Moncloa garantiza todo el dinero público necesario para pagar parte de la factura de gas a tres millones de hogares

El Gobierno ha puesto en marcha un paquete millonario de medidas para bajar la factura de gas de más de tres millones de hogares. Un escudo incluido en el Plan Más Seguridad Energética -el plan de contingencia que exige Bruselas a los estados miembros para combatir la crisis energética- y que contempla seguir limitando por ley las subidas que se pueden aplicar a los 1,5 millones de clientes de la tarifa regulada de gas durante todo 2023 y también la creación de un nuevo tipo de tarifa rebajada para los 1,7 millones de hogares que cuentan con calefacción central en la comunidad de vecinos.

El Ejecutivo garantiza destinar todo el presupuesto público necesario para tapar el agujero millonario que estas medidas provocará en las cuentas del sistema gasista español. Según se recoge en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un crédito excepcional por 3.000 millones para cubrir el coste de estas medidas, pero se compromete a que “esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado” desde ahora y hasta final de 2023.

Como parte del plan de contingencia de medidas energéticas, el Gobierno ha creado un nuevo tipo de tarifa regulada de gas a la que podrán acogerse las comunidades de vecinos que tienen calefacción central -hasta ahora no podían beneficiarse por sobrepasar el consumo máximo permitido- y que en la práctica servirá para rebajar en torno a un 50% la factura de los hogares que la contraten.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cargarán con ese otro 50% del recibo actual que esos 1,7 millones de hogares dejarán de pagar. El Gobierno transferirá el importe necesario a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para que lo inyecte a las cuentas del sistema gasista y evitar el déficit extraordinario.

Tope a las subidas

En paralelo, el Ejecutivo también prorrogará hasta finales de 2023 el tope a las subidas que pueden aplicarse a la tarifa regulada del gas, denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) y que el Gobierno revisa cada tres meses fundamentalmente en función de la evolución del precio del gas en los mercados internacionales. A las diferentes TUR están acogidos unos 1,5 millones de clientes, fundamentalmente hogares y pymes.

Para evitar que las facturas se disparasen en plena espiral de precios del gas en los mercados internacionales, el Ejecutivo estableció a mediados de 2021 que de manera temporal (en principio, sólo dos trimestres) se repercutirá un máximo del 15% del coste de la materia prima en las revisiones de octubre y de enero de la tarifa regulada, lo que en la práctica suponía limitar la subida del precio final en torno a un 5%.

Los pequeños consumidores de gas acogidos a la TUR se salvaron así, en los peores momentos de precios en máximos históricos del gas, de las fuertes subidas que se habrían reflejado en su factura si no se hubiera topado las subidas trimestrales. Hasta ahora esa diferencia entre lo que debía subir la factura y lo que realmente subió se convertía en deuda con las grandes gasistas y sus clientes la han ido pagando de manera fraccionada.

Deuda que sí pagarán los clientes

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El desfase entre las subidas que correspondía aplicar y las que realmente se aplicaron generó una deuda de algo más de 200 millones de euros con las empresas que ofrecen la tarifa regulada del gas (Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies) en los dos primeros trimestres de aplicación de la medida, según fuentes del sector. En los trimestres posteriores se han aplicado subidas superiores a las que realmente correspondían y así los clientes han ido reduciendo esa deuda asumida, hasta recortarla al entorno de los 170 millones de euros actualmente.

Esa deuda pendiente generada en el último año la seguirán abonando los clientes con tarifa regulada con el sistema que ha estado vigente hasta ahora de pagos diferidos, según confirman fuentes de Transición Ecológica. Pero el Gobierno ha establecido que todo el déficit que se genere a partir de ahora lo asumirán los PGE para evitar que las compañías gasistas soporten en sus balances desajuste, que se va a disparar a partir de ahora con las nuevas medidas.