Trabajo inicia una ofensiva contra el fraude laboral en las etts

La Inspección de Trabajo iniciará desde este lunes una campaña específica para perseguir el fraude en las empresas de trabajo temporal (ETT). Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este sábado en un acto de Sumar en Las Palmas de Gran Canaria. Casi 250 empresas –como Randstad, Adecco o Manpower- y 2,3 millones de contratos firmados al año pasarán a estar en el punto de mira de la ‘policía laboral’ durante los próximos meses.

La nueva reforma laboral, que este marzo cumple un año y un trimestre de vigencia, reforzó el peso de las empresas de trabajo temporal, con la voluntad de limitar el uso indiscriminado de los contratos eventuales. Las nuevas reglas habilitan la posibilidad para estas compañías de ofrecer contratos fijos discontinuos a sus empleados, con el fin de luego ponerlos a disposición de una tercera empresa y en los periodos de inactividad no romper, sino dejar en suspensión, la relación contractual del empleado y la ett. Hasta ahora, por lo general, la relación contractual del trabajador con la ett duraba lo que durase la necesidad de la tercera empresa.

Si bien Díaz no ha dado más detalles sobre el alcance y los métodos de la nueva campaña de Inspección, la vigilancia del correcto uso de esos contratos fijos discontinuos será probablemente uno de los objetivos. Y es que para el ejercicio 2023 la correcta gestión de esta fórmula contractual es una prioridad en todas las empresas para la 'policía laboral'

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Las empresas o agencias de colocación no han estado hasta ahora dentro del foco de prioridades de la ‘policía laboral’, según los datos recogidos por la última memoria anual del organismo. En 2021 los inspectores realizaron un total de 415 actuaciones sobre estas sociedades en toda España, encontrando irregularidades en el 25% de las mismas. Y emitieron propuestas de sanción por valor de 404.689 euros.

Cada mes alrededor de 190.000 trabajadores son puestos a disposición de terceras compañías a través de una ett, 32.000 de ellos están ubicados en Catalunya. Y, por sectores, la presencia de las sociedades de intermediación se localiza en la industria manufacturera, con el 28,2% del total de contratos firmados; en la agricultura, ganadería y pesca (17,8%); el transporte (17,5%) y la hostelería (12,3%), según los últimos datos del Ministerio de Trabajo.