Vox aparca hasta 2024 la ley para imponer el español con multas en Baleares

Vox ha decidido aparcar hasta 2024 la aprobación de la ley para obligar al Gobierno de Baleares, ayuntamientos, consells insulares y UIB a usar el castellano después de conocerse que la controvertida normativa tiene "errores garrafales" técnicos y jurídicos. El grupo parlamentario de la ultraderecha achaca los fallos a la dirección nacional, como por ejemplo la no inclusión del mecanismo para elegir al director de la institución, y a pesar de haberlo presentado como si fuera el texto definitivo, el partido ha pedido al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que no lo incluya en el actual periodo de sesiones.

El portavoz adjunto, Sergio Rodríguez, aseguró ayer en el Parlament que, en lugar de retirar el texto, "no descartamos" la posibilidad de seguir adelante presentando enmiendas a su propio texto o aceptar las que propongan otros grupos políticos.

El diputado asegura que "a día de hoy" no han retirado ningún proyecto de ley ni tienen intención de hacerlo, pese a que la líder del grupo parlamentario, Idoia Ribas, llevaba días diciendo "lo que hay que hacer es retirarla", en alusión a la propuesta de Oficina Lingüística. "No existe esta voluntad, pero como cualquier texto legal se puede mejorar durante la tramitación parlamentaria mediante enmiendas", añadió Rodríguez.

El presidente de la Cámara balear, Gabriel Le Senne, decidió el pasado miércoles no introducir la ley de Vox en el pleno que se celebra hoy a pesar de que le tocaba por el calendario parlamentario, aunque sí incluyó por trámite de urgencia la votación para eliminar la Oficina Anticorrupción. Rodríguez trató de justificar esta decisión alegando que "el cambio fue una consideración de la Mesa para no cargar excesivamente" el pleno legislativo de esta semana.

No obstante, se mantienen firmes en su exigencia de que se mantenga el régimen sancionador que incluye la ley, con multas de hasta 100.000 euros por incumplimiento de la normativa. El PP de Marga Prohens ha repetido en varias ocasiones que este punto no cuenta con su apoyo y debe modificarse, si no eliminarse, si Vox quiere que la ley salga adelante. "Somos absolutamente partidarios de que se mantenga porque si no existe y simplemente se puede enviar a una institución un apercibimiento, al final no tiene ninguna consecuencia, sería un brindis al sol", asegura Rodríguez.

En la explicación de la ley, Vox defiende que la oficialidad de una "lengua regional" —en referencia al catalán, lengua propia de Baleares— no deriva en la obligación de su conocimiento por parte de los ciudadanos, obligación que sí se establecería respecto del castellano porque "es el idioma común de todos los españoles y la lengua oficial común del Estado español en su conjunto". 

La ultraderecha considera que la justificación anterior significa que este deber de conocimiento "no puede ser impuesto por un Estatuto de Autonomía para una lengua regional y cooficial". Por ello, Vox defiende en el texto presentado que en las islas "el español es la lengua común y propia de todos los españoles" y, por tanto, "las lenguas regionales también son españolas, pero solo la primera es la lengua para el ejercicio de los derechos de cualquier español en cualquier lugar de España".