El Parque Nacional de Cabañeros volverá a permitir la caza tras los daños causados por la sobrepoblación de ciervos

El Patronato del Parque Nacional de Cabañeros, entre Ciudad Real y Toledo, volverá a permitir la caza para reducir la sobrepoblación de los ongulados (ciervos, jabalíes, muflón y gamo), que está causando importantes daños en la flora del parque, de acuerdo a los propietarios de las fincas que se encuentran dentro del parque, que cuenta con 41.000 hectáreas. El Patronato, en el que están representadas las administraciones, así como los propietarios, viene a regular las medidas de control de la población de animales dos años y medio después de que el Gobierno de Pedro Sánchez prohibiese la caza comercial y deportiva en todos los parques nacionales del país.

“Consideramos que la medida viene muy tarde porque hemos perdido tres años de no gestión, las poblaciones se han disparado”, sostiene Rafael Sánchez, portavoz de la Asociación de Afectados de Cabañeros, que considera que ahora mismo la población de ongulados claramente dobla la cifra que es considera como límite para la óptima conservación del ecosistema del parque, 20 reses por cada cien hectáreas. La cifra la marca el plan rector de uso y gestión del parque. “Ahora debemos estar en 40 o 50 ciervos por cada cien hectáreas”. Debido a todo ello, asegura, hay un “exceso de compactación del suelo”, lo que supone su degradación, además de un exceso de “ramoneo” (los animales se comen las puntas de las ramas de los árboles y arbustos) y “herbivoría” (los ongulados se comen los tejidos vegetales vivos).

Para tratar de poner freno a esta situación, el Patronato del Parque presentó el pasado 29 de marzo el borrador del Plan de Gestión de Ungulados razonándolo en “la superpoblación” de ciervos y jabalíes y de “dos especies exóticas”, el muflón y el gamo.

Especies

El planteamiento contempla “la aplicación de métodos de control para la extracción de ejemplares de estas cuatro especies”, según apuntan desde la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha, que forma parte del Patronato al igual que la Dirección Operativa de Parques Nacionales, el Gobierno manchego y los alcaldes de la zona.

“Tal y como establece la legislación de Parques Nacionales, los propietarios privados van a poder colaborar con unas determinadas condiciones en el control de estas poblaciones. También de acuerdo con esta legislación y siguiendo criterios técnicos y científicos, cuando no exista otra alternativa, y siempre bajo una estricta supervisión de la administración, se podrán emplear ciertos métodos y artes cinegéticas (en ningún caso se trataría de caza comercial o deportiva como la propia Ley establece)”, señala el Plan.

“Se llegarán a acuerdos con los propietarios para controlar a los ongulados, una vez se apruebe el plan nos pondremos en contacto con las fincas”, señalan fuentes de la Dirección de Parques Nacionales, donde aseguran que en algunos parques donde se ha “excedido” la población de estos animales se han ido tomando acciones concretas.

Entre la metodología que se permitirá para la caza estarán las capturas en vivo, los recechos, los aguardos o los disparos en el campo, prácticas “que ya están testadas y que contarán para hacerse con personal especializado”.

Jabalíes

De acuerdo a la Junta de Castilla La Mancha, el plan es temporal y tendrá una duración de “tres años”, un periodo tras el que se hará un estudio sobre la evolución de estas poblaciones por si hubiera que introducir modificaciones. El borrador del planteamiento se encuentra en fase de aprobación tras someterse a información pública y audiencia a los interesados.

Para los dueños de las fincas privadas, que ocupan alrededor del 40% del parques, la medida llega ya tarde. “Se ha comprobado que ha habido reducción de la biomasa por exceso de los ongulados”, aprecia Rafael Sánchez, que se felicita aun así de que se les faciliten “herramientas para poder gestionar” el control de poblaciones después de que se prohibiera la caza, que cuando se permitía suponía que se capturaban 3.500 ciervos y 1.100 jabalíes al año

Este planteamiento contempla, como hacen ya otras administraciones, que se sufraguen con dinero público los gastos de control, es decir, que se pague a las fincas por realizar las labores de caza, lo que, según Sánchez, es un sinsentido, ya que algo que debería generar riqueza “al final está costando dinero a todos los españoles”.