El Gobierno arma un escudo urgente contra el fraude en la venta de combustibles

El Gobierno toma medidas para evitar la proliferación de fraudes millonarios cometidos por empresas piratas en la venta de carburantes, que están perjudicando a las empresas rivales que sí cumplen la ley y también a los precios que pagan los clientes finales. El Ejecutivo ha aprovechado el decreto ómnibus de medidas económicas aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros para incluir varias reformas en la Ley de Hidrocarburos para poner coto a unas prácticas irregulares cada vez más extendidas.

“Se han detectado crecientes prácticas fraudulentas en el sector de los hidrocarburos líquidos por incumplimiento de sus obligaciones sectoriales”, se subraya en el texto del real decreto, en referencia a los impagos por parte de muchas empresas del IVA o de los impuestos especiales y el escaqueo en los abonos de las aportaciones obligatorias a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), al Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburantes (SICBIOS) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, entiende que “la rápida transformación del mercado de los hidrocarburos líquidos en los últimos años hace imprescindible una revisión urgente” de la ley del sector, dado que han aparecido modelos de negocio que no estaban previstos cuando se redactaron la ley y sus modificaciones posteriores, y que no están adecuadamente regulados en la legislación actual.

“Esto ha facilitado enormemente el fraude por parte de algunas empresas, lo que está perjudicando al resto del sector y que, además, tiene un impacto directo en el consumidor por cuanto afecta al precio final de los carburantes”, advierte el Gobierno en el real decreto. Los impagos por parte de determinadas compañías “les da una ventaja competitiva frente al resto de operadores que sí cumplen con sus obligaciones, algo que pone de manifiesto la urgencia de acometer esta revisión normativa”.

La reforma legal aprobada, entre otros aspectos, refuerza la capacidad del Ministerio para sancionar a las compañías que no paguen estas aportaciones obligatorias o todos los impuestos retirándoles la habilitación oficial como operadores del sector o tomando medidas provisionales de manera urgente antes de terminar expediente, por ejemplo inhabilitándoles de manera temporal.

Foco en la venta al por menor

El Gobierno pone el foco en una nueva regulación de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, al entender que es en este campo en el que es más fácil cometer irregularidades. Por un lado, a partir de ahora se les prohíbe suministrar a otras compañías distribuidoras, ejerciendo de facto como mayoristas. La ley de hidrocarburos permitía en su redacción actual que los distribuidores al por menor pudieran suministrar a otros distribuidores.

“Cuando en 2015 se introdujo esta medida, se consideraba que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia del sector como en los precios del consumidor final, ya que suponía una apertura del mercado de suministro de combustibles tanto a operadores como a distribuidores. Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que desde 2015 el efecto ha sido el contrario”, se argumenta desde el Gobierno.

Por otro lado, también se introduce un cambio legal para aclarar que no sólo las compañías de venta mayorista son las que tienen acceso a las redes de oleoductos o a los almacenamientos -como daba a entender la redacción actual de la norma-, sino que también hacen uso de ellas los distribuidores al por menor y también han de cumplir con las mismas obligaciones.

Cuando en 1998 se aprobó la actual Ley de Hidrocarburos los operadores al por mayor eran los únicos que hacían uso de las infraestructuras logísticas y suministraban al resto de empresas desde los depósitos fiscales. “La redacción actual de la ley está siendo utilizada, de una forma u otra, fraudulentamente por ciertas empresas para saltarse las obligaciones que actualmente aplican a los sujetos que actúan en el sector, entre ellas empresas que, sin ser distribuidoras al por menor en los términos que define[la ley] tampoco cumplen los requisitos para ser operadores al por mayor, aunque están realizando este suministro sin asumir ninguna de sus obligaciones sectoriales” de mezcla de biocarburantes o de aportaciones al fondo nacional de eficiencia energética.

Adicionalmente, se ha observado el continuo aumento de empresas que ejercen la actividad de operador al por mayor, lo que garantiza que el suministro de productos petrolíferos para su posterior distribución al por menor está garantizado en nuestro país en condiciones de libre competencia, ya que actualmente hay más de ciento diez empresas dadas de alta como operadores al por mayor. Esta situación es muy diferente a la que existía en 2015, con un número mucho más limitado de operadores al por mayor en el mercado.

Quejas de las petroleras

Noticias relacionadas

Ford arrastra "pérdidas masivas" en sus vehículos eléctricos a la espera de adjudicar modelos a Almussafes

Qué se puede hacer ante la ocupación de una vivienda de alquiler por el inquilino

Las petroleras han venido lanzando la voz de alarma por la existencia de fraudes millonarios cometidos por empresas ‘piratas’ en la venta de carburantes. La denuncia es persistente y viene de lejos, los gigantes del sector agrupados en la patronal AOP (Repsol, Cepsa, BP, Galp o Saras) y los grupos independientes integrados en la asociación UPI han intensificado sus quejas en los últimos meses.

Además de las operaciones policiales y de Hacienda contra el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, el Gobierno reconoce que los incumplimientos en las obligaciones en el uso de biocarburantes están provocando que cada año los distintos operadores petrolíferos tengan que hacer aportaciones millonarias adicionales al fondo de pagos compensatorios: más de 94 millones de euros el año pasado, 72,5 millones en 2021 o casi 62 millones en 2020.