El gasto público se ha disparado un 140,7% desde 2000

En tamaño, en competencias e incluso en número de empleados. La Administración pública acapara protagonismo desde el cambio de siglo y lo hace a golpe de talonario. Mientras que el PIB ha aumentado un 86% desde 2000, momento en el que se inicia la crisis de la pandemia, el gasto público ha crecido un 140,7%. De los 557.212 millones de euros de crecimiento del PIB entre 2000 y 2021, unos 356.423 millones se destinaron a la Administración pública (un 64% del total). La media del gasto público de los últimos diez años ha alcanzado el 45,6% del PIB frente a una media del 41,2% de los diez años previos.

Son conclusiones extraídas del informe "Transformando la Administración Pública", elaborado por Chus Escobar, socia responsable de Sector Público de EY, y Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, que dejan patente la tendencia ascendente de un gasto que en los últimos años se ha llegado a situar en el entorno del 50% del PIB. Parte de este descomunal incremento del gasto público ha podido ser financiado con mayor deuda pública y también por los mayores ingresos públicos, en máximos históricos. Sin embargo, no ha sido suficiente. "El nivel de ingresos públicos se ha mantenido, desde 2008, por debajo del nivel de gastos", sostienen los expertos en el documento.

La crisis inmobiliaria produjo una caída de 6 puntos del PIB de los ingresos públicos y, desde entonces, la Administración pública no ha conseguido nivelar los gastos con los ingresos. Y como consecuencia de las últimas políticas económicas expansivas para dar respuesta al covid, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB en 113,1% en 2022. Según datos recopilados por la OCDE, los países desarrollados destinaron un importe equivalente al 16,4% del PIB entre gastos e ingresos a dar apoyo a ciudadanos y empresas para paliar el impacto del covid y hasta el 10,5% del PIB a través de otras medidas.

Pensiones y desempleo

El mayor gasto público responde a la evolución de la sociedad hacia una población envejecida que solicita un mayor nivel de exigencia y demanda social. Así, el total ha crecido hasta superar los 609.776 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento de 11,5 puntos porcentuales respecto al PIB desde el 2000 por las prestaciones sociales pagadas en efectivo. Si comparamos los últimos datos de 2021 con aquellos del inicio de siglo, las pensiones o las prestaciones por desempleo representaron en 18,9% del PIB hace dos años mientras que en el 2000 representaban un 11,6%. De esta manera, el gasto público aumentó 7,3 puntos pocentuales en los últimos 21 años, es decir, el 63,6% del incremento del gasto público es consecuencia del incremento del gasto en prestaciones sociales (pensiones y prestaciones por desempleo).

La mayor edad de gran parte de la sociedad española se hace evidente al enfrentar las partidas de gasto público total de la Unión Europea con las del país. Si bien la media de gasto de España es inferior a la media europea, se aprecian mayores niveles de gasto en prestaciones sociales y en remuneración de asalariados. Al mismo tiempo, el gasto español es mayor en protección social en proporción de los gastos totales, pero la sanidad y la educación pública son las categorías más olvidadas.

También influye cómo se desembolsa ese dinero. Según los datos de 2021 de la OCDE, el 43,5% del gasto público español correspondía a las Administraciones territoriales, de las cuales el 32,9% procedía de las comunidades autónomas y el 10,6% restante a las entidades locales. "España es, de esta forma, uno de los países con un mayor grado de descentralización de la UE, por encima, incluso, de países federales como Alemania", señala el informe. Cabe destacar que este proceso de descentralización se ha ejecutado en un corto periodo de tiempo, por lo que se ha podido generar duplicidades en determinadas competencias y gestión pública.

Empleo público

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En línea con el resto de partidas de gasto y aunque el número total es ligeramente inferior a la media de los países que conforman la OCDE, la remuneración de asalariados públicos es mayor que la media de la Unión Europea. "España cuenta con un número de personal de menor cualificación superior, y estos niveles están, comparativamente, mejor pagados", resumen en el informe. Así, el gasto en empleados públicos españoles supera la media de la zona euro en casi 2 puntos porcentuales y se sitúa entre los de mayor relevancia en porcentaje sobre el PIB.

Este mayor gasto coincide con la mayor edad media de los empleados públicos. Según el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado 2021, se situó en los 51,5 años y dos terceras partes de los mismos superan los 50 años (65,5%). De hecho, España es el país de la OCDE donde más rápido ha aumentado el número de funcionarios de la Administración Central con personas mayores de 55 años, desde el 35% en 2015 a 46% en 2020, y ocupa la segunda posición por detrás de Italia. Se trata de un factor ventajoso si se tiene en cuenta la acumulación de experiencia de estas personas, pero también juega en contra de la Administración pública por dificultar la digitalización del sector y la atracción de jóvenes y nativos digitales.