La húngara Magyar prepara la opa sobre Talgo en los próximos días y entra en la recta final con la banca

La empresa húngara Magyar ultima el lanzamiento de la oferta pública de adquisición (opa) sobre la española Talgo. Para ello, la compañía liderada por András Tombor y Gyorgy Bacsa tiene muy encauzada la negociación con la banca acreedora del fabricante español de trenes, según confirman varias fuentes a ACTIVOS, el vertical económico de Prensa Ibérica. Las diferentes entidades que concedieron préstamos a Talgo tienen varias cláusulas de amortización anticipada si hay un cambio en el accionariado de la compañía española, un derecho que Magyar quiere desactivar antes de lanzar la opa y beneficiarse de un pasivo en mejores condiciones que si lo contratase en el entorno actual de tipos de interés.

El origen de la operación se remonta al pasado 9 de febrero, cuando Talgo publicó un comunicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asegurando que el consorcio húngaro Ganz-MaVag estaba "manteniendo conversaciones y negociaciones en relación con la posible formulación de una opa sobre la totalidad de las acciones de Talgo a un precio de 5 euros por acción". Esta información relevante se hizo pública un día más tarde de que el regulador suspendiese la cotización de la empresa española ante los rumores de una potencial venta.

Ahora, casi tres semanas después, la opa es inminente. Magyar y el consorcio húngaro detrás de la operación, que incluye el apoyo de Corvinus International Investment (que controla el 45% del consorcio detrás de la opa), una sociedad pública dedicada a la financiación al desarrollo de Hungría, están únicamente a la espera de que los diferentes comités de riesgos de los 25 bancos acreedores de Talgo, entre los que se encuentran Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell o Bankinter, entre otros, aprueben definitivamente el cambio de accionistas. Las fuentes consultadas aseguran que se trata de cuestión de días y la operación debería formalizarse antes de la primera quincena de marzo, incluso antes.

Detrás de Talgo hay numerosos accionistas, aunque el primero, con más de un 40%, es la sociedad Pegaso Transportation, detrás de la que se encuentra el fondo de inversión británico Trilantic. En este vehículo, según varias fuentes, canalizarían su participación otros inversores como el empresario Juan Abelló o la familia Oriol. Además de estos, destaca también el family office Torrblas, el fondo de pensiones británico Universities Superannuation Scheme (USS), SCWF, la aseguradora inglesa Aviva, la española Santa Lucía, el fondo soberano de Noruega, el banco de inversión americano Morgan Stanley o Capital Group.

El Gobierno estudia utilizar el escudo 'antiopas'

Lo que por el momento se desconoce de forma definitiva es si el Gobierno utilizará el conocido como escudo 'antiopas' para frenar la posible compra. Jordi Hereu, ministro de Industria y de Comercio, abrió la puerta la pasada semana a frenar la operación, asegurando en un acto público que Talgo es "una empresa estratégica" para España. Por el momento, lo único de lo que hay constancia es que el holding húngaro trabaja en un trato amistoso con las autoridades españolas.

Noticias relacionadas

Ford arrastra "pérdidas masivas" en sus vehículos eléctricos a la espera de adjudicar modelos a Almussafes

Qué se puede hacer ante la ocupación de una vivienda de alquiler por el inquilino

En cualquier caso, las posiciones políticas de ambos ejecutivos, el húngaro y el español, están notoriamente enfrentadas: frente al Gobierno progresista del PSOE y Sumar, el país de Europa del Este está liderado por Viktor Orbán, al que se le atribuyen posiciones ultraderechistas. Sin embargo, ambos son países pertenecientes a la Unión Europea, lo que podría facilitar, en cierta medida, la operación.

El escudo 'antiopas' fue una medida que puso en marcha el Ejecutivo en marzo de 2020 ante los desplomes bursátiles de las empresas españolas para evitar que inversores extranjeros se lanzasen a tomar el control ante el bajo precio de acciones. Estos inversores deberán pedir autorización al Gobierno si quieren tomar una participación superior al 10% en una compañía nacional considerada "estratégica".