Órdago de Iberdrola al Gobierno: no subirá los precios a la industria si retira los recortes

Iberdrola redobla la presión al Gobierno para frenar los recortes millonarios a las eléctricas que ha incluido en su reforma eléctrica. La compañía promete no repercutir a sus clientes industriales la enorme subida del precio de la electricidad y ofrecerles renovar sus contratos, pero sólo si el Ejecutivo renuncia a aplicar “tributos lesivos” al sector energético y retira el real decreto ley aprobada hace un mes.

"Iberdrola vuelve a demostrar su compromiso con la sociedad española", "nuestro compromiso es seguir apoyando a la industria española y ayudar a la prosperidad de nuestro país”, ha subrayado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, apenas unas horas después de que EL PERIÓDICO DE ESPAÑA publicara una entrevista con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en que subrayaba que es “el momento de reclamar a las eléctricas el compromiso social que tanto aparece en sus memorias y en su publicidad”.

Las eléctricas llevan semanas negando la existencia de los beneficios millonarios que el Gobierno quiere recortar en plena escalada del precio de la electricidad. Las compañías insisten en que no están sacando tajada de la espiral de subidas y que la reforma aprobada hace un mes por el Ejecutivo provocará un agujero milmillonario en sus cuentas al obligarles a devolver unos ingresos que realmente no reciben.

El Gobierno prepara ahora una nueva norma para aclarar cómo ejecutar la reforma eléctrica y para que no se aplique los recortes a los contratos bilaterales con clientes a los que cobran un precio estable y a los que no se está repercutiendo la subida actual de los precios de la electricidad, provocada por el encarecimiento de la luz y el gas. Esto es, que a los contratos que las eléctricas demuestren que se cobra la electricidad a precios con niveles previos al encarecimiento de los últimos meses no se les aplicarán la devolución de ingresos forzosa aprobada por el Gobierno.

"Iberdrola, en la medida de sus posibilidades, asumirá el incremento de costes energéticos para no trasladar a la industria española la situación de los mercados internacionales, pero el Gobierno debe entender que no se debe gravar la producción en un momento tan delicado, especialmente tras comprobar que no se han producido beneficios extraordinarios", subraya la eléctrica en un comunicado, tras semanas de choques directos con el Gobierno.

Iberdrola asegura que en lo que va de año ha mantenido los precios pactados a pesar de la subida de la electricidad y ha ahorrado a la industria 2.000 millones. La compañía, no obstante, ha venido comunicando en las últimas semanas a grandes clientes la necesidad de revisar sus contratos para adaptarlos a los precios eléctricos y a la nueva regulación del Gobierno o, en caso de negativa, rescindirlos.

Iberdrola se compromete a renovar los contratos de los clientes que lo soliciten "con el fin de evitar un problema de costes", pero condiciona asumir ese esfuerzo a que el Gobierno "no introduzca tributos que dañen nuestra renta disponible como ciudadanos o nuestra capacidad inversora como empresas". "Iberdrola se muestra favorable a que el Gobierno haga los cambios necesarios en el Real Decreto y en la Ley para que esto sea así, incluida su retirada. Todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios".

Golpe millonario

La reforma eléctrica emprendida por el Gobierno el mes pasado para frenar las subidas del recibo de luz incluye la aplicación durante seis meses de una minoración de los ingresos extraordinarios que algunas tecnologías como nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables sin prima estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados que está registrando el mercado.

El Ministerio para la Transición Ecológica considera que las eléctricas, sobre todo los grandes grupos, estaban embolsándose unos beneficios desproporcionados gracias a la fortísima subida del precio del mercado de la electricidad. Unos precios disparados que se deben al encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2, que son costes que estas tecnologías no soportan. La previsión inicial del Gobierno es que las eléctricas tendrían que devolver 2.600 millones de euros en seis meses, Iberdrola dispara esa estimación y dice que ya alcanza los 1.000 millones al mes porque la subida del gas y de la electricidad ha continuado.

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Las grandes eléctricas denuncian que gran parte de su producción está vendida este año y el siguiente (el 100% y el 75%, respectivamente) a un precio fijo muy inferior al que marca ese mercado mayorista y que multitud de centrales y plantas renovables sufren la minoración de ingresos impuesta por el Gobierno a pesar de no cobrar los precios desbocados del mercado. Las compañías tendrán que demostrar ante Red Eléctrica -el operador del sistema eléctrico- las condiciones de los contratos firmados que no están interiorizando en sus ventas el precio disparado del mercado eléctrico.

Desde el Gobierno se asegura que se librarán de los recortes los contratos sellados con terceros y que no apliquen las subidas del mercado, pero los mantendrá a todos los contratos de suministro firmados entre sociedades de un mismo grupo (las grandes eléctricas generan electricidad y se la venden a su propia comercializadora), al considerar que este tipo de acuerdos cuentan con una “cobertura natural” y que no pueden quedar eximidos de los ajustes.