Las energéticas presionan al Gobierno para ampliar las ayudas a todas las tarifas de gas y frenar el alud de cambios

El Gobierno ha puesto en marcha un paquete millonario de medidas para bajar la factura de gas de más de tres millones de hogares. Un escudo anticrisis que se vuelca en contener el precio de las tarifas reguladas del mercado gasista, lo que está provocando una avalancha de clientes que piden a las compañías el cambio a este tipo de contratos y que puede hacer que el número de beneficiarios de las ayudas se dispare.

El plan del Ejecutivo contempla seguir limitando por ley las subidas que se pueden aplicar a los 1,5 millones de clientes de la tarifa regulada de gas durante todo 2023 y también la creación de un nuevo tipo de tarifa que rebajará a la mitad la factura de 1,7 millones de hogares que cuentan con calefacción central en su comunidad de vecinos. El Gobierno calcula que destinará 3.000 millones de euros para cubrir el coste de ambas medidas, pero se compromete a aportar todo el presupuesto necesario para tapar el agujero que provoquen finalmente las medidas en las cuentas del sistema gasista y que puede agrandarse por el trasvase masivo de clientes hacia las tarifas con ayuda.

Las compañías del sector del gas alertan de las consecuencias de las medidas adoptadas para bajar sólo un tipo de tarifa. Un vuelco en el negocio que ya se está notando con el alud de solicitudes para pasarse a las tarifas reguladas, denominadas tarifas de último recurso (TUR) y que están obligadas a ofrecer los cuatro grandes grupos energéticos del sector (Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies).

Desde las empresas gasistas se avisa de que el plan de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica, destinado sólo a las tarifas reguladas, puede romper el mercado y amenazar la estabilidad de las compañías que ofrecen tarifas en el mercado libre, así que meten presión al Gobierno para tomar medidas para bajar la factura de todos los clientes y de todo tipo de tarifas, no sólo de una parte.

Bajar más impuestos del recibo

La patronal Sedigás -que agrupa a comercializadoras, empresas de redes de transporte y distribución y proveedores del sector- advierte de las consecuencias para el negocio de las compensaciones diseñadas por el Gobierno, desatando una “migración masiva” de clientes hacia las tarifas reguladas, que ahora van a tener unos precios mucho más bajos que los de mercado gracias a las ayudas.

Ante esta situación de trasvase masivo de clientes, que las compañías reconocen que ya se está produciendo, las gasistas defienden que la protección llegue a todos los consumidores frente a la escalada de precios. Sedigás celebra la rebaja del IVA del recibo del gas del 21 al 5% al menos hasta fin de año, pero piden recortar otros impuestos de su factura como de los que ya se benefician los consumidores de luz.

Las empresas gasistas reclaman una reducción del gravamen del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) hasta el mínimo que permite la Unión Europea. Actualmente en el Impuesto de Hidrocarburos se aplica un tipo al cliente doméstico y a la mayoría de los industriales de 0,65 euros por cada gigajulio (equivalente a 2,34 euros por cada megavatio hora equivalente). La normativa europea establece un mínimo para todos los estados miembros de 0,30 euros por gigajulio (1,08 euros por megavatio hora).

Recortar costes regulados

Las pequeñas energéticas independientes, que no están integradas en ningún gran grupo y que no están habilitadas para comercializar la tarifa regulada de gas, denuncian que la intervención del precio del gas de las TUR por parte del Ejecutivo pone en peligro todo su negocio y directamente su supervivencia por el trasvase masivo de clientes.

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) exige al Gobierno adoptar medidas que sirvan para proteger de los efectos de la crisis específicamente a los consumidores vulnerables (como la ayuda contemplada en el bono social térmico), sólo a los usuarios que realmente lo necesitan por sus bajos ingresos. Y reclama que, si el Ejecutivo concede ayudas no sólo a colectivos vulnerables, éstas deben alcanzar a todos los clientes y no sólo a los de la tarifa regulada.

Desde la asociación de pequeñas energéticas se propone aplicar rebajas a los costes regulados de la factura del gas, mediante una reducción de los peajes y los cargos incluidos en el recibo para financiar los costes de las redes de distribución y transportes y otras medidas de política energética. Rebajando esos peajes y cargos, se conseguiría reducir el importe de la factura de todos los clientes y no sólo de los usuarios de un tipo de tarifa. “Para salvaguardar a los clientes y evitar el cierre de comercializadoras independientes, ACIE pone de manifiesto la importancia de conseguir que todos los consumidores de gas sean igualmente protegidos, no solamente aquellos que tengan contratada una tarifa regulada”, sentencia la asociación empresarial.

Noticias relacionadas

Susana Remacha será la primera mujer al frente de Stellantis en Figueruelas

Los hoteles de Canarias registraron un 16% más de reservas en la semana de las protestas del 20A

“Actualmente, esta tarifa regulada de gas, que solo puede ser vendida por determinadas comercializadoras, está muy por debajo del precio de mercado, por lo que resulta imposible competir con ella”, alertan desde ACIE. “Creemos que la solución no es poner un valor anticompetitivo y discriminatorio a la tarifa regulada, sino hacer una rebaja en los peajes y cargos, concepto que es de aplicación en las facturas de todos los consumidores. La limitación de la TUR, en lugar de la rebaja de peajes que proponemos, lo que hace es dilapidar la libre comercialización y traerá graves consecuencias en el medio plazo para el sector y los consumidores”.

El número de clientes acogidos a tarifas del mercado libre de gas -cuyo precio fijan las compañías libremente- es muy mayoritario en relación al de clientes del negocio regulado -cuyo precio establece trimestralmente el Gobierno en función de la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos, pero cuyas subidas tienen un tope máximo desde el año pasado-. Con los datos de cierre del año pasado, casi 6,5 millones de clientes tenían contratadas tarifas libres (más del 80% del total) y 1,5 millones seguían con tarifas reguladas.