SUMINISTROS BÁSICOS

Pobreza energética: "Hay ‘vitro’, calefacción y horno; pero no los usamos"

Los problemas económicos impiden a muchas familias extremeñas afrontar servicios básicos. Cáritas ayuda a pagar facturas y Cruz Roja les realiza auditorías energéticas

Pobreza energética: "Hay ‘vitro’, calefacción y horno; pero no los usamos"
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Rocío Cantero

Nada más entrar en la cocina salta a la vista que sobre la placa de vitrocerámica hay un hornillo de gas con dos fuegos, conectado a una bombona de butano, y otra botella a su lado de reserva. También hay un horno y un microondas, sin usar; lo mismo que la calefacción por conductos de aire que tiene la casa (también eléctrica), como delata el mando de control desactivado que hay en el salón, donde aún a mediodía no estorba el abrigo. En la vivienda que comparten las familias de Yessenia Vázquez y Tatiana Vidal en Cáceres hay recursos, pero no medios económicos para costear su puesta en marcha. Se llama pobreza energética y es una más de las formas de vulnerabilidad que afectan en distintos grados a muchas familias. "No utilizamos mucho la energía porque el coste es muy elevado y de momento no podemos afrontarlo", reconoce Yessania Vázquez.

  

La comida se la proporcionan, en parte, en el comedor social de las Hermanas de la Caridad, al que acuden cada día a por las raciones para los tres adultos y los cuatro menores de entre 2 y 15 años que viven en la casa. "Gracias a eso no tenemos que gastar cocinando", dice. Para el resto, "nos apañamos con la cocina de butano; el microondas y el horno no se nos ocurre encenderlos". Además, en lugar de conectar la calefacción para toda la casa, "usamos calentadores de aire en las habitaciones para calentarlas un poco; pero con cuidado, porque si no, no vamos a poder pagar el recibo", advierte. Los encienden una hora cada noche, antes de irse a dormir y aceleran al máximo también las duchas para que el consumo no se dispare con el agua caliente. 

Echando cuentas, los únicos electrodomésticos que se usan en la casa son el frigorífico, la lavadora y "algún rato la tele, pero poco", matiza Yessenia. 

Cada kilovatio cuenta, cada kilo de gas también cuando los únicos ingresos son escasos y esporádicos, cuando alguien les reclama a alguna de las dos cuñadas para tareas de limpieza. 

El marido de Yessenia, Luis, aún no ha conseguido encontrar nada en los dos meses que llevan en España ambas familias, tras abandonar de forma apresurada Colombia. Fue a raíz de un incidente en el restaurante que regentaba una de ellas y que les hizo temer por la familia, según cuentan. Desde que recalaron en Cáceres, es Cáritas quien les está prestando apoyo, tanto para encontrar una vivienda como para escolarizar a los niños o hacer frente a una parte del pago de los suministros. Como no está regularizada su situación, no tienen acceso a ninguna de las ayudas que existen para familias vulnerables. "La ayuda de Cáritas es muy grande y tratamos de aportar lo que podemos. Por eso solo queremos que pase el tiempo y que podamos empezar a trabajar", dicen.

El doble en ayudas 

Desde Cáritas Diocesana Coria-Cáceres recuerdan que en el informe general 'Análisis y Perspectivas 2021' ya destacan que las familias en las que mayor impacto ha tenido la crisis del Covid son aquellas con menores y las que el país de origen supone un condicionante en su situación. Ese informe resalta que la pobreza severa no ha cesado su aumento y el 25% de los hogares atraviesan graves dificultades. "La realidad que se nos presenta en Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres no dista mucho de la mencionada anteriormente a nivel nacional", señalan desde la organización. 

"Les decimos que destinen lo que ganan al alquiler y suministros, y nosotros les damos la comida", Rosa Infantes

A los centros de las Cáritas parroquiales llegan muchas personas que son ya "acumuladoras de crisis", que no llegan a cubrir sus necesidades básicas y que además les es imposible acceder a la cobertura social de ayudas que ofrece la administración pública. Como las familias de Yessenia, Luis y Tatiana, acuden a Cáritas como último recurso, buscando ayuda para dar cobertura a los pagos básicos de vivienda, ya sean alquileres o suministros.

Con el elevado coste de los suministros y el precio de la vivienda, las demandas y la cuantía se han incrementado en el último año. En la ciudad de Cáceres se han prestado a lo largo de 2021 ayudas a 185 beneficiarios para el pago de suministros, lo que suponen un total de 195 ayudas para luz, gas y agua. En 2020, fueron 166 beneficiarios y 174 ayudas directas. "Pero el gasto económico total para costear los suministros de los hogares más desfavorecidos y en situación de pobreza prácticamente se han duplicado con respecto al año anterior", apuntan. Las facturas se han encarecido.

En el caso de Badajoz no tienen la sensación de que la demanda a Cáritas se haya incrementado especialmente, aunque creen que también ha sido por una ayudas directas que el ayuntamiento ha otorgado a finales de este año. Tuvieron que cerrar antes de tiempo la convocatoria porque habían superado el límite y estas se suma a las ayudas de suministros mínimos vitales que cada ejercicio ofrece la Junta de Extremadura y gestionan los consistorios a través de sus servicios socialesEl problema es que estas ayudas, que se convocan en el mes de marzo, no llegan a todo el mundo

En el caso de Cáritas Diocesana de la Archidiócesis Mérida-Badajoz no tienen datos actualizados, lo que dificulta conocer la realidad de las familias vulnerables que se quedan fuera de los márgenes de las ayudas oficiales. La sensación allí es que las peticiones no superan en exceso las de otros años, "pero a la fuerza tiene que notarse el incremento del precio de los suministros, aunque no sea algo en lo que se haya incidido", asegura Teresa Castellanos, coordinadora de equipo de animación comunitaria. Prueba de ello es que en algunas de las delegaciones parroquiales, como la de San Fernando, les han trasladado la intención de cambiar los baremos establecidos para la atención, porque entienden que no se ajustan a la realidad. Tienen estipulado que el gasto de una familia con uno o dos miembros puede ser de 100 euros. Pero sopesan elevar la cifra porque consideran que ahora es superior con las subidas en la electricidad. 

"Desde que empezó a dispararse el precio de la electricidad hemos trabajado cómo bajar la factura", Teresa Morientes

La pauta que les marcan a las familias que ayudan es "que lo poco que ganan lo destinen al alquiler y los suministros, porque nosotros nos ocupamos de proporcionarles la comida", cuenta Rosa Infantes, responsable de la Cáritas parroquial de San Roque en Badajoz, que atiende a unas 90 unidades familiares. Aun así, "algunas veces te vienen con un montón de recibos que no han podido pagar", cuenta. En algunas ocasiones son elevados porque los propietarios de la vivienda en la que residen no ponen los suministros a nombre del inquilino, uno de los requisitos que se exigen para poder acceder al bono social o la ayuda de mínimos vitales. 

Formación para leer la factura 

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La estrategia en Cruz Roja pasa por trabajar en un consumo más eficiente. Cuando comenzó a dispararse el precio de la electricidad, en los meses de verano, la oenegé empezó a contactar con los usuarios de extrema vulnerabilidad que tienen entre las 4.000 familias que atienden en la región. "Les explicamos cómo les podía afectar, cómo debían poner la lavadora para que pudieran ir ahorrando. Y también les advertimos que fueran revisando la factura para ver ahí cuándo gastaban más o menos", cuenta Teresa Morientes, del departamento de Intervención Social de Cruz Roja en Cáceres. En algún caso han llegado a pagar también el suministro, aunque de forma más esporádica, si los servicios sociales no podían hacerlo o si no podían llegar a la cantidad que se adeudaba.

Además, Cruz Roja está trabajando con una aplicación que les permite hacer un diagnóstico energético a las familias. "Se les hacen una serie de preguntas sobre la situación de la vivienda, si tienen humedades, si son antiguas y si usan gas o gasóleo...", explica Morientes a modo de ejemplo sobre el procedimiento. Con las conclusiones, les asesoran sobre si tienen que cambiar la potencia de la luz, los hábitos o incluso la compañía suministradora. También si deben acometer alguna reforma. "Por ejemplo, vemos que es importante que cambien las ventanas. No lo podemos hacer nosotros, pero les ayudamos a buscar alguien que lo pueda hacer por un precio que puedan pagar", apunta. En las familias con más dificultades, entregaron también algunos kits con bombillas de bajo consumo o burletes para colocar en puertas y ventanas. Que si la pobreza no permite aportar calor a la vivienda, al menos se corte el paso al frío.

66.000 familias tienen bono social


En Extremadura hay 65.862 familias que tienen el bono social, un descuento en la factura de la luz regulado por el Gobierno, que pretende proteger a los hogares considerados vulnerables. Los usuarios deben tramitarlo directamente con las compañías eléctricas siempre que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos ser considerado cliente con algún grado de vulnerabilidad (cliente vulnerable, cliente vulnerable severo o cliente vulnerable severo en riesgo de exclusión social). Además para acceder a la ayuda hay que tener contratada una tarifa eléctrica PVPC (con o sin discriminación horaria) y una potencia igual o inferior a 10 kW en la vivienda habitual. Para ello, la persona que lo solicita debe ser el titular del contrato, lo que dificulta en algunas ocasiones que quienes lo necesitan se pueden llegar a beneficiar de él, especialmente en el caso de los que están en mayor riesgo de exclusión, que son además los que más dificultades tienen para acceder a una vivienda. Las ayudas oscilan entre el 60% y el 70%, con la modificación de los criterios que el Gobierno introdujo hasta marzo de 2022 por la escalada de precios en la luz. Los beneficiarios del bono social eléctrico lo son también del bono térmico para reducir la factura del consumo de gas.

"Es cierto que se han incrementado mucho las consultas que recibimos por parte de personas interesadas en acogerse al bono social", resalta Elena González, de la Unión de Consumidores de Extremadura (Ucex). A su juicio, las medidas adoptadas, tanto en la reducción de impuestos como el incremento de las ayudas del bono social, están paliando la situación de muchas familias.