Bruselas denuncia a España ante el TJUE por las normas ferroviarias

La Comisión Europea denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no transponer y aplicar correctamente la directiva europea que establece el espacio ferroviario europeo único. Bruselas considera que el marco regulador ferroviario español infringe varias disposiciones de la directiva en relación a la independencia de gestión del administrador de infraestructuras (Adif) o la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras, la gestión de las empresas ferroviarias según principios comerciales y la correcta redacción de los acuerdos contractuales.

El Ejecutivo comunitario lanzó el procedimiento de infracción en mayo de 2018. El Gobierno español respondió ocho meses después alegando que algunos de los problemas identificados por la Comisión Europea se habían resuelto a través de la aprobación de una nueva ley mientras que otras tenían que trabajarse un poco más. La respuesta fue insuficiente para el Ejecutivo comunitario, que unos meses después envió un dictamen motivado -segundo paso que forma parte del procedimiento- al que España respondió informando de la adopción de nuevas medidas. La decisión de este miércoles por paerte de la Comisión confirma que la aplicación de la norma sigue sin haberse completado.

Según el análisis de los técnicos comunitarios, aunque España modificó su legislación sobre la determinación de los cánones por la utilización de infraestructuras en un sentido que podría cumplir los requisitos establecidos en la directiva, “parece que el nuevo sistema aún no está operativo”. Es decir, “el administrador de infraestructuras (ADIF) goza ahora de un nivel adecuado de independencia a la hora de establecer el sistema de cánones, pero la legislación española incluye una disposición transitoria que suspende la aplicabilidad de las nuevas normas hasta que el administrador de infraestructuras apruebe y publique las nuevas disposiciones”, reprocha Bruselas.

Sin plazos ni independencia

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La Comisión Europea se queja también de que la legislación española no contiene disposiciones que obliguen a Adif a aplicar el nuevo sistema en un plazo determinado y que a menos que se adopten medidas rápidamente, “los cánones de acceso por vía férrea se considerarán impuestos 'de facto', que se incluirán en las próximas leyes de presupuestos españolas de 2024 y 2025”, sostiene Bruselas. A su vez recuerda que existe el riesgo de que el antiguo sistema siga aplicándose hasta 2024/2025, un periodo durante el que las empresas ferroviarias no podrán impugnar los cánones de acceso por vía férrea. 

Otro de los elementos que reprocha Bruselas a España es que la ley no garantiza claramente la independencia de los consejos de administración de Adif y de la empresa ferroviaria pública correspondiente (Renfe). “Teniendo en cuenta la composición del consejo de administración, que es nombrado por el Ministerio de Transportes, el derecho del ministerio a poner fin al mandato de sus miembros y las normas relativas a la toma de decisiones, cabe concluir que el Estado es capaz en efecto de ejercer una influencia decisiva en los acuerdos del consejo de administración, incluidos los que afectan a los precios de los billetes”, avisan en su notificación. El análisis comuntario también ve problemático el hecho de que falten “elementos clave” en el acuerdo contractual entre el Gobierno español y los administradores de infraestructuras. “No hay indicadores clave de rendimiento relacionados con la eficiencia y con una disminución de los costes de acceso”, advierte la Comisión.