El caso de la desaparición de Déborah en Vigo cumple 22 años con el probable archivo judicial en el horizonte

Mañana martes 30 de abril se cumplen 22 años desde que Déborah desapareció sin dejar rastro tras salir a correr y charlar con su prima en la zona de Samil. Diez días después, el 10 de mayo, a más de 40 kilómetros de Vigo, su cadáver desnudo era hallado en una cuneta de la antigua C-550 en O Rosal. Pese a ese revelador escenario criminal, en los días, meses y años siguientes no hubo ni una sola toma de declaración en sede judicial. Y la investigación de la Policía Nacional, como acabó por evidenciar la lucha de la familia, también navegó entre lagunas y errores. Ilustrativo ejemplo fue lo ocurrido con el teléfono móvil de la víctima, una pieza clave en toda investigación de estas características, que no se recogió de su domicilio hasta cuatro años después de la muerte. Y ya en manos de la Policía Nacional acabó siendo extraviado. Cuando casualmente se encontró en 2022 con motivo de unas obras de reforma en dependencias policiales de Madrid, junto a ese viejo Nokia 3310 no se encontró sin embargo la tarjeta SIM que también había sido entregada a los agentes por la familia. Lo resumió muy bien la Audiencia Provincial de Pontevedra en una resolución judicial que emitió en el marco de este procedimiento: la investigación, “en un principio y cuando evidentemente resultaba más importante y urgente” se puede considerar “de todo menos modélica”.

Transcurridos ya 22 años y con la instrucción judicial reabierta desde noviembre de 2019, la esperanza de que el caso llegue a juicio es verdaderamente ínfima. Aunque esta última fase del caso tuvo varios hitos –la propia reapertura de la causa, la toma de declaración por fin de testigos en el juzgado, la exhumación del cadáver de la joven en busca de nuevas pruebas y sobre todo que el exnovio de Déborah adquiriese la condición de investigado–, lo cierto es que transcurridos más de cuatro años desde su reactivación el procedimiento languidece y, salvo sorpresa, la sombra del archivo judicial vuelve a asomar. La propia familia de Déborah pedía hace casi un año al Juzgado de Instrucción 2 de Tui el sobreseimiento de la causa indignados por el “maltrato judicial” y con “rabia contenida” tras más de dos décadas de lucha.

“Nos damos por vencidos, la justicia no nos ampara”, afirmaban en julio de 2023. El sentimiento, a día de hoy, sigue siendo el mismo. “Nosotros ya tenemos asumido desde hace tiempo que no se quiere tirar para adelante; si no se ha hecho ya, no se va a hacer ahora, ha fracasado el Estado de Derecho, así que coincidiendo con este nuevo aniversario volveremos a pedir el archivo de la causa”, resumía este pasado viernes el abogado vigués Ramón Pérez Amoedo, uno de los miembros del equipo legal que representa a los padres y los hermanos de Déborah.

Aunque esta misma semana han recuperado el teléfono móvil de Déborah, que será examinado por sus peritos a nivel tecnológico y en busca de posibles huellas, las posibilidades son bajas. Los expertos de Lazarus contratados por la familia ya intentaron extraer información sin éxito y la Policía Nacional, en un informe entregado este pasado enero, concluyó que en el terminal no hay datos de contactos, llamadas o SMS ya que la memoria del dispositivo está vacía. El que la SIM siga extraviada impidió conocer la información que contenía el teléfono.

La causa solo está pendiente de los resultados del cotejo del ADN del investigado con evidencias existentes en la causa, entre ellas un pelo hallado en el cadáver de la víctima. El investigado proporcionó voluntariamente una muestra el pasado 5 de marzo en dependencias forenses de los juzgados de Tui. Es la tercera vez que aporta su ADN desde 2002. Las esperanzas de que haya una coincidencia son muy bajas, pero se está a la espera de los resultados. Con el procedimiento judicial prorrogado hasta julio, si la prueba genética no arroja luz y no se ordenan nuevas diligencias, el caso Déborah está condenado a seguir, al menos por el momento, sin respuestas y rodeado de incógnitas.