en los tribunales. Transcurridos 3.650 días de aquella jornada, el asunto camina por vericuetos legales. El Tribunal Constitucional revisa un recurso de amparo presentado por los abogados de las familias contra el archivo de sus denuncias señalando a la Guardia Civil. Primero archivó el juzgado de instrucción de Ceuta, en octubre de 2019; después la sede ceutí de la Audiencia Provincial de Cádiz, en julio de 2020, considerando que el material empleado por los agentes fue “adecuado y proporcional”; y archivó también el Supremo en junio de 2022.

Las asociaciones que defienden a las familias de los muertos, como la Coordinadora de Barrios, esperan ahora que termine el plazo de alegaciones abierto en junio de 2023, cuando el Constitucional admitió tramitar su recurso de amparo.

El fallo que pueda presentar el TC es una pantalla más, pasable de hecho: este sábado, durante un acto de conmoración y protesta, los letrados han asegurado ya a diversos medios que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si en España no se les da la razón. Las acusaciones que siguen blandiendo esas oenegés -la principal el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR- citan delitos de denegación de auxilio, homicidio e imprudencia con resultado de muerte.

Entre tanto, el abogado de Ludovic N., uno de los africanos que sobrevivió aquel día pero fue devuelto en caliente con 15 años de edad como otros 22 nadadores, ha conseguido hacer llegar su caso al Comité de Tortura de la ONU, con ayuda de la organización Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR).

Sin plegarias

“No es costumbre”, explica Gudman H., transportista ceutí de origen marroquí, musulmán de credo. No es costumbre celebrar cada año funerales como hacen los católicos. Entre otras razones, porque no estarían las familias en la ceremonia, si la hubiera, de Sidi Embarek. “Como mucho, cada año se acerca gente a la playa a meditar”, relata.

También se acude allí a protestar públicamente. Este sábado lo hicieron 300 personas de varias organizaciones para recordar la efeméride y clamar que el sustantivo adecuado para lo sucedido no es, en su opinión, “tragedia” sino “matanza”. “Toda la política migratoria de España y Marruecos es algo parecido a una masacre”, afirma Abdulaziz K., voluntario de la caridad y los derechos humanos con casa en Castillejos, y trabajador autónomo que atraviesa la frontera a menudo como modo de vida.

Mejor ocultar su apellido, pide, por estar hablando desde territorio marroquí. Abdulaziz maneja el argumentario acuñado por las oenegés, no como un método, sino “porque lo veo a diario; intentar parar a la gente cuando tiene hambre es un disparate, porque se echarán al mar, o a la arena del desierto, antes de llevar una vida tan pobre que no es vivir. Y vendrán por mucho que se pongan de acuerdo los gobiernos de España y Marruecos”.

Es la disyuntiva con que lo explicaban hace diez años los propios migrantes senegaleses en uolof, su leguna: “Barça huala Barsakh”, o sea, llegar a Barcelona o morir. Barcelona como trasunto de España, de Europa. Llegar a Barcelona o a cualquier otro lugar del rico continente, a “una ciudad tranquila donde poder aprender para ser mecánico”, le contaba el pequeño Yusuf a este diario en el verano de 2021, cuando, tras la oleada de 13.000 muchachos que entró en Ceuta, se refugió en un espigón del puerto y se dedicaba a esperar su momento observando tras una alambrada cómo parten los ferris.

Frente sur

Los guardias civiles de la ciudad guardan por lo general silencio. Prefieren no hacer comentarios a los medios sobre una causa abierta y sobre una herida también abierta. Como sus compañeros de la tragedia de la valla de Melilla, se sienten agraviados, vilipendiados por la opinión publicada incluso 10 años después. “¿Tú te crees que nos dedicamos a hacer tiro al blanco con pelotas de goma sobre la gente que viene nadando? Joder, ¡es una calumnia!”, protesta un veterano de la pelea con el narcotráfico y la inmigración ilegal, eso que pasa en el Estrecho, y que el argot de los guardias llama “el frente sur”.

Ya destinado en la península, este agente resume así su paso por Ceuta hace años: “Allí aprendes lo que significa estar solo, saber que no te va a respaldar nadie si pasa algo, y que es mejor que eso que pase no pase en tu turno. Si te pasa, solo te entenderán los vecinos de Ceuta”.

El Ministerio del Interior de la época, mandado por Jorge Fernández Díaz, aportó pruebas a la causa, vídeos según los cuales ninguna pelota de goma tocó a los migrantes que estaban en el agua -pese a que se dispararon 145- y también sobre la negligente actuación de las lanchas de la gendarmería marroquí. Pero las oenegés participantes en la acusación siempre tildaron a esos vídeos, columna de la defensa, de prueba inválida e incompleta.

Diez años después todo el mundo en Ceuta sabe que puede volver a ocurrir; y quienes más, los guardias y policías. Un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la ciudad lo tiene claro: “Por supuesto que puede volver a pasar, que pasará otra vez”. Se refiere a que pueden producirse varios ahogamientos en otra intentona multitudinaria cualquier día de estos, y no tanto a que se vuelva a recibir con porras y bolas de goma a migrantes extenuados en el mar.

Lo que ocurrió en el Tarajal modificó el protocolo de actuación de los antidisturbios en las fronteras terrestres con Marruecos. Desde entonces está proscrito en Guardia Civil y Policía disparar botes de humo o pelotas a personas encaramadas a una valla, o colgadas de ellas, o en equilibrio sobre un espigón o, en fin, nadando con dirección a territorio español.

Habla este agente policial a solo dos días de que el ministro Grande-Marlaska comparezca en el Senado para explicar la crisis migratoria de 2023 que se prolonga este año; lo augura en el mismo fin de semana en que han menudeado de nuevo los nadadores en las aguas del Tarajal, desafiando el frío del Mediterráneo norteafricano y el fuerte levante que ha soplado en aquella costa estos días.

Antes, entre el 31 de enero y el dos de febrero, 32 marroquís menores de edad llegaron nadando al paso del Tarajal. Una oleada parecida a la que en el verano de 2022 puso a las fuerzas de seguridad de Ceuta en alerta por avalancha migratoria. Es lo propio de la inmigración embolsada, como la nieve, sobre un obstáculo: cada cierto tiempo, inexorablemente, llega el alud.