Fedea calcula que las cotizaciones deberán subir hasta 3,8 puntos para sostener el gasto en pensiones

Las cotizaciones sociales sobre las nóminas de los trabajadores deberán subir entre 2,2 y 3,8 puntos porcentuales a partir de 2026 (y a lo largo de cinco años) para compensar el mayor gasto en pensiones derivado de las recientes reformas de la Seguridad Social. Así lo estima la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un artículo publicado este lunes por su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, después de la difusión en abril del informe 'Ageing Report 2024' por parte de la Comisión Europea.

Según el informe sobre las consecuencias presupuestarias del envejecimiento de la población publicado por la Comisión Europea, la reforma de las pensiones adoptada en España provocará un mayor gasto en pensiones equivalente a 3,3 puntos de PIB para 2050 (y a 5 puntos para 2070), hasta situarlo en el 17,28%. Fedea rebaja esta tasa hasta el 16,87% tras incorporar las últimas revisiones al alza del Producto Interior Bruto (PIB) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el anterior Informe sobre Envejecimiento, de 2021, el nuevo 'Ageing Report 2024' trae cifras más pesimistas sobre la evolución del gasto en pensiones después de incorporar los efectos de las últimas reformas del sistema, de la inflación, de la reforma laboral, de la subida del salario mínimo interprofesional o la afloración de economía sumergida, entre otros factores.

Cláusula de salvaguarda

En 2025 está prevista la evaluación de la cláusula de salvaguarda introducida por la última reforma del exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Dicha cláusula estipula que, si la proyección del gasto medio en pensiones en el período 2022-2050 publicada en el Informe sobre Envejecimiento, corregido por las medidas de ingresos adoptadas a partir de 2020, se desvía del 13,3 % del PIB, el Gobierno deberá identificar un conjunto de medidas para corregir la desviación. En caso de ser necesarias, estas medidas deberán entrar en vigor en 2026, durante un periodo de cinco años. Si no se acordase ninguna medida, se produciría un incremento automático de las cotizaciones sociales en dicho año.

Según el informe de Fedea, dados los resultados del 'Ageing Report 2024' parece "extremadamente improbable" que la cláusula de salvaguarda no se active el año que viene, si bien "el importe del ajuste exigido dependerá, lógicamente, de la estimación que haga la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de los efectos de la reciente reforma sobre los ingresos". Es la misma conclusión a la que llega el Banco de España en su reciente Informe Anual.

A partir de marzo de 2025 la Airef deberá publicar su evaluación. En todo caso, a partir del informe de la Comisión Europea, Fedea anticipa que será necesario practicar un ajuste de entre 0,6 y 1,1 puntos de PIB, "lo que, en ausencia de un acuerdo exprés sobre un paquete alternativo de medidas correctivas (por el doble lado de los ingresos y de los gastos), se traduciría en una subida de los tipos de cotización de entre 2,2 y 3,8 puntos porcentuales". (Para 2024 el tipo general de cotización por contingencias comunes es del 28,30% al que se suma otro 0,7% para el mecanismo de equidad intergeneracional, MEI).

"Una pesada hipoteca para las cuentas públicas"

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"Así pues, la reciente reforma suspendería su primer examen de viabilidad, lo que confirma las dudas existentes sobre su diseño y sugiere que sería buena idea reabrir el tema de forma inmediata", opina De la Fuente. "El Informe de Envejecimiento de 2024 corrige al alza las voluntaristas y poco plausibles proyecciones del gasto público en pensiones elaboradas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en años recientes, constatando así que la reforma de 2020-22 nace con serios problemas de diseño que la convierten en una pesada hipoteca para nuestras cuentas públicas", valora el director de Fedea, un centro de estudios que, desde el primer momento, cuestionó las proyecciones económicas con las que el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, acompañó su reforma.

Fedea es un centro de estudios que cuenta entre sus miembros protectores con el Banco de España, la Fundación Ramón Areces, y una docena de entidades financieras y compañías del Ibex 35.