El Gobierno aprueba un nuevo impuesto de plusvalía con dos métodos de cálculo

El Consejo de Ministros aprueba este lunes el Real Decreto-ley que adaptará el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo anuló a finales de octubre debido a que el método para valorar la base imponible se alejaba de sus valores de referencia del mercado inmobiliario. La nueva norma permitirá a los contribuyentes elegir entre dos métodos de cálculo el que más les beneficie, han confirmado a Efe fuentes de Hacienda.

Desde el ministerio, aseguran que con el nuevo impuesto quedará "garantizado que nadie que haga una venta a pérdidas lo tendrá que pagar".

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, un tributo local conocido como plusvalía municipal, grava la revalorización de los inmuebles con base en una metodología que el TC ha considerado inconstitucional.

En su sentencia del 26 de octubre, el TC anuló varios aspectos del tributo -que se paga cuando alguien vende, dona o hereda una vivienda-, en virtud de los cuales siempre había que pagarlo, con independencia de si se había producido un verdadero incremento de valor y la cuota pudiera resultar excesiva.

Con las modificaciones que se aprobarán, la cuota se podrá calcular mediante el valor catastral en el momento del traspaso, con unos nuevos coeficientes que fijará el ministerio y que reflejarán la realidad inmobiliaria, o mediante otra opción que consistirá en valorar la diferencia entre el valor de compra y el de venta, según adelantó El País y ha confirmado Hacienda.

"Se trata de poner en marcha una solución que permita que el impuesto sea constitucional y que los ayuntamientos lo puedan seguir cobrando. Ese fue el compromiso que se adquirió y lo que se va a hacer", subrayan desde el ministerio.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó la semana pasada que llevaría al Consejo de Ministros "un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales", con el objetivo de dar "tranquilidad y seguridad" a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que son las que reciben los recursos de este impuesto.

Ley de Equidad

Por otro lado, el Ejecutivo también dará luz verde al proyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el acceso a la sanidad pública, que establece medidas para impedir nuevos copagos sanitarios a la ciudadanía.

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Según avanzó este sábado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, también se llevará al Consejo de Ministros la distribución de 220 millones de euros a las comunidades autónomas para "asuntos concretos, no para lo que se quiera" -aclaró- de los que un 25 % serán para la mejora de la eficiencia del gasto farmacéutico.

Darias se refirió también al Plan de Acción de Atención Sanitaria para recuperar la capacidad asistencia y, sobre todo, la atención primaria, y subrayó que los fondos que transferirá el Ministerio a las comunidades autónomas son "finalistas", es decir, que tendrán que dedicarse "a eso y no a otra cosa". También anunció la aprobación del Plan de Acción Mental, el primero que se promueve en España y que estará dotado con 100 millones de euros.