El Gobierno acelera la normativa de eólica marina para lanzar los parques en 2024

El tiempo corre en contra de los planes para el desarrollo de la eólica marina en España. Candidatos no faltan. Solo en Galicia hay 12 manifestaciones de interés presentadas ante el Ministerio para la Transición Ecológica que suman casi 7.300 megavatios (MW) de potencia, superando con creces los 800 MW previstos por la Xunta de en la Agenda Energética de Galicia 2030 y el objetivo de 3.000 MW fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para el conjunto del país. Ni aquí ni en el resto de territorios con litoral donde es posible colocar estructuras flotantes por las condiciones del viento, la profundidad de las aguas y la convivencia con el resto de actividades, particularmente la pesca, se levantarán todos los proyectos en pretramitación: 51 con 19.400 MW.

Además, la propia vicepresidenta tercera en funciones dejó claro que se priorizarán las zonas sin rechazo social –“Aquellos territorios donde hay una voluntad mayor y confirmada de hacerlo cuanto antes”, enfatizó Teresa Ribera– y, además, con instalaciones “ejemplares”, como adelantó Faro, para allanar el potencial futuro de la offshore. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, insistió ayer en la “gran oportunidad” que representa como palanca de descarbonización durante la inauguración del II Congreso Eólico Marino celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, el otro gran epicentro –concentra la mayoría de los 22 documentos iniciales con 3.100 MW de las islas– del sector a punto de estrenarse.

Ágil y garantista

Tan a punto que, según adelantó Aagesen, el marco normativo que dictará cómo y en qué condiciones se construirán los parques saldrá a exposición pública antes de que finalice este año. “Sentará las brs –afirmó– para el desarrollo de proyectos con una tramitación equilibrada, ágil y con las máximas garantías”. Por esa razón se otorgarán a la vez el régimen económico –es decir, el precio garantizado para la producción de los futuros parques, como ocurre en el resto de las subastas de cuota renovable–, la reserva de capacidad de acceso y la del dominio público-terrestre por el espacio ocupado por los aerogeneradores, las posibles subestaciones también en alta mar y las líneas de evacuación hacia el esqueleto del sistema eléctrico nacional en tierra.

En una referencia evidente hacia los movimientos contrarios a la eólica marina y para evitar el conflicto judicial que, sin ir más lejos, afecta de lleno al sector para los parques terrestres, el ministerio “quiere fomentar un sector seguro y estable en el país”. Sara Aagesen aseguró que, “aunque dependerá de los promotores”, Canarias “tiene muchas posibilidades de contar con el primer parque de España”.

Momento "determnante"

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El calendario queda muy justo, según las empresas energéticas. “Nos encontramos en un momento determinante”, advirtió Juan Diego Díaz, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). “Cualquier cosa que se vaya más allá de 2024 –apuntó– hará prácticamente imposible que cumplamos con el hito del 2030”. Los promotores aseguran que la puesta en marcha de los 3.000 MW implicaría una inversión de 6.000 millones de euros y reiteró la necesidad de “señales de largo plazo que activen los mecanismos para avanzar lo antes posible”.

“Llevamos retraso dada la coyuntura política y económica del país, pero somos optimistas y estamos a tiempo de abordar el desarrollo eólico offshore para no quedarnos atrás respecto a otros países del entorno”, dijo Díaz, que considera “imprescindible” la colaboración de empresas, administraciones “y territorios” para un impulso “armonioso” de la tecnología.