Campo español
Protestas de los agricultores españoles en Málaga. /
En 2008, España se quedó sin acceso a la financiación exterior y sufrió lo que los economistas denominamos un frenazo brusco. Tuvimos que revertir un déficit exterior próximo al 10% y eso sólo se puede hacer con un profunda recesión para reducir nuestras importaciones, acompañada de una depreciación del tipo de cambio para recuperar nuestra competitividad y aumentar nuestras exportaciones.
Con la peseta, la vía de escape en esas situaciones era bajar el valor de la moneda y empobrecer a todos los españoles con anestesia. Dentro del euro, los salarios tuvieron que revertir el diferencial acumulado con nuestros socios durante la burbuja. Como nos enseñó el Nobel de Economía Robert Solow, la salida a una crisis de crédito es vía aumentos de productividad por innovación y desarrollo tecnológico.
15 años después, la economía española tiene menor productividad total de los factores, la que se genera por innovación, y se ha convertido en un país low cost que diverge en renta por habitante con nuestros socios europeos y con los países que mejor se han adaptado a la globalización y el cambio tecnológico. Según la agencia tributaria hay 20 millones de españoles que pagamos impuesto sobre la renta y 12 millones declaran menos de 20.000 euros de ingresos anuales. En las zonas rurales la mayoría de la población vive en situación de pobreza y sin la política agraria común y los planes de empleo rural vivirían en la indigencia, como la familia de los Santos Inocentes.
Las causas del malestar del campo son diversas y la solución es compleja pero hay una causa común a todos los españoles que viven en el mundo rural: la distribución de alimentos en España está dominada por empresas low cost cuyo lema para atraer consumidores urbanos es “yo te lo hago más barato”. Por ejemplo, el año pasado la sequía provocó que las vacas tuvieran menos pastos, necesitaran más piensos y el precio de la leche en origen subiera con fuerza. Sin embargo, la distribución con su marca blanca no repercutió toda esa subida de costes y metió en pérdidas a buena parte del sector industrial lácteo de leches, yogures y quesos. Ese sector es clave en las zonas rurales y tuvo que destruir empleo y bajar los salarios a sus trabajadores.
¿Cuál fue la reacción de los urbanitas? El Gobierno criticó a la distribución por subir tanto los precios, demostrando que viven en una realidad paralela a la de los españoles rurales. La oposición no tiene un plan alternativo ni se le espera y los medios de comunicación volvieron a resaltar lo bien que lo hacen las empresas de distribución low cost, el dinero que ganan, lo bien que pagan a sus trabajadores y que la marca blanca volvió a ganar cuota de mercado, algo que viene sucediendo desde 2008.
El cabreo del campo lleva 15 años acumulándose y ahora ha estallado de manera entrópica, igual que sucedió con el 15M en 2011. El 15M no ayudó en nada a mejorar el desarrollo tecnológico y la innovación para salir de la crisis de 2008, pero provocó una crisis social e institucional en la que seguimos inmersos. Es condición necesaria que el modelo de distribución en España pase del 'yo te lo hago más barato' al 'yo te lo hago mejor y a precio competitivo, pero no el más barato'. O los consumidores urbanos penalizamos a las empresas del 'yo te lo hago más barato' y la marca blanca que acaba provocando una menor renta de los agricultores, o no habrá solución. La marca blanca tiene su misión y aumenta la competencia, pero debe ser compatible con una renta en el campo que permita tener una vida digna.
Muchos de los problemas del campo español siguen siendo los que yo estudie en la facultad de economía a principios de los años noventa. Minifundios muy ineficientes y de baja productividad, con población muy envejecida y sin relevo generacional que es sustituida por población inmigrante que acepta vivir en condiciones inaceptables para los españoles, pero que siguen siendo mejores que las que tenían en sus países.
El campo español necesita una reconversión para adaptarse al cambio tecnológico y climático. Como el campo está mal, les subvencionamos los combustibles, el agua y todos los insumos y cuando quitamos las subvenciones estalla el cabreo. Las 4,6 millones de hectáreas de regadío producen más ingresos y más empleo que las 12 millones de hectáreas de secano. Y en el regadío hay sobreexplotación de acuíferos que aceleran la desertificación, las sequías y el cambio climático.
El reciente acuerdo entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía en Doñana es el camino, aunque el coste es excesivo para un país con un déficit público estructural del 4% del PIB y una deuda pública del 110%. Hay que facilitar las prejubilaciones de gente del campo que a cambio de una pensión digna dejen su explotación. El Estado, con dinero de la PAC o de Bruselas, debe acometer en esas hectáreas planes de reforestación que frenen la desertificación y retengan mejor la escasa agua de lluvia en el subsuelo. Hay que potenciar los cultivos que reducen el uso de fertilizantes que también bloquean los suelos y aceleran la desertificación. Hay que instalar fotovoltaica para reducir los costes energéticos de los agricultores. Hay que mejorar sus canales de comercialización.
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