Las 10 prioridades estratégicas para reformar la Administración Pública

Si se pregunta a los españoles, lo tienen claro: el 95% de los ciudadanos respalda la necesidad de mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas. La evolución de la sociedad española ha creado nuevas exigencias por parte de los ciudadanos y las empresas. Entre ellas sobresale una que se ha atrasado durante años: la necesidad de adaptar el sector público a las realidades presentes y futuras. No es nada fácil y tampoco será posible encarar esta reforma de una sola vez. Tal y como ha ocurrido con otras grandes transformaciones, la Administración Pública requiere de un cambio cultural, con visión a largo plazo y ajeno a los ciclos electorales. El informe "Transformando la Administración Pública", elaborado por Chus Escobar, socia responsable de Sector Público de EY, y Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, identifica los diez desafíos más acuciantes que deberán ser superados para su modernización.

Hay diversos puntos de mejora en el funcionamiento de los organismos públicos. Uno de ellos, el que sustenta el buen funcionamiento a diario de los mismos, son los trabajadores. La edad media de los empleados públicos se sitúa en los 51,5 años y el 46% superaba los 55 años en 2020. El envejecimiento de la plantilla plantea un desafío para una Administración Pública con sistemas de contratación todavía inflexibles que debe incorporar jóvenes a corto plazo. A nivel de gobernanza, y a pesar de los avances en consulta pública y gobierno abierto, la interacción efectiva con la sociedad civil en la creación de normas continúa siendo mejorable para los expertos del informe. "La falta de sistematización en la cultura de gobierno abierto dificulta la participación social en la elaboración de proyectos de ley y normativas", especifican, lo que ha llevado a dejar de lado la legislación consensuada y a un aumento en la utilización de decretos-leyes.

Entre los aspectos más destacados también se encuentra el notable crecimiento del gasto público. La cifra se ha incrementado un 140% entre el año 2000 y 2021, casi duplicando el crecimiento del PIB (86%). Estos datos ponen de manifiesto la fuerte inversión gubernamental en ciertos sectores, como el relativo a las prestaciones sociales, que se lleva más de la mitad del gasto público (63,6%). Al mismo tiempo, la multiplicación por cuatro del volumen de producción normativa desde finales de los años 70 dejan patente la creciente complejidad de las regulaciones en España, un reto nada sencillo si se tiene en cuenta el nivel de descentralización del país.

En palabras de Escobar, "la transformación de la Administración Pública no es una opción, sino una necesidad siempre y cuando queramos garantizar un futuro sostenible y equitativo para todos". Y para ello, la colaboración y la cooperación son más importantes que nunca: "Los retos a los que nos enfrentamos son complejos y, en este contexto, la colaboración entre el sector público y el privado se convierte en un elemento clave para el éxito", añade Riesgo.

Calidad normativa, talento y digitalización

Para los autores del informe, la primera prioridad estratégica que debería abordar la Administración Pública es la generación de consensos por parte de quien promueva y pilote el proceso de transformación. "Esta necesidad de consensos no implica, en ningún caso, que las necesarias mejoras de la Administración deban paralizarse si no es posible llegar a un consenso global", puntualizan.

Al igual que en la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proceso de evolución del sector público requiere fijar unos objetivos para establecer métricas que permitan su seguimiento y el análisis del impacto real de las políticas públicas. Dicha planificación también se refiere a la obtención de resultados, de ahí la importancia de centralizar determinados servicios, como la digitalización o la política de gestión de personas y talento. Y en la era actual de información masiva en tiempo real, la Administración debe implementar sistemas de big data, de visualización, análisis e interpretación de resultados que mejoren la toma de decisiones. Otra prioridad es la digitalización y simplificación de procesos. El 73,3% de los economistas consultados considera que la Administración debería hacer hincapié en la simplificación normativa para acometer su gran transformación.

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En el informe se insta a simplificar el diseño del marco normativo, propiciar la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en la elaboración de normas y aplicar de manera efectiva el llamado gobierno abierto en base a la transparencia, accesibilidad y capacidad de respuesta a las nuevas ideas. Asimismo, la gestión del talento es crucial. No solo se debe fomentar la capacitación digital avanzada, sino que el cambio cultural que se busca requiere de un nuevo sistema de selección de directivos públicos y la puesta en marcha de programas que retengan a los empleados. Respecto al empleo público, los autores ven la necesidad de impulsar una contratación pública menos centrada en el precio y más abierta a soluciones innovadoras y sostenibilidad, así como potenciar su automatización y su transparencia.

Además de la colaboración interna, el informe insiste en facilitar la interlocución y apertura a otras Administraciones y empresas, así se podrán compartir las buenas prácticas entre el sector público y el privado. La rendiciones de cuentas es clave para controlar el gasto público. Por ello, en el informe se insiste en habilitar indicadores comprensibles para todos, publicar la información en plataformas digitales públicas y aplicar un sistema efectivo de sanciones en aquellos casos en donde no se cumpla con la Ley de Transparencia. Por último, y en línea con esta última prioridad, la Administración deberá crear bases de datos abiertas a cualquier ciudadano, facilitar la colaboración de emrpesas de consultoría y auditoría externas y reformas el papel de la AIReF para evaluar y controlar las políticas públicas.