ASTURIAS
Abusaba de su cuñada con discapacidad y luego le regalaba ropa y dinero para que no denunciara: se enfrenta a 10 años de cárcel
La mujer fue declarada parcialmente incapaz en 2020, quedando sometida al régimen de curatela
David Orihuela
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 10 años de prisión para un procesado por abusar sexualmente durante varios años de su cuñada, con discapacidad intelectual, en Laviana (Asturias). La vista oral estaba señalada para este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.
El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado, entre los años 2004 y 2017, los días que su cuñada les visitaba en el domicilio familiar en Laviana, mantenía habitualmente relaciones sexuales con ella, sin el consentimiento por parte de la mujer, que debido a su discapacidad intelectual carecía de recursos emocionales suficientes para rechazar la dominación sexual que infligía sobre ella su cuñado. Este, ocasionalmente y a sabiendas de su debilidad emocional e intelectual, le facilitaba dinero y ropa para evitar que denunciase los hechos.
Conforme al informe psicológico forense, el juicio social de la víctima es inmaduro y por ello corre el riesgo de ser manipulado por otros.
La mujer fue declarada parcialmente incapaz en 2020, quedando sometida al régimen de curatela, ejercida por la Administración del Principado de Asturias.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Laviana dictó el 11 de febrero de 2021 una medida cautelar de orden de alejamiento y comunicación mientras dure el procedimiento o hasta que se deje sin efecto expresamente.
La víctima ha renunciado al ejercicio de la acción civil.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual con penetración de los artículos 181.4 y 5 y 74. 1 del Código Penal, en relación con el 180.1.3º y 4º del mismo texto legal, conforme a la redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 10/22, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de Libertad Sexual, por ser más favorable.
Ante esto, el Ministerio Fiscal solicita que se condene al procesado a 10 años de prisión, con inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, la medida de alejamiento a más de 50 metros y prohibición de comunicación con la víctima durante 15 años y libertad vigilada durante 6 años.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el procesado abone una indemnización de 5.000 euros a la víctima.
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