Gasolineras y petroleras, en pie de guerra por el aumento disparado del fraude en la venta de carburantes

El sector de las gasolineras y de las petroleras lanza un SOS para poner freno a los fraudes millonarios que realizan empresas piratas en la venta de combustibles y que ponen en peligro la viabilidad de muchas empresas del sector, que no pueden competir por los precios anormalmente bajos de los carburantes que se consiguen con las prácticas fraudulentas. Desde el sector se alerta de que los cambios legales promovidos por el Gobierno precisamente para evitar el fraude ha provocado una sacudida en el sector y han propiciado involutariamente que se dispare en las últimas semanas.

El Gobierno ha lanzado una reforma de la Ley de Hidrocarburos para poner coto a la proliferación de estos fraudes millonarios. Una reforma que el Ejecutivo incluyó en el decreto ómnibus de medidas económicas de fin de año, pero cuyas medidas no entrarán en vigor hasta el próximo 28 de marzo. Una moratoria de tres meses que, según el sector de las gasolineras, ha hecho que se esté disparando exponencialmente las prácticas fraudulentas antes de que se apliquen los cambios legales. En las últimas semanas en torno a un millar de gasolineras de las 12.000 operativas en el mercado español han estado ofreciendo precios de los combustibles por debajo de los costes mínimos generales y que implicaría venta a pérdidas, según denuncian fuentes del sector, que lo ven como la demostración de la proliferación de las ilegalidades.

Los fraudes son variados y se extienden a todas las obligaciones financieras que se aplica a las compañías del sector: desde los impagos por parte de muchas empresas del IVA o de los impuestos especiales hasta el escaqueo en los abonos de las aportaciones obligatorias a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Los datos que maneja el Ejecutivo muestran que sólo el agujero provocado por el fraude del IVA en la venta de carburantes puede ascender a los 700 millones anuales, y de otros 95% por impagos vinculados a los biocarburantes.

Varias patronales del sector de los combustibles se han unido para reclamar medidas adicionales para eliminar el fraude. La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP, que agrupa a las grandes petroleras Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Gunvor), organizaciones de gasolineras independientes (Aevecar y UIP), productores de carburantes alternativos (APPA Biocarburantes y Bio-e) y los operadores de las terminales de combustibles (ATLiq, que incluye a Exolum y Disa) preparan una propuesta conjunta de nuevas medidas fiscales y operativas que trasladarán al Ejecutivo para acabar con el fraude.

“Condena a muerte”

La Confederación España de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que agrupa a unas 4.000 gasolineras de grupos independientes, ha alertado esta semana de la “proliferación de una enorme bolsa de fraude” que se ha disparado desde el inicio del año por la moratoria en la aplicación de las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo, y ha cargado contra la falta de determinación de la Administración para acabar con estas prácticas y contra la complicidad de las cientos de gasolineras que se benefician del fraude.

“Las gasolineras que adquieren estos combustibles a precios anormalmente bajos son perfectamente conscientes de su papel de colaboradores necesarios en la comisión de un delito, pues adquieren el carburante a precios anormalmente bajos y luego lo venden al consumidor final a un precio muy inferior al que se registra de media en su zona”, denuncia CEEES. Estas estaciones de servicio “ejercen una competencia absolutamente desleal” y “condenan a muerte a las estaciones de servicio que sí cumplen las normas”.

La patronal CEEES, que representa a cerca de un tercio de todas las gasolineras del mercado español, exige medidas más contundentes al Ejecutivo. “Es hora de que la Administración deje de hacerse trampas al solitario y cargue con todo el peso de la ley contra quinees quebran las reglas del juego”, apuntan desde la asociación. “La Administración sabe qué es un precio anormalmente bajo das las condiciones específicas de un determinado mercado. Pero navega entre dos aguas, pues por un lado estos defraudadores contribuyen a mantener a raya la inflación, mientras que en el otro plantillo de la balanza las arcas del Estado dejan de recaudar cantidades muy importantes, de hasta 700 millones de euros anuales, según los cálculos de la Agencia Tributaria”.

La reforma del Gobierno

La reforma legal aprobada ya por el Gobierno, entre otros aspectos, refuerza la capacidad del Ministerio para sancionar a las compañías que no paguen estas aportaciones obligatorias o todos los impuestos retirándoles la habilitación oficial como operadores del sector o tomando medidas provisionales de manera urgente antes de terminar expediente, por ejemplo inhabilitándoles de manera temporal.

El Gobierno pone el foco en una nueva regulación de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, al entender que es en este campo en el que es más fácil cometer irregularidades. Por un lado, a partir de ahora se les prohíbe suministrar a otras compañías distribuidoras, ejerciendo de facto como mayoristas. La ley de hidrocarburos permitía en su redacción actual que los distribuidores al por menor pudieran suministrar a otros distribuidores.

Cuando en 2015 se introdujo esta medida, se consideró que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia del sector como en los precios del consumidor final, ya que suponía una apertura del mercado de suministro de combustibles tanto a operadores como a distribuidores. “Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que desde 2015 el efecto ha sido el contrario”, se argumenta desde el Gobierno.

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"Estamos de acuerdo con el sentido de la reforma, pero creemos que se queda corta", apunta el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), Víctor García Nebreda, que también reclama que se adelante la entrada en vigor de los cambios legales sin esperar a finales de marzo. "Queremos que se aplique la reforma cuanto antes. Los defraudadores ven que de aquí a final de marzo se les puede acabar el chollo y el mercado ha enloquecido con precios disparatados, tan bajos que solo se explican si hay fraude. Queremos que la reforma entre en vigor mañana mismo".

"La Administración mata moscas a cañonazos con este real decreto. Primero, siembra la duda sobre todos los operadores, cuando la mayoría de ellos son legales y hacen las cosas como deben. Y segundo, la medida puede tener efectos restrictivos de la competencia en el mercado mayorista. Bastaba con haber acabado con la figura del 'comercializador', intermediarios que no aportaban valor a la cadena para haber acabado con muchos problemas", sostiene, por su parte, el director general de CEEES, Nacho Rabadán. "Además, se ha dado un plazo de tres meses hasta la entrada en vigor de la norma, lo que ha propiciado que quienes defraudan estén redoblando sus esfuerzos para delinquir y aumentar la bolsa de IVA que luego no liquidarán".