Grandes fortunas, banca y energéticas

El Congreso aprueba tres nuevos impuestos para ingresar 10.000 millones en dos años

Los nuevos gravámenes sobre banca, energéticas y patrimonio salen adelante con los votos de PSOE, UP, ERC y EH Bildu, pese al 'no' de PP, Vox y Ciudadanos

El Congreso aprueba tres nuevos impuestos para ingresar 10.000 millones en dos años
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Rosa María Sánchez

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves los tres nuevos impuestos temporales sobre bancos, energéticas y patrimonios con los que el Gobierno pretende recaudar alrededor de 5.000 millones de euros en cada uno de los dos años en que estarán vigentes, 2023 y 2024 (10.000 millones en total). Los nuevos impuestos sobre grandes bancos y energéticas y sobre patrimonios a partir de tres millones de euros han salido adelante con 186 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones. El texto ha resultado aprobado con los votos de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, Coalición Canaria, BNG y otros diputados del Grupo Mixto, a pesar del rechazo de PP, Ciudadanos y Vox. Los diputados de PNV y PDeCat se han abstenido.

Nuevos impuestos a la banca, eléctricas y grandes fortunas. /

Los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- han impulsado la tramitación urgente de esta proposición de ley con el objetivo de que quede definitivamente aprobada antes del 31 de diciembre y que los nuevos tributos puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2023, sobre ingresos y patrimonios devengados en 2022. Tras haber recibido el apoyo del pleno del Congreso este jueves, la proposición de ley pasa al Senado para culminar su tramitación parlamentaria.

El Gobierno ha justificado la conveniencia de estos tres nuevos tributos en la necesidad de obtener recursos adicionales con las que financiar las medidas de ayuda a las familias y empresas más vulnerables ante la actual crisis energética y de inflación. El texto, en todo caso, deja la puerta abierta a evaluar a finales de 2024 la conveniencia de convertir en permanentes estos gravámenes.

El portavoz socialista Pedro Casares ha justificado el impuesto frente a una derecha "que protege los intereses de la banca y las energéticas más que las propias banca y energéticas". Por parte de Unidas Podemos, Txema Guijarro ha apuntado que los tributos tiene por objeto, entre otros puntos, asegurar que "los que se beneficien de una situación calamitosa ayuden y paguen". También ha defendido que la proposición de ley es perfectamente legal y ha invitado a la oposición a que "expliquen que principio o precepto legal se ha violado".

El PP ha votado en contra de esta proposición de ley y su portavoz, Gabriel Elorriaga, ha advertido de que los nuevos impuestos serán objeto de recursos ante los tribunales. "La mayor parte de ellos van a ser anulados", ha pronosticado. En particular, Elorriaga se ha referido al carácter contrario a la Constitución que a su juicio tiene el nuevo impuesto para patrimonios a partir de 3 millones de euros, por haber sido incorporada su regulación a través de una enmienda a la proposición de ley para crear los nuevos tributos sobre bancos y energéticas.

Estos son los nuevos tributos aprobados hoy en el pleno del Congreso:

Impuesto sobre la banca

Este tributo gravará con un 4,8% los ingresos por comisiones e intereses netos cobrados por las entidades financieras de mayor tamaño, cuyos ingresos por ambos conceptos superen los 800 millones. El impuesto gravará los ingresos obtenidos en España y también afectará a entidades extranjeras con negocio en el país. A partir de este impuesto, Hacienda prevé ingresar 1.500 millones en cada uno de los dos años en que estará en vigor.

Impuesto sobre las energéticas

Establece un gravamen del 1,2% sobre las ventas de las energéticas que tengan una facturación superior a los 1.000 millones de euros y a las que, con carácter general, obtengan al menos el 75% de sus ingresos de actividades extractivas. El impuesto no gravará las actividades en el exterior de las multinacionales españolas, pero sí las de empresas extranjeras en territorio nacional. Durante la tramitación parlamentaria se ha excluído de la base imponible del impuesto los ingresos obtenidos por las compañías a partir de las tarifas reguladas de la luz y del gas y, en general, de todas las actividades reguladas. En principio, Hacienda había previsto recaudar 2.000 millones de euros por este impuesto en cada uno de los dos años en que estará en vigor.

Patrimonio

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El nuevo gravamen bautizado como 'impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas' se ha configurado como un tributo estatal que grava los patrimonios netos a partir de tres millones de euros de las personas físicas. De la cuota resultante por este impuesto, cada contribuyente podrá restar lo que previamente haya pagado por el impuesto sobre patrimonio en su comunidad autónoma. De este modo, el nuevo gravamen provocará una mayor tributación en Madrid y Andalucía (comunidades en las que el impuesto autonómico sobre el patrimonio ha sido suprimido) y en otras ocho comunidades autónomas en las que existe un impuesto sobre el patrimonio más bajo que la regla estatal para algunos tramos, como es el caso de Catalunya. Hacienda estima que existen 23.000 contribuyentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros y calcula que el nuevo tributo puede reportar a la Agencia Tributaria una recaudación adicional de 1.500 millones de euros cada uno de los dos años en que estará en vigor.

Compensación de pérdidas

La proposición de ley aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados también ha incorporado a través de una enmienda una disposición que limita al 50% la posibilidad de compensar en 2023 las pérdidas de filiales. La otra mitad pendiente de compensación se integrará en la base imponible del impuesto de sociedades por partes iguales en cada uno de los diez primeros períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2024. Se estima que esta medida, de carácter temporal, afectará a 3.609 empresas, el 0,2% de los declarantes de sociedades, con un impacto recaudatorio de 2.439 millones entre 2023 y 2024. Según Hacienda esta medida no supone una subida fiscal sino un aplazamiento del beneficio fscal que supone la compensación de pérdidas.