CORREDOR MEDITERRÁNEO
Los grandes empresarios cargan contra la nueva legislatura
El acuerdo de la amnistía y la investidura han sobrevolado el acto que reivindicaba la puesta en marcha del Corredor Mediterráneo
El movimiento #Quierocorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), reúne a 1.800 empresarios y representantes de la sociedad civil en el Palacio Municipal de Congresos (IFEMA) de Madrid. /
Fue David Lucas, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el encargado de dar la buena nueva a los 1.800 asistentes del acto #QuieroCorredor en Madrid: “Pedro Sánchez ya ha sido elegido presidente del Gobierno”. En los primeros segundos, un silencio sepulcral inundó el auditorio, pero la respuesta de los empresarios no se hizo esperar. Tras dos tímidos aplausos, la sala estalló en abucheos y silbidos. La conductora del acto, Maribel Vilaplana, pidió respeto para el representante del Ministerio de Transportes para continuar el evento con normalidad. La investidura, que ayer celebraba su segunda sesión con la votación de los diputados, y la ley de amnistía recorrieron el vestíbulo del Palacio Municipal de Congresos (Ifema) y el auditorio como un asistente más.
El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, reservó sus reflexiones sobre la política española hasta el inicio del acto. “Queremos denunciar la deriva destructiva y divisiva a la que se nos está sometiendo a la sociedad civil en general y a los empresarios en particular”, sentenció durante su discurso. Boluda ha resaltado que los empresarios general el 84,3% del empleo, el 85,2% del PIB y el 90,8% de la inversión del país.
En su opinión, ninguna de las decisiones de calado incluidas en los acuerdos de investidura fueron puestas encima de la mesa en el último periodo electoral, por lo que aprobarlas en este momento sería “una irresponsabilidad política y con consecuencias sociales de muy difícil reparación”. Por ello, su solución pasa por “someter el pacto de investidura a una consulta a la ciudadanía”, solo así el Gobierno conocería la opinión de la mayoría de ciudadanos sobre unos pactos que condicionarán toda la legislatura.
Otros empresarios, como Juan Roig, tampoco contuvieron su visión sobre la investidura que se estaba llevando a cabo en el centro de la capital. “Si el problema de España lo tuviéramos en Portugal, ralentizaríamos las inversiones”, aseguró en línea con la decisión de Repsol de paralizar 1.500 millones en inversiones en España por el impuesto a las energéticas. El presidente de Mercadona echa de menos que les den “tranquilidad” y tener “un marco de estabilidad para todo el país”. En cambio, añadió, lo que se está consiguiendo es “una división entre los españoles nada buena”.
Solo dos presidentes autonómicos hicieron presencia en el acto que reivindica la finalización de obras del Corredor Mediterráneo y los dos tuvieron palabras para los próximos cuatro años de legislatura. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, calificaba el clima actual de “deplorable”. “Ya está bien de las dos velocidades, de los privilegios para precisamente los que no cumplen”, ha denunciado, “esto es la ruptura de los principios básicos de separación de derechos y poderes”. Ante esta situación, Mazón ha recalcado que la Comunidad Valenciana “no sale a resistir, sale a ganar” para ser considerado como españoles de primera. Y parte de esa lucha contra la resignación pasa por impulsar el fin del Corredor Mediterráneo que “nos enriquezca socialmente, de infraestructuras y de inversiones”, donde está “gran parte de un futuro que merece España”.
Poco antes, el presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ponía de ejemplo el traspaso de Rodalíes para subrayar la “desigualdad territorial existente: "Todo lo que ha dejado de invertirse aquí es directamente proporcional a lo que se ha invertido en Cataluña". Asimismo, López Miras ha declarado salir “preocupado” de la investidura: “Nos enfrentamos a una legislatura nada positiva para el resto de los españoles, para aquellos que no somos independentistas y que no hemos cometido delitos como el de secesión”, señaló. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, fue la única que se concentró en el tema que había congregado a los empresarios: “No podemos tolerar más retrasos en el caso de Valencia”, sentenció y añadió que ponía a disposición de la administración estatal su capacidad de trabajo. “Si hoy es un día importante para la comunidad, también lo es para toda España”.
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