CASO MEDIADOR

El general del caso Mediador pide su libertad por ser "un cadáver social"

La defensa de Francisco Espinosa, que permanece en prisión preventiva, niega que el investigado tenga capacidad de destruir pruebas

Francisco Espinosa, cuando era el jefe de la Comandancia de Las Palmas.

Francisco Espinosa, cuando era el jefe de la Comandancia de Las Palmas. / A. M.

EP

La defensa del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, investigado en el caso Mediador, ha vuelto a solicitar a la jueza instructora que deje en libertad a su defendido, el único que permanece en prisión preventiva, alegando que no puede alterar pruebas en el procedimiento dado que es un "cadáver social" con nula capacidad de incidencia sobre nadie.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Espinosa indica que su prisión preventiva para evitar la destrucción o alteración de pruebas "se está alargando en el tiempo más de lo deseado y de lo procesalmente procedente". Y recuerda que la instrucción se prolonga ya durante más de un año y, salvo el último mes y medio, bajo secreto de sumario.

Motiva la petición de libertad además en que los indicios que constan en autos contra su defendido "no suponen una eventual comisión de delitos especialmente graves ni en cuanto a su trascendencia, ni en cuanto a su cuantía", y añade que el comportamiento procesal de Espinosa "ha sido plenamente colaborador tanto con el Servicio de Asuntos Internos (SAI) "facilitó la ubicación del efectivo en su domicilio, facilitó las claves de acceso a sus dispositivos personales de almacenamiento, sus ordenadores personales y sus teléfonos móviles" como con la instrucción de la presente causa "contestó sin reticencias y sin ambigüedad alguna a todas las cuestiones que le fueron trasladadas tanto por el fiscal como por la instructora".

¿El único que puede destruir pruebas?

La defensa de Espinosa se pregunta además si su defendido es el único susceptible de ser sospechoso de una posible alteración de pruebas, y no entiende por qué "debe sufrir las consecuencias del retraso en la práctica de diligencias, retraso motivado por circunstancias absolutamente ajenas", en referencia a la suspensión de las declaraciones testificales de la que fuera su amante y la de otro empresario canario.

"¿Es justo que el señor Espinosa continúe en prisión, mientras otros sujetos involucrados aprovechan y se sirven de este procedimiento para conseguir 'notoriedad'?", añade, para acto seguido preguntarse si el general verdaderamente tiene capacidad para destruir pruebas habida cuenta de que lleva más de dos años jubilado y que tras ser objeto de exposición y "escarnio público" en medios no tiene capacidad de influencia en nadie.

"Honestamente, resulta más que evidente que Espinosa es un cadáver social con una nula capacidad de relacionarse con nadie, y mucho menos, con posibilidad de incidir en forma alguna en ningún tipo de prueba que pueda practicarse en este procedimiento", concluye.

Aplazamiento de declaraciones

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha acordado suspender y aplazar las declaraciones programadas para este viernes de la que fuera amante del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, investigado en el caso Mediador, y del empresario Luis Monzón, del Grupo Lopesan.

Así se recoge en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press y en el que se cita una providencia del Juzgado del pasado 25 de marzo por el que se dispone "la suspensión y nuevo señalamiento el cual será comunicado personalmente a los testigos y a las partes personadas en el procedimiento una vez sea recolocado (...) adoptando las medidas debidas para preservar su difusión en los medios de comunicación".

Fuentes jurídicas confirman a Europa Press la existencia de esa providencia que, de facto, anula la comparecencia de ambos testigos para este viernes a las 10.00 horas en el marco de la investigación que se sigue sobre la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de favores políticos que tendría en el epicentro al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni'.

Según el sumario de la causa, el general Espinosa llegó a pedir al 'mediador' de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, y a otro empresario investigado que contrataran a su amante por 3.000 euros al mes para que desempeñara labores administrativas.

Por su parte, Monzón habría sido una de las personas a las que Espinosa contactó para que otros imputados se abrieran camino en sus negocios en Canarias. En su declaración judicial, Espinosa indicó que habría realizado gestiones para que empresarios importantes de Canarias se reunieran con Antonio Bautista -empresario también investigado- para intentar colocar placas solares en sus negocios.

Una de esas empresas era el grupo hotelero Lopesan, si bien el general explicó que no llegaron a buen puerto y que él solo hizo las presentaciones porque quería que Bautista le diera trabajo tras la jubilación. "Por eso me esforcé en intentar que él se entrevistara con personas del grupo Lopesan, pero no impulsé la contratación obligando a nadie", añadió.

Así, estas dos declaraciones testificales, ahora sin fecha fija, girarían en torno a la figura de Espinosa, el único imputado en la causa que permanece en prisión provisional a la espera de que concluya el análisis de sus dispositivos electrónicos y de sus cuentas bancarias.

Jerarquía en el caso Mediador

En este caso se investiga la presunta existencia de una red encabezada por el general, Tito Berni, el sobrino del ex diputado socialista Taishet Fuentes Gutiérrez y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte que se habría dedicado a cobrar dinero -aunque también viajes y fiestas- a cambio de favores políticos.

De acuerdo con los investigadores, la trama estaría integrada por una organización criminal "formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados". Contaría con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias".

Las pesquisas señalan que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".