El Gobierno vuelve a aprobar el Defensor del Cliente Financiero con el objetivo de crearlo en 2024

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes por segunda vez la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que decayó el año pasado a falta de unas semanas para ver la luz a causa de la convocatoria de las elecciones generales de julio. El objetivo es constituir la nueva institución en 2024, como el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a hacer como uno de los hitos obligatorios para recibir los 10.261 millones de euros en subvenciones y 16.632 millones en préstamos del séptimo pago de los fondos europeos en el primer semestre de 2025.

Economía confía en poder tramitarlo con rapidez, si bien tendrá que pasar por todos los trámites previos de nuevo, con lo cual se demorará durante meses. Espera, eso sí, no encontrarse con excesivas dificultades políticas. El Congreso le dio luz verde a mediados de mayo del año pasado con 186 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, Bildu, Más País, PDeCat, Compromís, PRC y Coalición Canaria), 46 en contra (Vox) y 95 abstenciones (PP, Junts y Foro Asturias).

Si se repitiesen estos bloques, el proyecto tendría ahora 172 votos a favor, 145 abstenciones y 33 en contra. Incluso aunque los populares se unieran ahora a Vox en el rechazo, bastaría con que Junts se mantuviera en la abstención para que hubiera más votos positivos que negativos. "Es el texto que salió del Congreso el que recogemos, esperando que pueda contar de manera rápida con el respaldo también de la mayoría del Congreso", ha apuntado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Al incluirlo como un hito de obligado cumplimiento para recibir los fondos europeos, la anterior vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aumentó la presión al resto de fuerzas políticas para que uno de sus proyectos estrella salga adelante, especialmente porque ya no caben nuevas modificaciones en el Plan de Recuperación en el que se ha incluido. El proyecto, eso sí, afronta una fortísima oposición por parte del sector financiero, además de no entusiasmar a los organismos supervisores (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores) y disgustar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Reclamaciones

La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, de ser aprobada, será un nuevo organismo que asumirá la resolución administrativa de las reclamaciones que presentan los clientes ante bancos, aseguradoras y firmas de inversión. También atenderá otros ámbitos hasta ahora no cubiertos, como los créditos al consumo otorgados por prestamistas no supervisados por el Banco de España, los servicios 'fintech' o los criptoactivos.

Asimismo, podrá pronunciarse sobre reclamaciones que no tengan contenido económico concreto, como la denegación de una cuenta de pago básica (cuya concesión a colectivos vulnerables es obligatoria para los bancos salvo casos muy tasados) o incumplimientos de los códigos de buenas prácticas, como el hipotecario. Podrán acudir a ella particulares, autónomos y pymes, pero no grandes empresas. Reclamar ante el nuevo organismo será gratuito para los clientes financieros, que además no necesitarían abogado ni procurador y podrán utilizar de forma voluntaria un formulario estándar de presentación de reclamaciones.

Tasa

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Las empresas, en cambio, tendrán que financiarlo. En un principio, iban a pagar 250 euros por reclamación en contra recibida. Esta tasa, sin embargo, generaba dudas legales y finalmente se sustituyó por un sistema que penalizaba a las entidades con más pronunciamientos en contra. Así, el 40% del coste de funcionamiento de la institución se repartirá proporcionalmente al número de reclamaciones resueltas de cada entidad financiera respecto al total de reclamaciones resueltas, mientras que el 60% restante se repartirá proporcionalmente al número de dictámenes favorables a los reclamantes de cada entidad respecto al total de fallos favorables a los clientes.

El proyecto, además, refuerza el papel de los protocolos para la inclusión financiera de mayores y en el ámbito rural, asimilándolos a normas de conducta que serán de obligado cumplimiento una vez suscritos, pudiendo ser objeto de reclamación en caso incumplimiento. También se incluye como obligación para los supervisores financieros la elaboración y actualización de un compendio anual de buenas prácticas y usos financieros, que será tenido en cuenta por la Autoridad en la resolución de los conflictos.