Aena defiende privatizar las torres de control para bajar el precio de los billetes de avión

El Gobierno prepara un nuevo impulso a la liberalización de la gestión de las torres de control aéreo que se inició en 2010. El Ministerio de Transportes ha abierto una consulta pública para la privatización de las torres de siete grandes aeropuertos españoles (Tenerife Sur, Tenerife Norte, Málaga, Gran Canaria, Bilbao, Santiago y Palma de Mallorca) en la mayor operación de este tipo en más de una década.

Aena, el gestor de los aeropuertos españoles, no es el encargado de realizar esas labores de control aéreo, pero está muy directamente afectado por estos movimientos al ser el usuario que por razones obvias más intensamente se sirve de esas labores (también indirectamente, porque es el grupo público Enaire, su mayor accionista con el 51% del capital, el encargado del control aéreo en el mercado español).

Aena muestra su respaldo al nuevo proceso de privatización que se prepara y subraya su impacto en el ahorro de costes para las aerolíneas y también para los pasajeros. “La introducción de la competencia ha sido una buena noticia, sirve para trasladar el ahorro de costes a las compañías aéreas y éstas a sus pasajeros, y los estándares de seguridad son exactamente los mismos”, ha sentenciado el presidente de Aena, Maurici Lucena, en un encuentro con prensa con motivo de la presentación de los resultados anuales del grupo.

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"Lo miremos como lo miremos, la introducción de competencia ha sido muy buena para el sector porque se han hecho las cosas igual de bien o mejor, a un coste significativamente inferior, lo que se ha traducido finalmente a una reducción de los precios de los billetes de avión, y por lo tanto ha beneficiado a todos los ciudadanos”, ha zanjado Lucena. “Esta es la opinión unánime de todas las líneas aéreas. Unánime".

Según se subraya desde Aena, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y la Unión Europea van en la dirección de introducir competencia en esta actividad, pero se apunta que la decisión última sobre la ejecución de la operación y sobre el diseño de la misma corresponderá al Gobierno. “Nosotros somos extraordinariamente respetuosos con la decisión del Gobierno sea cual sea”, ha zanjado Lucena.