Pelotazo urbanístico

La última expropiada de Tetuán se rinde: "Me quitaron la casa por el bien común y solo hay dos torres de lujo"

Marisa Costoya abandonará pronto su casa en el Paseo de la Dirección. Florentino Pérez cobró 130 millones de euros por un suelo expropiado a familias humildes

Marisa Costoya, la última expropiada de las torres de Florentino en Tetuán

Marisa Costoya, la última expropiada de las torres de Florentino en Tetuán / Alba Vigaray

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Si algún día expropian su casa, sepa que le corresponde otra "adecuada a sus necesidades" según la ley.

Si vive con su pareja y un hijo y la administración es Madrid, se considerará que "sus necesidades" son dos habitaciones: una para la pareja y otra para el hijo. Si tiene dos hijos le darán tres habitaciones, y así sucesivamente.

Si vive con su pareja y un hijo pero su casa tiene tres habitaciones, es probable que considere que lo justo es que le den una igual.

Si la administración no cede, quizá pueda alegar intimidades como que necesita esa tercera habitación porque su pareja ronca y no duermen juntos. Si no hay manera, prepárese para pasar años en una espiral de litigiosidad.

"Si yo llego a saber esto en 2005, hubiera empadronado aquí a tres o cuatro sobrinos", bromea Marisa Costoya. "De haber ido a juicio y perderlo, tendría una sentencia que me obligaría a dormir con mi marido".

Costoya atiende a El Periódico de España en la azotea del que aún es su piso. No le queda mucho: en cuanto el Ayuntamiento de Madrid le pague lo que debe, marchará a una vivienda de realojo. Ella, su marido y su hijo concluirán así un agotador proceso de más de quince años que aún no ha dado los frutos prometidos.

La casa que el Ayuntamiento les ha expropiado tiene tres cuartos. Pero las normas dicen que les corresponden dos. Su lucha ha sido conseguir una de tres: que ya que les quitan su vivienda, les den una similar. La indignación aumenta al ver que la expropiación solo ha servido para levantar viviendas de lujo y que una empresa se llene los bolsillos. El barrio aún no cuenta con las dotaciones prometidas.

"El motivo de la expropiación era reordenar la zona y dotarla de equipamientos: ambulatorio, colegio, instituto. Y aquí lo único que hay son las torres", expresa con enfado mientras la obra repica de fondo. "A estas alturas está claro que no es para el bien común. Todos los expropiados sentimos que nos han tomado el pelo".

Por el suelo sobre el que se levantan esas torres, Dragados —la constructora del grupo ACS, cuyo primer accionista y presidente es Florentino Pérez— cobró 130 millones de euros. Fue un suelo que el Ayuntamiento cedió como pago por gestionar toda la urbanización y expropiación de los vecinos afectados, ejecutada en régimen de concesión.

Las torres Skyline ya ensombrecen Tetuán

/ Alba Vigaray

La historia de Costoya y su familia sucede en el Paseo de la Dirección, en el distrito de Tetuán. Es uno de las pocas zonas dentro de la M-30 que quedan por gentrificar y su localización es muy golosa: está a tiro de piedra de las Cuatro Torres, que con la reciente inauguración de la torre Caleido, sede del Instituto de Empresa, ya son cinco.

El Paseo de la Dirección era un barrio humilde de casitas con una hondonada hacia el parque Rodríguez Sahagún y vistas a la sierra de Guadarrama. Su plan de reforma comenzó en 1997, pero no se aprobó hasta 2006.

El objetivo era ordenar y construir dotaciones públicas. El Ayuntamiento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón decidió dárselo a una concesionaria: a una empresa que urbanizara y pagara las expropiaciones a cambio de 76.000 metros cuadrados de suelo edificable. Se lo llevó Dragados y empezó los trabajos, pero llegó la crisis y paró.

La obra se retomó en 2015. La alcaldesa Ana Botella aumentó en 100.000 metros la compensación a la empresa de Florentino Pérez como contrapartida por la caída de precios al pinchar la burbuja.

Posteriormente, durante el mandato de Manuela Carmena, se metió prisa a Dragados para que terminara y poder resolver la concesión. El Ayuntamiento renegoció el contrato, elaboró un nuevo plan parcial y le entregó a Pérez las parcelas de las torres.

Estas parcelas están en 'primera línea', frente al parque y disfrutan de las mejores vistas a la montaña de todo el barrio. La oposición criticó con dureza lo que consideraba un "premio" al empresario, un acuerdo para que Dragados se lo llevara "calentito", un "pelotazo".

Las torres en 'primera línea' y con vistas a la sierra de Guadarrama

/ Alba Vigaray

En 2017 ese suelo se había valorado en 90 millones. Solo dos años después, Dragados se lo vendió al fondo suizo Stoneweg, promotor de las viviendas de las torres, y se llevó 40 millones de plusvalía.

Las torres tendrán 25 pisos, cien metros de altura y acceso directo al parque. Son viviendas exclusivas, a casi 5.000 euros el metro cuadrado, que ya ensombrecen al resto del modesto barrio.

Los 40 millones de pelotazo urbanístico dejan historias como la de Costoya, natural de Galicia y trabajadora de la limpieza.

"Yo ya no pido algo mejor. Pido algo semejante. Si tengo una casita de tres habitaciones y 70 metros cuadrados con terraza, dame algo así", sostiene.

A pocos meses del juicio con la Empresa Municipal de Vivienda Y SUELO (EMVS) —Dragados ejecuta, el Ayuntamiento expropia y la EMVS gestiona los realojos— ha llegado a un acuerdo.

Tras años de pelea y habiendo gastado miles de euros en una abogada, Costoya ha conseguido que la realojen en un piso de tres habitaciones, sin terraza y con tres metros cuadrados menos que el suyo. Su denuncia es al proceso y al mal trato recibido por la administración. "Si esto sirve para para ayudar a futuros expropiados, me doy por satisfecha", apunta.

"Al final he aceptado por obligación, no por convicción", añade. En cuanto se mude, el Ayuntamiento tendrá vía libre para derribar su edificio. Y será la última expropiada de las torres de Tetuán.

El primer disgusto

Costoya y su marido compraron su piso en 1998 por 70.000 euros. Su edificio tiene dos alturas y ellos compraron en el segundo piso. Delante siempre hubo unas naves bajas que en su momento acogieron talleres, así que la terraza es pequeña pero muy luminosa, como el resto de la casa. Cuentan, además, con una enorme azotea común para todos los vecinos.

Marisa Costoya durante la entrevista

/ Alba Vigaray

"La primera carta es de 2005. Ya había rumores de que estas casas se iban a expropiar. Cuando compramos pedimos dos tasaciones. Caja Madrid tasó el piso sin problema y firmamos, pero después fuimos a otro banco que nos dijo: esto está expropiado", relata. "Se lo contamos al de Caja Madrid y nos dijo: '¡ningún problema! Cuando te expropien, si es que lo hacen, te darán una casa igual'. Yo en ese momento no sabía ni lo que era una expropiación".

El primer disgusto para el matrimonio llegó cuando se supo cuánto pagaría el Ayuntamiento por metro cuadrado expropiado: 868 euros. Esto no funciona como un intercambio —te quito la casa pero te doy otra—, sino que es con el dinero que al expropiado le dan por su casa con el que luego compra la de realojo.

"Nunca hubiera creído que el Ayuntamiento pueda actuar así con los ciudadanos que le pagan el sueldo"

Marisa Costoya, expropiada del Paseo de la Dirección

"A nosotros nos pagaban 58.000 euros", continúa Costoya. "Tú como expropiado puedes comprar, pero si te pagan muy poco no siempre te alcanza. Algunos expropiados eran inquilinos, pidieron una hipoteca y compraron. Otros propietarios no pudieron comprar. Había un edificio con dos abuelitos propietarios que no se querían ir de inquilinos. Al final se marcharon porque no les quedó otra. El resto de pisos se quedaron vacíos, fueron a tapiarlos para que no entrara nadie y rompieron una tubería en el suyo. Hay cosas que, si no hubiera estado en esta situación, no me creería. No me entraría en la cabeza que el Ayuntamiento actúe así con los ciudadanos que le pagan el sueldo".

Dragados construyó dos bloques de realojo: uno frente al parque, en una parcela con peores vistas que la de las torres, y otro en el interior del ámbito. Los expropiados fueron dejando sus casas y mudándose a ellos. Como las viviendas se adjudicaban según el número de miembros de la unidad familiar —la ley general sienta una base y cada administración la aplica con sus detalles—, hubo quien salió ganando y quien salió perdiendo.

"Hay gente que ha salido muy bien. Por ejemplo, una señora que tenía una casita de unos 25 metros cuadrados y vivía con su madre y su hijo. Le correspondían dos habitaciones. Fue al sorteo y, como los pisos de dos se habían acabado, le dieron uno de tres", relata Costoya. "El piso valía más de 100.000 euros y con lo que le dieron no le llegaba, pero en 2017 el Ayuntamiento aprobó subvenciones a los expropiados. Le dieron 90.000 euros. La subvención no es en función de lo que te han quitado, sino en función de lo que te han dado".

Los expropiados pueden comprar un piso con el dinero que les dan por quitarles el suyo, pero no siempre les llega

/ Alba Vigaray

Las subvenciones se aprobaron con Carmena para compensar a los expropiados que no podían pagar el piso de realojo. Pero había gente que ya se había gastado el dinero de la expropiación y otra mayor que la rechazó.

"La subvención era para comprar la vivienda y vivir ahí diez años: si no, tenías que devolverla. Hubo gente mayor que no la quiso, porque en vez de dejar a tus hijos una herencia les dejas una bomba", añade Costoya.

Demanda a la EMVS

Aunque los expropiados no son demandantes de vivienda pública, sino gente a la que han quitado su casa, la EMVS les aplica las mismas normas que a los que sí. Su reglamento, modificado en 2016 con Carmena, establece que a una unidad familiar de un miembro, una habitación; de dos o tres, dos; de cuatro o cinco, tres, y de más de cinco, cuatro.

En el caso de Costoya, lo primero que la EMVS ofreció fue una vivienda de dos habitaciones en el segundo bloque de realojo, sin terraza y sin luz solar directa.

"Pusimos una demanda al contencioso administrativo alegando que no estábamos de acuerdo, que esto es una expropiación. Nosotros tenemos tres habitaciones. Como plus alegamos que el matrimonio duerme en habitaciones separadas. Pedimos medidas cautelares, que no nos pudieran echar hasta que no hubiera juicio, pero la EMVS dijo que estábamos impidiendo el desarrollo del ámbito y el juzgado les dio la razón", continúa la expropiada.

De todos los episodios de la historia, este es uno de los que más llamó la atención de la expropiada.

Para no aplicar las cautelares, la EMVS dijo al juez —el documento ha sido revisado por este periódico— que la familia llevaba dos años impidiendo el proceso de urbanización. Que el daño empezaba a ser "irreparable" y que, al no irse y no poder demoler el edificio, la EMVS no podía "construir nuevas viviendas sociales para otras familias necesitadas".

Sin embargo, la parcela del edificio de Costoya siempre estuvo calificada como equipamiento básico: a la construcción de un centro educativo, cultural o de salud, y no a viviendas sociales.

La parcela en la que está el piso de Costoya —desde cuya azotea está tomada la foto— se destinará a un equipamiento básico

/ Alba Vigaray

Costoya recurrió. "Eso tarda. Y mientras un juez no diga que te tienes que ir, no te vas. Se paraliza el asunto y Urbanismo, que ya es propietario del edificio, inicia el desalojo. Nos llega la notificación, recurrimos y en noviembre de 2020, antes de que llegara el juicio, nos llaman para llegar a un acuerdo".

Lujo en zona degradada

El Paseo es aún una zona degradada. El plan parcial dibujó una carretera de cuatro carriles que separaba las torres del resto del barrio. Ya está construida. Las torres han eliminado las vistas a la sierra a todos los que estaban en la 'primera línea' anterior.

Se ha formado un asentamiento bajo las torres

/ Alba Vigaray

La obra ocupa y ensucia un terreno que no le pertenece: el del parque. Bajo ella hay un acueducto de 1858 perteneciente al Canal de Isabel II completamente abandonado en el que se ha formado un asentamiento.

En las parcelas de dentro hay edificios que iban a expropiar, pero que más tarde fueron "liberados" y quedarán fuera de ordenación. Varios están ocupados. El actual concejal de Urbanismo, Mariano Fuentes de Ciudadanos, se jactó de demoler un edificio de neomudéjar popular como parte de su "Plan AntiOkupas". Ese edificio, asegura Costoya, no estaba ocupado. Y la demolición formaba parte de los planes parciales del Paseo, aprobados por Gobiernos anteriores.

En la parcela frente a la de Costoya había varias casitas no afectadas. Pero las inmobiliarias llevan tiempo observando la zona y comprando casas bajas antiguas para tirarlas y edificar. Es otro tipo de expulsión.

A Pilar Díaz Fernández, una mujer de 74 años que vivía de alquiler en una de ellas, la empresa propietaria le ofreció marcharse a un piso. Ha pasado de una infravivienda de 12 metros cuadrados —"pero tenía todo: mi comedorcito, mi baño, mi cocina y un patio", cuenta al teléfono— a un piso de 40. Y ha logrado que le mantengan su renta antigua, de 48,69 euros al mes, de forma vitalicia.

A Costoya le llama la atención que una empresa privada ofrezca mejores condiciones que una pública.

La casa de Pilar Díaz fue demolida en cuanto se mudó para evitar que entraran ocupas

/ Alba Vigaray

Queda, además, una familia de etnia gitana con cuatro niños en la calle Almortas. Allí había dos casitas blancas y bajas incluidas en el plan de expropiación: en una vivía el padre y en la otra el hijo con su mujer y sus niños. Se da la circunstancia de que esas casas eran un punto de venta de droga que la Policía desmanteló en 2015.

Al padre le correspondía un piso de realojo, pero generaba rechazo en el resto de vecinos y tardaron en encontrarle sitio. Su casa ya está derribada. En la de al lado aún vive la familia de su hijo. Su mujer, Eva Fernández, atiende a El Periódico de España mientras los cuatro niños corretean a su alrededor.

La casa de Eva Fernández también será derribada, según el Plan Parcial del Paseo de la Dirección

/ Alba Vigaray

"Yo solo pido que me den tres habitaciones: meto a las niñas en una y me apaño. Van al colegio aquí al lado desde hace años", dice. Pero su marido no está en la lista de vecinos con derecho a realojo. Fernández apunta a que es porque estuvo un tiempo en la cárcel, si bien desde la EMVS aseguran que "esta persona nunca tuvo derecho a realojo, no estaba censado y no era inquilino" y que tendrán que ser los Servicios Sociales quienes se encarguen de ellos.

Un piso con desperfectos

Cuando la EMVS llamó a Costoya para llegar a un acuerdo, insistió en que no quedaban pisos de tres habitaciones.

"Yo decía: vale, pues nos indemnizáis. Renunciamos al realojo y con ese dinero y el de la expropiación nos buscamos otro. Dijeron que por ley teníamos que ir a un piso de protección", cuenta. "Como sabíamos que en algunos casos no se había cumplido la norma de las habitaciones, pedimos al juzgado las actas de todos las adjudicaciones. Vimos un piso de tres habitaciones reservado para emergencia habitacional. Hablé con Mercedes González [actual Delegada del Gobierno, antigua concejala del PSOE muy implicada en el caso del Paseo y ex-consejera de la EMVS] y se lo comenté".

A los pocos días, la EMVS ofreció ese piso de tres habitaciones. Está en el primer bloque de realojo, a pocos metros del actual.

"Aceptamos. Lleva años cerrado y hemos pedido que hagan reparaciones: hay agujeros en los azulejos, en el techo... Son tonterías, pero no tengo por qué aceptarlas", dice. "Fui a verlo el otro día y han colocado espejos sobre los agujeros para taparlos. Ya les he dicho que no. La abogada me ha recomendado ir con un perito".

Algunos de los desperfectos que tiene el piso de la EMV

/ Cedida

La EMVS asegura que no hará más reparaciones y que, si no les gusta, se vayan a la casa de dos habitaciones. "Hemos hecho los arreglos que nos han pedido", declaran a este diario. "El matrimonio firmó voluntariamente el acuerdo para trasladarse a esa vivienda. Si ahora no lo quiere cumplir, tiene dos opciones: irse a vivir a la casa de dos habitaciones que le correspondía inicialmente o acudir a un juzgado. no es nuestra intención. Hemos intentado darles facilidades".

Cuando el Ayuntamiento les ingrese el dinero de la expropiación, Costoya y su marido firmarán la compraventa y tendrán diez días para abandonar su casa. Por cada día de retraso, la EMVS les cobrará 300 euros de indemnización. "Es abusivo. Mi marido se lo dijo: creo que tenéis nóminas importantes y me alegro, pero si a mí me cobráis 300 euros por cada día de retraso mi nómina se ve muy reducida. Y no te quiero decir dos o tres", dice.

La expropiación ascenderá a 115.000 euros, a 2.700 euros el metro cuadrado, gracias a varias sentencias del Supremo que dieron la razón a algunos expropiados y elevaron el justiprecio inicial de 868 euros. El piso de realojo les costará 111.000 euros, así que les sale casi igual.

Aún no se ha construido ninguno de los equipamientos públicos prometidos, solo las torres de lujo

/ Alba Vigaray

Costoya y su familia abandonarán su casa y en el barrio no habrá aún ninguno de los equipamientos públicos proyectados. Mientras las torres van hacia arriba, en el resto de solares expropiados solo crecen las malas hierbas. La única noticia de edificación pública es un cartel que anuncia la construcción de 121 viviendas de protección pública en un solar detrás de las torres.

"Me he gastado mucho dinero en la abogada. Y también lo he pagado en salud", concluye Costoya, que añade que si ella y su marido han podido pelear es porque ya tenían la hipoteca pagada. "Pensé que no tendrían la caradura de empezar a construir las torres de lujo sin terminar los realojos. Y ahí están. Si algún día quieres desearle algo malo a alguien, deséale una expropiación".

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