Tres preguntas clave ante la Junta de Accionistas de Ferrovial

El caso Ferrovial entra esta semana en su punto de no retorno. El día 13 la empresa celebra la Junta de Accionistas que debe aprobar, según todas las previsiones, el traslado de la sede social a los Países Bajos. Hay tres cuestiones clave que pueden servir como guía para entender el proceso.

1.- ¿Qué se somete a votación en la Junta de Accionistas del día 13 y cómo afecta a los accionistas?

La junta de accionistas del próximo 13 de abril debe refrendar o votar en contra del traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos. Es el principal punto del orden del día y el punto de discordia principal en todo el caso de la empresa, que estalló cuando el 28 de febrero la compañía anunció por sorpresa que iba a plantear a sus accionistas trasladar la sede. La decisión, un ejemplo de lo que no debe hacerse desde el punto de vista de comunicación, pilló con el paso cambiado a los mercados, pero sobre todo al Gobierno, a quien no se le anticipó la medida. Además, se deslizó la idea de que uno de los motivos del traslado era el entorno de seguridad jurídica en Países Bajos, lo que ponía bajo los focos al Gobierno, muy cuestionado por los inversores nacionales e internacionales precisamente por este aspecto.

El Gobierno salió en tromba a criticar la medida ante el temor de que el movimiento de Ferrovial fuera seguido por otras compañías y desde el primer momento el Ejecutivo, al máximo nivel (ministros y secretarios del Estado) sondearon a las empresas para saber si era un caso aislado o el inicio de un movimiento más generalizado. La certeza de que no era una acción que se plantearan más compañías tranquilizó al gabinete de Pedro Sánchez, que no obstante sacó toda la artillería disponible para tratar de tumbar la operación: desde amenazar con usar el escudo anti opas (algo de dudosa utilización en esta situación), a sugerir turbias razones fiscales de la familia del Del Pino.

2.- ¿Es realmente una buena decisión, por qué es estratégica?

Más allá de supuestas consecuencias de tipo fiscal, la decisión responde a una lógica empresarial. La firma considera que cambiar la sede a Países Bajos proporcionará una ventaja clave, como una menor volatilidad en sus costes de financiación, gracias a la más estable prima de riesgo del país, lo que redundará en menores costes de financiación de las emisiones de deuda.

Además, el traslado facilita su principal objetivo: cotizar en Wall Street como una empresa americana a todos los efectos, algo que, subrayan, solo pueden hacer ahora en parte al cotizar a través de ADR’s, cosa que han negado explícitamente tanto la Comisión de Valores (CNMV) como el gestor de las bolsas, BME.

La compañía señala que el 80% de su negocio ya procede de Estados Unidos y que el 90% de sus futuros proyectos y de sus principales oportunidades están en el país norteamericano. Para Ferrovial, por otro lado, tener una mayor presencia en Estados Unidos refuerza su notoriedad en la zona, en particular ante los reguladores, “cuyo papel en la adjudicación de nuevos proyectos en clave”.

3.- ¿Puede producirse algún tipo de giro inesperado?

Noticias relacionadas

¿Amante del café? Estas son las últimas tendencias de las que debes ester enterado

Esto es lo que piensa hacer tu casero cuando se termine el contrato de alquiler vigente

Hasta donde se sabe, el Gobierno ha bajado un poco el grado de presión al que sometió a la compañía, que por otra parte hizo todo lo posible por matizar las razones de su marcha y asegurar que España es un país con una seguridad jurídica comparable con cualquier otro Estado europeo. Parece difícil que el Gobierno pueda acudir a figuras jurídicas como el llamado escudo antiopas para torpedear la operación, ya que sencillamente no se trata de una oferta de compra por parte de otra compañía. En las últimas semanas sí ha crecido el número de voces que reclaman explorar y crear mecanismos para que una empresa puede mantener dos sedes sociales, lo que suavizaría considerablemente el asunto.

Sí es cierto que está en manos de los accionistas tumbar o no la operación. Para ello bastaría con que un 2,57% del capital vendiera y exigiera el reembolso de sus acciones, algo para lo que la empresa ha presupuestado 500 millones. Superar esa barrera,en teoría, haría fracasar el traslado. De hecho, los accionistas que voten en contra tienen un mes desde el anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de la aprobación de la fusión por la junta de accionistas.