POLÍTICAS DE OCUPACIÓN

El Consejo de Ministros da luz verde a la nueva ley de empleo

El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley para reformar las políticas activas de empleo y reconvertir el SEPE en la Agencia Española de Empleo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa / EUROPA PRESS

4
Se lee en minutos

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de empleo, para reformar las políticas activas de empleo y reconvertir el SEPE en la Agencia Española de Empleo; según confirman fuentes de Trabajo y tal como adelantó El Periódico de Catalunya. El Gobierno pone en marcha así un paquete de reformas para aumentar la inserción laboral de las personas en paro y aumentar la coordinación entre los distintos servicios de ocupación autonómicos. Para ello, una de las medidas incorporadas en este anteproyecto de ley es la creación de una especie de 'infojobs' estatal, donde se agruparán todas las ofertas de empleo registradas en los servicios públicos (tanto estatal, como autonómico), así como todas las de las entidades privadas adscritas a los organismos de empleo. Lo que permitirá "conocer en tiempo real" todas las ofertas que circulan en España; según ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; en rueda de prensa. En paralelo a la aprobación del anteproyecto, el Consejo de Ministros ha validado también la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo, que implicarán la inversión de 7.648 millones de euros en políticas activas de empleo hasta el 2024.

El Gobierno pone en marcha este viernes la maquinaria para reformar de manera integral el sistema de políticas activas de empleo. El Consejo de Ministros dará luz verde a un documento base sobre el que luego el Ministerio de Trabajo lo abrirá a consulta pública, negociará con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, para luego pasarlo al Congreso y acabar de perfilarlo y consensuarlo con una mayoría de partidos. La previsión es que la nueva ley de empleo, que el Gobierno lleva internamente debatiendo a lo largo de todo este 2021 y que no ha sido ajena a momentos de tensión, entre en vigor a partir de la segunda mitad del 2022.

El anteproyecto de ley pretende reconvertir todas aquellas iniciativas financiadas con recursos públicos que tienen como objetivo ayudar a las personas en paro a encontrar un empleo o a las que quieren cambiar de ocupación. "Deja de estar pensada para los desempleados y pasa a estar pensada para toda la ciudadanía", ha afirmado Díaz. En un país con una tasa de paro actualmente del 14,5%, esta es una de las reformas comprometidas con la Comisión Europea por el Gobierno de España en el marco de recepción de los fondos europeos. La pretensión de la norma es incorporar y pulir una batería de indicadores de eficiencia para medir anualmente los resultados de las políticas de empleo y evaluar y corregirlas.

Cada parado tendrá su tutor

Una de las principales novedades es crear una cartera común de servicios entre todos los organismos autonómicos de empleo (los encargados por competencias de desplegar los programas de inserción laboral). Esta cartera incluirá cuestiones como la figura del 'tutor', un profesional de referencia para todas aquellas que estén en paro o quieran reciclarse laboralmente y que las acompañará y asesorará durante todo el proceso. En la anterior legislatura, con la socialista Magdalena Valerio al mando, ya se aprobó la incorporación de 3.000 técnicos de orientación laboral para los Planes de Choque por el Empleo Joven y Reincorpora-T. Ahora con este anteproyecto se pretende consolidar esos 3.000 temporales y sumar otros 4.000 entre todas las autonomías, para estabilizar una red de 7.000 tutores en todo el Estado.

Los servicios de empleo también tendrán la obligación de elaborar un "expediente laboral personalizado único" para cada usuario y, una vez este esté elaborado, en el plazo de un mes otorgarle un itinerario de inserción personalizado. Esta hoja de ruta definirá las potencialidades del usuario, aquellos sectores donde tiene más posibilidades de encontrar empleo y aquellos cursos o formaciones más recomendados.

Las personas en desempleo que accedan a partir de la aprobación de la ley a un servicio público de empleo tendrán garantizada una oferta de trabajo, como mínimo, al año. Y el organismo competente deberá justificarle por escrito al parado al cabo de seis meses si no le ha entregado ninguna el porque de esa ausencia. Este conjunto de derechos irá acompañado también de obligaciones y, por ejemplo, los cursos de formación durante el desempleo tendrán carácter obligatorio salvo causa justificada.

Colectivos prioritarios

Para hacer viable esa transformación, hará falta más dinero. "El reconocimiento de servicios garantizados en este ámbito exige una profunda revisión del marco financiero, para que la Ley no se convierta en una mera declaración de voluntad", tal como se afirma en la exposición de motivos del borrador. El nuevo modelo contabilizará todas las fuentes de financiación que puedan destinarse a políticas activas para el empleo; no solo las procedentes de los presupuestos de las administraciones territoriales, sino también cotizaciones sociales y fondos europeos. 

La nueva ley de empleo amplía la lista de colectivos de atención prioritaria para las políticas de empleo en la que, además de jóvenes, parados de larga duración o mayores de 45 años, entre otros, añade a personas con capacidad intelectual límite, personas que sufren trastornos del espectro autista, migrantes, beneficiarias y beneficiarios de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas que pertenecen a minorías étnicas o personas trabajadoras que provienen de sectores en reestructuración.

Noticias relacionadas