Dos detenidos por explotar a inmigrantes en una fábrica pagándoles a 0,58 euros la hora

Jornadas maratonianas de 12 horas por 30 euros -a 2,5 la hora- si trabajaban de lunes a sábado y si eran once días al mes la paga se reducía a unos míseros 58 céntimos por cada sesenta minutos de dedicación. Y todo ello sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Así tenían a un grupo de siete inmigrantes senegaleses en una fábrica de reparación de palés de San Vicente del Raspeig (Alicante). La Policía Nacional puso fin a estas condiciones laborales de semiesclavitud de los inmigrantes, en situación irregular en España, y detuvo al empresario propietario de la fábrica, un español de 43 años sin antecedentes, y al encargado de la empresa, un varón de origen senegalés, como las víctimas, y con antecedentes policiales anteriores, según informó ayer la Comisaría Provincial.

Las detenciones fueron realizadas el pasado mes de agosto por agentes del Grupo 3 de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante. La Policía Nacional acusó a los detenidos de sendos delitos contra el derecho de los trabajadores y amenazas.

Las pesquisas se iniciaron un mes antes de los arrestos. Una de las víctimas de este sangrante caso de explotación laboral presentó una denuncia y los agentes de la UCRIF establecieron un dispositivo de vigilancia sobre la empresa y el lugar donde se supone que recogía a los trabajadores para llevarlos a la nave, situada en el polígono del Canastell en San Vicente del Raspeig.

De este modo los policías pudieron comprobar que el empresario detenido acudía de lunes a viernes a un mismo punto del barrio Virgen del Remedio. Se desplazaba en una furgoneta de la empresa, recogía a varias personas de origen africano y las llevaba hasta la nave en San Vicente.

Traslado en furgoneta

Allí permanecía trabajando hasta las siete de la tarde y de nuevo les llevaban en la furgoneta hasta el barrio Virgen del Carmen. La jornada los sábados era hasta las doce y media, según la Policía.

Los investigadores de la UCRIF pudieron comprobar que los hechos denunciados no eran irreales. Los trabajadores no estaban dados de alta en la Seguridad Social y realizaban turnos de doce horas seguidas.

Por dicho trabajo percibían un salario de entre 600 a 700 euros al mes, unos 2,5 euros la hora los que trabajaban todos los días, mientras que a los inmigrantes que trabajaban once días al mes en jornadas de doce horas les pagaban a 0,58 euros la hora.

Si no iban al trabajo por encontrarse enfermos o, como declaró alguna de las víctimas por ir a vacunarse contra el covid-19, les descontaban 25 euros.

Los trabajadores no podían protestar porque cuando reclamaban un salario mayor recibían amenazas de muerte presuntamente del encargado de la empresa.

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Una vez recabó la Policía todos los indicios para acusar a los explotadores de un delito contra los derechos de los trabajadores, los investigadores, coordinaron la investigación con la Inspección de Trabajo de Alicante para acudir juntos a la empresa. 

Según informó ayer la Comisaría Provincial, la explotación del operativo se saldó con las detenciones del empresario y del encargado de la fábrica de palés, que reclutaba a sus compatriotas y les amenazaba. La Policía identificó a siete trabajadores que estaban en la fábrica de San Vicente bajo las condiciones de semiesclavitud denunciadas por uno de los inmigrantes.