NUEVA ADVERTENCIA
Puigdemont avisa de que no extenderá cheques en blanco para parar a la derecha
El TSJC interpreta el acuerdo político como una oportunidad para indicar que el castellano debe ser curricular en ese centro educativo, lo cual ha motivado la reacción de Puigdemont, que ha trasladado esta decisión judicial a la arena política
El 'expresident' de la Generalitat,
Carles Puigdemont
, ha alertado en un tuit de que no extenderá "cheques en blanco" con el argumento de que "hay que parar a la derecha". Puigdemont ha aprovechado una información sobre una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a una escuela de primaria a impartir en castellano una o más asignaturas troncales.
En su mensaje, Puigdemont critica la posición del Gobierno del
PSOE
en relación al catalán: "¿Nos pueden explicar qué han hecho todos estos años para parar a la derecha judicial? ¿Qué han hecho para hacer respetar la política lingüística aprobada y consensuada con la mayoría de los catalanes?", pregunta el dirigente independentista. Y añade: "Tenían los votos, tenían la clave y tenían todo el poder... pero el catalán retrocede empujado por la ofensiva oficial del Estado". El 'expresident' acaba su mensaje con una advertencia: "No se puede repetir este esquema si se quieren tener resultados diferentes".
El catalán en la escuela
Una amplia mayoría del hemiciclo -102 de 135 diputados- logró renovar en junio del 2022 el pacto lingüístico que rige en las aulas de Catalunya. Apremiado por la sentencia del TSJC que fijaba un 25% de castellano en las aulas, el Parlament aprobó la nueva ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la educación no universitaria pactada entre PSC, ERC, Junts y 'comuns' entre duros ataques de Vox, Cs y PPC, que exhibieron su disposición a librar la batalla judicial en el Tribunal Constitucional para tumbar la norma pese a recibir plácet del Consell de Garanties Estatutàries.
El acuerdo forjado a cuatro bandas establece el catalán como lengua vehicular y garantiza el castellano como lengua curricular y educativa, sin fijar porcentajes y acomodándose a la realidad sociolingüística de cada centro que deberá presentar sus proyectos lingüísticos al Departament d'Educació para que los valide. Todo esto, para dar cumplimiento a la sentencia que obliga a que el 25% de las clases sean en castellano.
El TSJC interpreta el acuerdo político como una oportunidad para indicar que el castellano debe ser curricular en ese centro educativo, lo cual ha motivado la reacción de Puigdemont, que ha trasladado esta decisión judicial a la arena política para lanzar una nueva adverencia implícita al Gobierno del PSOE.
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