FRAUDE MILLONARIO

El Tribunal de Cuentas sólo ha conseguido recuperar 6,8 millones de los 680 del fraude de los ERE

La Junta de Andalucía aseguró que puede recuperar de momento unos 23 millones de fondos públicos por sentencias firmes, lo que representa el 3,4% del total del dinero malversado de las arcas andaluzas

Francisco Javier Guerrero, principal acusado de los ERE, ya fallecido, entre los expresidentes Chaves y Griñán.

Francisco Javier Guerrero, principal acusado de los ERE, ya fallecido, entre los expresidentes Chaves y Griñán. / Raúl Caro /Efe

El Tribunal de Cuentas ha recuperado 6,8 millones de euros de sentencias condenatorias firmes sobre ayudas de los ERE. Un fraude que la sentencia condenatoria de la llamada pieza política, ratificada por el Tribunal Supremo, estimó en 680 millones de euros repartidos por la Junta de Andalucía de forma ilegal, con arbitrariedad y sin cumplir los controles en una década. Ese es el dinero recuperado por sentencias firmes sobre “las ayudas destinadas a empresas para la financiación de planes de viabilidad concedidas por la Junta de Andalucía entre el 2001 y el 2010”, informa el Tribunal de Cuentas.

En una última sentencia, el órgano fiscalizador ordena la devolución de 498.814,93 euros por la ayuda concedida por la Consejería de Empleo para la prejubilación de los trabajadores de la empresa Saldauto. En la resolución se condena como responsables contables directos de ese fraude a las arcas públicas de la Junta de Andalucía, por la cantidad de 200.000 euros, a las herederas de quien desempeñaba el puesto de director general de trabajo de la Junta de Andalucía durante la primera parte del período al que se refieren los hechos enjuiciados. En esa etapa el director general era Francisco Javier Guerrero, que fue pieza principal en la trama y que falleció en 2020.

Guerrero fue el principal condenado en el caso y el único que a su muerte, de un infarto en su domicilio, había pasado dos veces por prisión. El principal repartidor de los fondos de los ERE, que ocupó el cargo de director general con tres consejeros de Empleo desde 1999 a 2008, declaró ante la juez Mercedes Alaya que el 31.L, la famosa partida de los ERE, era “un fondo de reptiles”. Las ayudas las repartía fuera del despacho, en las barras de algunos famosos bares de copas de Sevilla, y su chófer está enjuiciado por cobrar 1,4 millones de euros en ayudas que, según declaró, destinaron a comprar “regalos y cocaína”. Ahora, son sus hijas, sus herederas, quienes deben devolver esos 200.000 euros.

El Tribunal de Cuentas reclama otros 298.814,93 euros a la persona que sucedió a Guerrero en el puesto de director general de trabajo de la Junta de Andalucía, a Juan Márquez. El exalto cargo está condenado por prevaricación y malversación en la sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Supremo, que juzgó el procedimiento específico por el que se habían repartido las ayudas, la conocida como pieza política donde están condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros ochos exaltos cargos. Sin embargo, el Supremo redujo la pena de cárcel a Márquez y suspendió su entrada en prisión.

Seis exaltos cargos en la cárcel

Ahora mismo están en la cárcel seis de los ocho exaltos cargos condenados a cárcel en los ERE. El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que cumple su pena en la cárcel del Puerto III (Cádiz), su exviceconsejero Agustín Barberá, el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, su exviconsejero, Jesús María Rodríguez, y el exdirector general de la Agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, todos en la cárcel de Sevilla I. Igualmente permanece en prisión la exviceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Todos entraron en la cárcel para cumplir su condena las pasadas Navidades. El expresidente Griñán no entró en prisión por el cáncer que padece y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera salió en tercer grado aquejado de la misma enfermedad. En estos momentos, el Tribunal Constitucional revisa estas condenas y estudia si supusieron una vulneración de sus derechos fundamentales.

El Tribunal de Cuentas informa en relación con “el estado de ejecución de las sentencias condenatorias firmes, recaídas en los procedimientos de reintegro por alcance relativos a las ayudas destinadas a empresas para la financiación de planes de viabilidad, que fueron concedidas por la Junta de Andalucía durante los años 2001 a 2010”, que el Gobierno andaluz “ya ha recuperado un importe total de 6.818.000 euros, de los que 5.935.000 euros se han reintegrado a las arcas públicas como consecuencia de las actuaciones ejecutivas desarrolladas desde el 1 de enero de 2022 hasta el momento presente”.

Alcance del fraude

El Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno (PP) tiene pendiente actualizar el dinero que ha conseguido recuperar del caso ERE. Hay tres vías para tratar de devolver ese dinero que financió de forma fraudulenta prejubilaciones e inyectó ayudas directas a empresas en crisis. Por la vía de la responsabilidad civil en el contencioso administrativo, en la vía penal y por el Tribunal de Cuentas. En su última comparecencia sobre este asunto, el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, señaló, el pasado mes de agosto, que confían en elevar a “23 millones de euros” las cantidades recuperadas por sentencias en firme a favor de la administración autonómica.

La cuantía total a la que asciende el fraude de los ERE siempre ha sido una cantidad difusa. En la sentencia de la pieza política de la Audiencia de Sevilla hablaba de 679.432.179,09 euros, que era la cifra que fijaba también la Fiscalía Anticorrupción. Pero aunque todo ese dinero, según ratificó el Supremo, se dio de forma ilegal,a sabiendas de que el procedimiento eludía los controles y era arbitrario, no todo ese dinero se defraudó. De hecho hay hasta 6.300 trabajadores, prejubilados, que siguen cobrando una prestación cada mes. Es otro dato que baila en las cifras que maneja la Junta de Andalucía, a cuánto asciende aún esta partida en sus presupuestos y que se calcula que se prorrogará hasta diciembre de 2025. El dinero total destinado a estos ERE, no malversado porque muchos trabajadores cobran legalmente, es de 1.200 millones de euros públicos.

Las defensas de los condenados siempre defendieron que el fraude era de unos 140 millones de euros, por ayudas directas a empresas e intrusos que no debieron colarse en los expedientes financiados con dinero público. Como dato, entre 140 y 150 millones fueron abonados a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de cotizaciones y convenios especiales.