Consejo de Ministros

Las ayudas a la calefacción central estarán condicionadas a la instalación de contadores individuales antes de octubre de 2023

El Gobierno sufragará con 3.000 millones de los presupuestos la rebaja de la factura de los hogares con caldera y el límite de la tarifa regulada individual

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

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Una semana después de la presentación del plan de contingencia, el Consejo de Ministros aprueba un nuevo paquete de medidas energéticas que tiene como medida estrella la creación de una tarifa de ahorro para las comunidades de vecinos con calefacción central, pero condicionada a la instalación de contadores individuales antes del invierno que viene (30 de septiembre de 2023), que se estima podría alcanzar a 1,7 millones de hogares. Esta ayuda estará disponible para la actual temporada de invierno y, junto a la limitación del resto de tarifas reguladas (TUR), se extenderá hasta finales de 2023 con un coste de 3.000 millones de euros con cargo a los Presupuestos.

Es el décimo decreto desde junio de 2021 "dedicado a proteger a familias y tejido productivo y acelerar la transformación energética adecuada" ha defendido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros. Y es probable que no sea el último, algo que dependerá de "cómo evolucionen las circunstancias". "El escudo social está preparado no solo para extenderlo según lo que ocurra este invierno sino durante todo el año 2023", ha agregado Ribera, en línea con el plan presupuestario enviado a Bruselas, en el que el Gobierno se guarda la posibilidad de aprobar medidas por valor de 17.000 millones de euros el próximo ejercicio sin incumplir el déficit.

Este martes se han aprobado 18 de las 73 medidas que componen el plan de contingencia (a las que se suman otras 13 ya desplegadas), aunque muchas son ampliaciones de medidas en vigor. Es el caso de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 las deducciones del IRPF por rehabilitación para los hogares y la flexibilización de los contratos de electricidad, que se amplia para alcanzar también a los de gas, con el objetivo de que autónomos y empresas puedan cambiar su caudal (potencia contratada) más de una vez al año, para reducir sus costes fijos.

También se extiende hasta finales de año la minoración del gas, el recorte de ingresos para las centrales nucleares y renovables que se beneficiaran de la subida del precios del gas a 67 euros por megavatio-hora. Esta medida tiene una recaudación muy limitada, pero el Gobierno defiende que funciona porque sirve para que las grandes empresas limiten sus ofertas a ese precio.

Calefacción central

Entre las novedades destaca la creación de una nueva tarifa regulada para la calefacción central, que cubrirá el 100% del consumo equivalente a la media de los últimos cinco años, mientras que si hay excesos de consumo adicional se aplicará el nuevo precio regulado con un incremento del 25%. El impacto estimado es de una reducción del 50% de la factura del gas, respecto a la alternativa de una tarifa libre actual, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Estas comunidades tendrán que contratar esta tarifa a través de las comercializadoras de referencia y firmar una declaración responsable con acuerdo de la junta de vecinos con el compromiso de instalar los contadores individuales antes del invierno que viene. En caso de no hacerlo, se les aplicará el precio regulado con un incremento del 25%.

Para facilitar los cambios de comercializador, el Ejecutivo regula la rescisión de contratos con un precio máximo de penalización que pueden aplicar las compañías. Y en caso de que el consumidor tenga contratados servicios adicionales, como el mantenimiento de calderas, etc. se rescinden de forma automática.

Bono social

También se crea una nueva categoría el bono social eléctrico, para alcanzar a 1,5 millones de hogares que se estima tienen una renta media anual de entre 12.000 euros en el caso de un adulto y 28.000 euros para una familia de cuatro miembros con una rebaja del 40% de la factura. Estos consumidores no recibirán de forma automática el bono social térmico (una especie de 'cheque' que asume el Ejecutivo para pagar la calefacción en los meses de invierno que reciben de forma automática los beneficiarios del bono social eléctrico).

En el caso del resto de beneficiarios de esta ayuda, se refuerzan los porcentajes actuales –al elevar el descuento del 60% y el 70% al 65% y 80%-- y se incrementa en un 15% la energía sujeta al descuento. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, con estas medidas se da cobertura al cuarto decil de hogares con menor renta en España. 

Respecto al bono social térmico, una especie de 'cheque' que asume el Ejecutivo para pagar la calefacción en los meses de invierno que reciben de forma automática los beneficiarios del bono social eléctrico, se incrementa la partida presupuestaria hasta los 453 millones de euros al año tanto en 2022 como en 2023. Esto supondrá una ayuda mínima de hasta 40 euros y media de 375 euros. La nueva categoría de consumidores dirigida a hogares trabajadores con un descuento del 40% no se beneficiará del bono social térmico.

Nueva factura

Además, a partir del 1 de diciembre, las facturas de luz y gas que se reciben en los hogares mes a mes serán diferentes para incluir el consumo medio de los vecinos (código postal) y, así, fomentar el ahorro. También, en el caso del gas se introduce un código QR, como en la factura de luz, para poder comparar las ofertas a través de un enlace a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se incorporarán recomendaciones de ahorro y eficiencia y se unificará la forma en la que las comercializadoras deben informar sobre el mecanismo ibérico con información que incluirá el precio medio del mercado mayorista (OMIE), el coste medio del ajuste y el precio medio sin mecanismo ibérico.

Para fomentar el consumo 'responsable', se dotará una partida de 40 millones para sustituir contadores analógicos de gas por contadores digitales en hogares y pymes, sin incremento del coste del alquiler para estos consumidores.

Deducciones fiscales

También es una novedad la libertad de amortización en inversiones en energías renovables en el impuesto de sociedades para "consumo propio o sustitución del uso de combustibles fósiles a renovables térmicas" en el caso de las empresas, hasta un máximo de 500.000 euros. No afectará para el desarrollo de mayor potencia renovable, según ha aclarado Ribera. Esta medida está en línea con los incentivos que ya tienen los hogares para la rehabilitación --con una mejora de la eficiencia del 7% se descuenta el 20% de lo invertido hasta un máximo de 5.000 euros anuales y con una mejora del 30% hasta el 40% de descuento hasta un tope de 7.500 euros anuales-- que se extienden hasta finales del año que viene.

Autoconsumo hasta 1 kilómetro

Por otro lado, para fomentar la instalación renovable, se incrementa a un kilómetro la distancia para autoconsumo, que actualmente está limitada a 500 metros, pero solo a instalaciones de autoconsumo que estén en cubiertas, en tejados. "Es importante hablar de autoconsumo para consumo propio con margen de vertido pequeño que es diferente que hacer negocio llamándolo autoconsumo", ha precisado la vicepresidenta, en relación a la insistencia de parte del sector por ampliar todavía más esta distancia.

Además, se crea la figura de gestor de autoconsumo compartido --para que una persona o ente pueda representar a los vecinos y tomar decisiones que de otro modo requerían la firma de cada uno de ellos-- y se simplifica la tramitación administrativa para instalaciones renovables hasta 500 kilovatios (actualmente esta tramitación acelerada estaba limitada a proyecto de 100 kilovatios). Por otra parte, en el ámbito de los gases renovables, se declara de utilidad pública las acometidas para conectar a la red de transporte y gas natural para fomentar el uso de esta tecnología.

Alumbrado público

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La nueva norma también actualiza el reglamento de alumbrado público exterior --que consume un 2% del consumo total nacional-- para sustituir las bombillas con el objetivo de aumentar los requisitos mínimos de eficiencia (un 119% para el alumbrado funcional y un 163% para el alumbrado ambiental). Al mismo tiempo, se actualiza el sistema de etiquetado mediante letras para dar al usuario final información más realista sobre la eficiencia energética de su instalación y se potenciará el ahorro.

"Nos consta que el peso de la iluminación exterior para las cuentas de los ayuntamiento es tan importante que quieren cambiarlas", ha asegurado Ribera. Este nuevo reglamento afectará a la iluminación pública (carreteras y calles), lo que incluye la de las administraciones y de agentes privados que iluminen espacios públicos, como las autopistas de concesionarios. Será obligatorio para los proyectos que se inicien el 1 de enero, los que se hayan iniciado antes, tienen un año para concluirse. Según fuentes del Gobierno, en España hay más de ocho millones de puntos de luz exterior, de los que sólo se ha sustituido por LED un 30%.