España confederal

Se cumplen 45 años del día en que los españoles aprobamos la Constitución en un referéndum. Todo tuvo complejidad, pero el título VIII, sobre la organización territorial del Estado, tuvo difícil encaje. Los líderes constituyentes eran conscientes de la importancia de incluir en el consenso a los partidos nacionalistas vascos y catalanes, y se pasó de un modelo centralista durante la dictadura franquista al esbozo de un modelo federal. 

Se crearon las comunidades autónomas, al final 17 y no las tres denominadas históricas que se pensaba al principio, pero con escasas transferencias. En 1993, Felipe González necesitó pactar para gobernar, tras tres mayorías absolutas consecutivas, y en la negociación con los partidos nacionalistas catalanes y vascos cedió competencias y financiación. En 1996, José María Aznar, muy crítico con González en 1993, necesitó a los mismos partidos catalanes y vascos para gobernar y cedió mucho más, incluyendo la sanidad, la educación y el 30% de los ingresos del impuesto sobre la renta en cada comunidad. En principio, la negociación era solo para Cataluña y el País Vasco, pero lo que ya hemos aprendido en los 45 años de democracia es que toda cesión acaba generalizándose en las 17 comunidades.  

Hoy España tiene cedido más gasto a sus regiones que Alemania, que es un país federal. En 2022, la Administración central gastó más de la mitad del total. Pero si eliminas las transferencias al resto de administraciones, se queda por debajo del 25% del total del gasto. Las comunidades gestionan un tercio del gasto total; la Seguridad Social, otro tercio, y los ayuntamientos, apenas el 10%. España es de facto un país federal pero no tiene instituciones federales, ni tampoco los ciudadanos son conscientes de ello. 

Presupuestos Generales

Todos los años solo hablamos de los Presupuestos Generales del Estado, pero son de la Administración central, que gasta mucho menos que las autonomías, especialmente si eliminas el pago de intereses de la deuda y el seguro de desempleo. Se da la paradoja de que las comunidades gastan en inversión más que la Administración central, pero siempre que se presentan los Presupuestos Generales todas se quejan por recibir pocas inversiones. La mitad de los principales impuestos, el IRPF y el IVA, lo reciben las comunidades, pero cuando toca subir los tributos para corregir el déficit estructural, como le sucedió a José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y especialmente a Mariano Rajoy en 2012, los políticos regionales no asumen ningún coste político ante sus votantes. 

La debilidad de Pedro Sánchez en esta investidura es muy superior a las de sus antecesores y las cesiones han cruzado límites inimaginables. Con el agravante de que ahora, a diferencia de sus antecesores, los partidos con los que ha pactado no reconocen la Constitución, lo cual es incompatible con un modelo de estado federal como defendía el PSOE. Solo así se puede entender que Sánchez haya puesto el sello del PSOE en los pactos con Junts, ERC y PNV, que son antifederales y dibujan un modelo confederal. Esto va a en contra del espíritu de la Constitución y de su título VIII, y exigiría que se siguiera el procedimiento de cambio que incluye la propia Carta Magna, pero como eso necesita el apoyo del PP, se buscarán atajos. 

Hay dos efectos muy peligrosos en los pactos firmados. El principal ya lo ha advertido la agencia de rating Moody’s al decir que perjudican la solvencia de la deuda pública española. La condonación de deuda, la mejora prometida de financiación y la cesión del 100% de los tributos que pide Junts aumentarían el déficit estructural de la Administración central, que además ha asumido el abultado y creciente déficit de las pensiones públicas y el pago de los intereses y la devolución de la deuda. Los españoles debemos el 107% del PIB; en 2012, cuando necesitamos un rescate internacional, debíamos el 75% y en 1980 el 16%. En 2012, el problema fue el riesgo de ruptura del euro y afectaba a varios países, pero ahora el problema es idiosincrásico español, ya que, el mismo día en que Moody’s empeoró la nota de España, mejoró la de Italia con más deuda y la de Portugal, que estaba sin Gobierno tras la dimisión de su primer ministro.

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El otro grave problema de una España confederal es que el criterio de reparto de nuestros impuestos no será para los ciudadanos sino para los territorios. La izquierda, desde los inicios del movimiento obrero hace casi 200 años, siempre ha defendido impuestos progresivos para las personas de más renta y transferirlos a las personas con menor renta para evitar situación de pobreza extrema y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, independientemente del territorio donde residan. Lo que Sánchez ha firmado con el logo del PSOE va en contra de ese principio fundacional de su partido.  

Yo vivo en Madrid, donde tenemos una balanza fiscal peor que la de Cataluña e infinitamente peor que la del País Vasco. Pago muchos impuestos y nunca pienso que España me roba, pienso que estoy pagando la pensión no contributiva de mi madre y de tantas mujeres de su generación a las que tanto debemos o el colegio concertado de mis hijos y su generación que pagará la deuda pública y mi pensión. Una España confederal es la forma más eficaz y más rápida de acabar con el modelo de convivencia y progreso que los españoles acordamos en la Constitución de 1978. Veremos.