El insólito impuesto al patrimonio en España

Un poco de historia para poner en contexto. En 1799, el primer ministro británico, William Pitt (el Joven), introdujo los que se han considerado históricamente como la primera tasa dedicada exclusivamente a los ingresos de los ciudadanos. La razón: el Reino Unido necesitaba más ingresos para financiar las guerras napoleónicas. El primer IRPF moderno no se empezó a desarrollar hasta el primer cuarto del siglo XX, también por motivos militares, en Estados Unidos y Europa. Fue en la segunda mitad del siglo pasado donde el impuesto directo sobre los ingresos laborales ya se institucionalizó. En el pasado, incluso desde la época antigua, los tres impuestos que usaban los mandatarios -desde emperadores a consignatarios feudales- para financiarse eran los impuestos indirectos al consumo, a la importación de productos allende las fronteras locales y una tasa sobre la propiedad (vivienda y tierra). En EEUU, de hecho, el impuesto a la propiedad aún pervive y es considerado por sus críticos como un oculto impuesto a la riqueza. Camino de las elecciones estadounidenses de 2020, la senadora demócrata Elisabeth Warren, generó un tenso debate en su país cuando propuso crear un impuesto especial a las personas que tuviesen un patrimonio superior a 50 millones de dólares. Warren y otro ex candidato a la presidencia de EEUU, Bernie Sanders resucitaron estás propuesta en el Congreso americano sin éxito en 2021 para ser aplicado a patrimonio en viviendas, acciones, barcos, arte, entre otros activos.

La OCDE califica los impuestos al patrimonio como “las menos comunes formas de impuestos a la propiedad entre los países miembros.” Desde los años noventa, donde hasta doce países que forman parte de este organismo, llegaron a tenerlos, se ha ido eliminando, quedando como tales solo en Suiza, Noruega y España. Las dos primeras naciones mencionadas están consideradas la primera y segunda en el último Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por las Naciones Unidas; España ocupa la posición 27. El PIB per cápita en Suiza es de 86.500 euros al año; en Noruega de 67.200 y en España de 27.000. La OCDE considera que la eliminación de este impuesto se ha ido justificando por su “ineficiencia y porque acaba ahuyentando hacia otros destinos a las grandes fortunas.”

Lo más extraordinario del caso español es la aleatoriedad y la inseguridad jurídica que ha rodeado la existencia de este impuesto desde 2008, donde cada comunidad autónoma lo ha usado libremente, causando todo tipo de casuísticas. Desde esta fecha y hasta 2011 el Gobierno Zapatero decidió eliminarlo en medio de la crisis financiera vía bonificación estatal en caso de que se pagara en las autonomías. Lo reintrodujo en 2011, pero en 2013 el nuevo Gobierno Rajoy volvió a bonificarlo, decisión que mantuvo el Gobierno Sánchez hasta 2021, donde se volvió a eliminar la bonificación, aunque esta la aplica Madrid y ahora pretende aplicarla totalmente Andalucía. Ahora, la coalición gubernamental entre PSOE y Podemos quiere crear para 2023 un nuevo impuesto de solidaridad estatal, imposible de recibir bonificación autonómica, a partir de patrimonios declarados de 3 millones de euros. Un ejemplo actual: un ciudadano de Aragón que declare un patrimonio de 800.000 euros (hay que recordar que los primeros 300.000 euros de vivienda están exentos) paga anualmente 1.164 euros, una cifra que va bajando gradualmente hasta un gallego que pagará 150 euros y un madrileño o andaluz, que no pagará nada.

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¿Cuál es la recaudación del Impuesto de patrimonio en España? En total, según datos de Hacienda, en 2020 los ingresos totales entre 218.991 liquidaciones presentadas sumaron 1.200 millones de euros, con una media de 6.348 euros por declarante. El 0,33% de los declarantes (724) presentaron una liquidación en patrimonio superior a 30 millones de euros. Entre 6 y 30 millones estuvieron 7.471 declarantes. El 36% de las declaraciones, 80.000, procedieron de Cataluña, con una recaudación de 546 millones.

En plena atracción por lograr talento e inversiones y debido a su simbolismo: ¿hasta qué punto la inseguridad jurídica y la complejidad, por las diferencias entre autonomías, de un impuesto que apenas genera el 0,5% de los ingresos fiscales que obtuvo España en 2021 no crean más perjuicio que necesidades?