El sistema para proteger el acero de las importaciones "será muy difícil de aplicar", avisa la patronal siderúrgica

La aplicación del llamado mecanismo de ajuste en frontera (CBAM), que permitirá proteger las producciones de acero, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad comunitarios de la competencia de terceros países laxos en materia ambiental, con el fin de evitar la deslocalización fabril, es "difícil de gestionar y no será fácil de implantar y supervisar", afirmó ayer Andrés Barceló, director general de Unesid, la patronal siderúrgica española.

Barceló sostuvo que, mientras la Unión Europea ha comenzado a poner en marcha –de modo por ahora solo informativo– el mecanismo que deberá equiparar las condiciones de competencia al gravar en el futuro las importaciones que no soportan en sus países de origen los mismos costes por emitir CO2 que recae sobre los productores europeos, la realidad es que "el acero es cada vez más fácil de producir", dijo, "fuera de la Unión Europea".

El ajuste en frontera entró en vigor el 1 de octubre con fines solo estadísticos durante un periodo transitorio que se prolongará hasta enero de 2026, a partir de cuyo momento comenzará a aplicarse de modo gradual y creciente recargos a las importaciones que no asuman en origen las mismas penalizaciones por las emisiones de carbono que soportan las europeas. La progresión alcanzará en 2034 el 100% del coste ambiental eludido por los fabricantes de terceros países. Este proceso de endurecimiento de las condiciones de importante evolucionará de modo acompasado con la reducción también paulatina entre 2026 y 2034 del programa de concesión de derechos de emisión gratuitos que actualmente recibe la industria intensiva en emisiones de gases de efectos invernadero y sobre la que pesa el riesgo de deslocalización fabril si no se le garantiza condiciones de competencia equiparables con sus competidores de Turquía, China, Singapur y otras naciones.

Unesid alertó a los importadores de la complejidad de los tramites y copiosidad de la documentación que deben aportar a la autoridad competente en su control, que en España será, según se supo el viernes, el Ministerio de Transición Energética, aunque aún no se explicitó qué departamento en concreto, así como por la Dirección General de Aduanas para su seguimiento.

La medida afecta a todos los países extracomunitarios, salvo Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza por tener acuerdos preferenciales con la UE. EE UU intentó ser excluida, pero no lo logró, informó Unesid.

La patronal siderúrgica destacó que la tramitación será más sencilla de formalizar en el caso de los productos básicos como la bobina de acero y más compleja en los productos transformados, dado que el importador deberá declarar la cuantía importada, su precio, la huella de carbono de la planta en la que se produjo y también la de la factoría o factorías que hayan producido el acero antes de su transformación. Los importadores que no aporten esta información serán multados desde enero, que es cuando habrá que hacer la primera declaración trimestral. A partir de 2026 las declaraciones serán anuales.

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Del llamado "gravamen ambiental" estarán exentos algunos productos como la chatarra, las ferroaleacciones, los cables, el alambre, las telas metálicas, los clavos (aunque no los tornillos), las cadenas, los muelles y las estufas, informó Unesid.

Hasta 2026 la Comisión aún deberá publicar 18 normas de desarrollo sobre el mecanismo. Aunque ayer no se hizo mención a ello, el llamado ajuste en frontera no satisface las demandas de la industria, que reclama un sistema similar de compensación para las exportaciones europeas a terceros países que les compensen del diferencial de costes por la política ambiental europea.