España aprieta a la UE para alargar varios años los topes a los precios de la luz

El Gobierno ha ido construyendo desde los inicios de la crisis energética un escudo de protección de los consumidores para paliar el impacto de la subida de los precios y muchas de las medidas expiran el próximo 31 de diciembre. La continuidad de algunas de esas medidas (la rebaja del IVA de luz y gas, la ampliación de los bonos sociales…) depende exclusivamente de la decisión del Ejecutivo español, que se muestra proclive a prorrogarlas cuando deje de estar en funciones y fructifique una investidura de Pedro Sánchez.

En cambio, otras de las normas ahora vigentes, especialmente las que afectan directamente al funcionamiento de los mercados energéticos, sólo podrán prorrogarse con el permiso explícito de la Unión Europea, sólo si los Veintisiete acuerdan reformar y prolongar la parte del marco temporal de crisis por la guerra de Ucrania que expira a final de año y que funciona como aval para adoptar estas medidas de emergencia.

“Hasta cuando sea necesario”

España, que ocupa este semestre la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, defiende abiertamente prorrogar el marco comunitario más allá de este año y, de hecho, apuesta por una prórroga duradera, “hasta cuando sea necesario” a la espera de la normalización de los mercados energéticos, con el objetivo de dar herramientas a los estados miembros para poder actuar durante un plazo prolongado para evitar grandes subidas de los precios de la electricidad.

De hecho, el escenario ideal que maneja el Ejecutivo español es que el marco legal comunitario a punto de concluir se alargue incluso varios años, hasta que haya una normalización de las condiciones de mercado o hasta que puedan ser implementadas todas las medidas recogidas en la futura reforma del mercado de electricidad. Según han acordado los Veintisiete, la reforma del mercado -que ahora aún deben refrendar Comisión Europea y Eurocámara- se irá ejecutando progresivamente y no se aplicaría íntegramente hasta pasado un periodo transitorio de tres años.

“Mi inclinación natural, dado que [el marco temporal de crisis] no ha provocado distorsiones en el mercado y ha funcionado bien, es que las medidas de emergencia aplicadas hasta la fecha se extiendan hasta cuando sea necesario”, subrayó este miércoles la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ante una representación del Parlamento Europeo. “Eliminar las medidas ya es una señal a los mercados. No demos una señal a los mercados de la que luego nos arrepintamos y que tengamos que volver a activar” las medidas, sentenció.

Entre las medidas que ahora se aplican en España y que decaerían automáticamente si la UE no prolonga el actual marco de crisis se encuentran las que sirven evitar grandes subidas de la luz estableciendo topes de precio. Por un lado, la aplicación de un precio máximo para los contratos de venta de electricidad generada por nucleares, hidroeléctricas y renovables para evitar beneficios excesivos aprovechando la crisis. Por otro, también figura la denominada excepción ibérica, el mecanismo que impone un límite al precio de gas que se utiliza para producir electricidad para bajar el precio final de la luz.

De momento, los Veintisiete acordaron la pasada semana una posición común para la reforma del mercado eléctrico, que ahora debe negociarse con el Parlamento Europeo para su aprobación definitiva, que incluye explícitamente la posibilidad de que los países puedan mantener al menos hasta final de junio de 2024 el tope de precios a los contratos de venta de electricidad de las energías inframarginales. España aplica un tope de 67 euros por MWh para los contratos eléctricos, pero como marco general en la UE se contempla un precio máximo de 180 euros.

En paralelo, el acuerdo de PSOE y Sumar para reeditar el gobierno de coalición en España incluye el compromiso de seguir “profundizando en la reforma del mercado eléctrico mayorista, encaminadas a resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista y los llamados beneficios caídos del cielo”. El texto no contempla más precisiones sobre el alcance de las medidas pretendidas para evitar esos beneficios excesivos.

Bruselas busca efectos indeseados

La Comisión Europea ultima un estudio sobre los efectos que han tenido las medidas de emergencia en los mercados con el que busca identificar posibles distorsiones de la competencia por las ayudas y los recortes aplicados por los países, y que presentará en las próximas semanas. Con ese estudio como base de análisis, los Veintisiete tendrán que decidir en diciembre si mantienen el marco temporal de crisis para prolongar esas medidas extraordinarias que deberían levantarse el próximo 31 de diciembre (hay otros paquetes normativos que pueden ya mantenerse directamente hasta final de 2025).

“La Comisión envió el 20 de julio una encuesta a los estados miembros para recabar su opinión sobre la expiración de partes del marco temporal de crisis y transición para las ayudas estatales de la UE”, apuntan fuentes de la Comisión Europea a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “La Comisión está evaluando actualmente las respuestas de los Estados miembros. Al mismo tiempo, la Comisión supervisa continuamente la evolución económica y la aplicación del Marco temporal de crisis y transición para las ayudas estatales y está preparada para responder rápidamente en caso de que se produzca cualquier nueva situación de crisis”.

Recortes a las eléctricas de 800 M

España se adelantó al resto de la Unión Europea para tomar este tipo de medidas fijando un precio tope para los contratos de venta de electricidad y lo hizo de manera más restrictiva, con límites de precios mucho más bajos a los que finalmente avaló Bruselas para el conjunto de estados miembros. El objetivo de la medida, que entró en vigor en España en octubre de 2021, era impedir que las compañías energéticas vendieran la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios desorbitados que marcaba entonces el mercado mayorista, que se estaban disparando por el precio del gas natural y de los derechos de emisión de CO₂, que son costes que estas tecnologías en realidad no soportan.

Para evitarlo, el Gobierno obliga desde entonces a nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extra obtenidos por los contratos de venta firmados por encima de un precio tope fijado en 67 euros por megavatio hora (MWh) para evitar los denominados beneficios caídos del cielo (windfall profits, según la jerga sectorial). Las compañías eléctricas se han visto forzadas a devolver ya al sistema ingresos excesivos por un total de 812,7 millones de euros hasta el cierre del pasado julio, según desveló este diario. Un importe que seguirá creciendo porque la medida aún estará vigente hasta fin de año.

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España y Portugal pusieron en marcha en junio del año pasado la denominada excepción ibérica, un mecanismo que establece un límite al precio del gas que se usa para producir electricidad y así bajar el precio final de la luz. El tope busca que el resto de tecnologías de producción de la electricidad no se contagien de las subidas del precio del gas natural. El mecanismo, que el Gobierno español presume que ha servido para bajar en más de 5.000 millones el coste de la electricidad para los consumidores nacionales, lleva sin aplicarse ya ocho meses porque el precio del mercado ibérico del gas, Mibgas, está por debajo del tope fijado por el mecanismo desde finales del pasado febrero.

El Gobierno se muestra a favor de mantener la excepción ibérica durante el próximo año por si acaso, como medida de protección en caso de que se produzcan grandes subidas del precio del gas que puedan impulsar también la cotización del mercado de electricidad. Además de ser necesario que la UE prolongue el marco temporal de crisis para permitir medidas excepcionales, España y Portugal deberían también pactar con Bruselas las nuevas condiciones de precios máximos y de duración en que podría aplicarse el mecanismo.