COMUNIDAD DE MADRID

El calvario de los afectados por los fondos buitre de Madrid: "Pagaba 174 euros de alquiler y pasó a 435"

Pese a las sentencias judiciales a su favor, la Comunidad de Madrid no ha devuelto la reducción del alquiler a muchas de estas familias

Los afectados por los fondos buitre protestan en la Puerta del Sol

Los afectados por los fondos buitre protestan en la Puerta del Sol / Europa Press

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En 2013, casi 3.000 familias tienen que dejarlo todo para dedicarse completamente a comenzar un proceso legal contra la Comunidad de Madrid. Todos ellos son los legales adjudicatarios de viviendas públicas, muchas de ellas viviendas sociales para personas especialmente vulnerables que la Comunidad de Madrid vende en medio de la noche a Goldman Sachs. Sus pisos ya no son públicos y, con ellos, sus alquileres suben de 100 euros a más de 500, una cantidad imposible de pagar para familias vulnerables. Con ello empiezan los impagos, las presiones, las amenazas de desahucio y las llamadas de la empresa para que todas estas familias se vayan y puedan vender o alquilar esos pisos por precios mucho más altos.

Finalmente, tras nueve años de litigios, juicios, recursos, protestas y manifestaciones, el Tribunal Supremo dicta sentencia: la venta de estos pisos por parte de la Comunidad es considerada nula por ilegal y todos los propietarios deberían volver a la situación que tenían en 2013, con sus mismos derechos y sus mismos alquileres. Sin embargo, los afectados denuncian a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la Comunidad de Madrid aún no les ha devuelto sus derechos. Denuncian que les obligan a pagar "6 meses de alquiler completo antes de acceder a la reducción" y a pasar por una serie de "trabas burocráticas" antes de recuperar sus derechos, lo que consideran "un chantaje y una venganza" hacia las familias que han ganado el proceso judicial según explica Quique Villalobos, presidente de la Fravm, lo que les está dejando deudas y secuelas psicológicas.

Una venta oscura

El calvario de estas familias comienza en 2013. "El 18 de julio de 2013, en una sesión nocturna pasadas las 12 de la noche, la Comunidad cambia las normas que regían el IVIMA -la antigua empresa de vivienda pública de la región- para poder vender estas casi 3.000 viviendas públicas, algunas sociales y otras del plan joven a un fondo buitre", Encasa Cibeles, una empresa creada con 3.000 euros de fondos y participada fundamentalmente por Goldman Sachs, explica Villalobos a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Una operación muy oscura", dice, que se hizo "con nocturnidad y alevosía y tan rápido que "la venta era por 200 millones de euros y se escrituró por 201.000 euros, por lo que hubo que reescribir el contrato. Un auténtica chapuza".

Esta operación, con la que la Comunidad pretende vender la vivienda pública para obtener liquidez, se realiza además "muy por debajo del precio de mercado". Fueron 2.935 viviendas, además de trasteros y garajes, vendidos por unos 60.000 euros cada una cuando su valor real, por que el los propietarios podían comprar, era de más 120.000 euros. Según dictó más adelante la Cámara de cuentas, la venta tendría que haber sido, mínimo, por 300 millones de euros.

"Mi alquiler pasó de 174 euros a 435"

A partir de aquí, los pisos de estas casi 3.000 familias dejan de ser públicos y pasan a ser del fondo buitre. Eso quiere decir que todos los que tenían derecho a una reducción del alquiler lo pierden en cuanto vence su contrato. De repente, familias de especial vulnerabilidad, con vivienda social, que estaban en paro o cobrando la Renta Mínima de Inserción, pasan a tener alquileres que superan sus ingresos mensuales y que no pueden pagar. Es el caso de Marisol, a la que le tocó una vivienda social en el ensanche de Vallecas en un sorteo en 2013. "Pagaba 174 euros y mi cuota pasó a ser de 435", algo imposible de afrontar para su economía, cuenta la mujer visiblemente alterada a este medio. "Encasa Cibeles nos dijo que no nos mantendría al reducción del alquiler porque no eran hermanitas de la caridad, pero, ¿de donde saco yo ese dinero?".

"Quintuplicaron el alquiler a familias especialmente vulnerables", concluye el presidente de la Fravm, "así que muchas acabaron desahuciadas porque no podían pagar". Y para las que consiguieron pagar, con microcréditos, préstamos o ayuda de familiares, comenzaron todo tipo de presiones. Los afectados denuncian que el fondo buitre quería echarles para vender o alquilar las casas a precios mucho más altos y sacar una mayor rentabilidad.

Las presiones para echarlos

"Aunque era una persona reconocida como vulnerable empezaron a llamarme los abogados del fondo, a amedrentarme, a decirme qué cuando me iba, que mi desahucio estaba preparado...mucha gente acabó por dejar de luchar e irse", cuenta Marisol.

"Yo he visto a familias con sus casas completamente empaquetadas en cajas de cartón durante más de dos años porque no sabían cuando les iban a echar. ¿Cómo han crecido esos niños que nunca han podido invitar a un amigo a casa?", cuenta Villalobos.

M González, que no quiere dar su nombre completo por miedo a las represalias de la Comunidad, por su parte, también consiguió un piso en el Ensanche de Vallecas. "Aunque pagaba el alquiler completo me decían que se me acababa el contrato, hubo llamadas de todo tipo, me denunciaron, me querían echar como fuera", asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"Pagaba 174 euros y mi cuota pasó a ser de 435. ¿De dónde saco yo ese dinero?"

Entonces, comenzó la ocupación. En el edificio de Marisol, cuando solo quedaron 2 adjudicatarios de vivienda pública, todos los demás pisos fueron ocupados por "varios clanes gitanos que nos hacían la vida imposible", explica la mujer. "Vendían de todo, muchas veces nos ofrecían cocaína y heroína, tenían la puerta siempre abierta y la música a todo trapo. Pero tenían mucho dinero, conducían Audis, eran mafias". Marisol nunca ha podido comprobar que estos okupas estuvieran relacionados con el fondo buitre pero sí cree que "Encasa Cibeles sabía que con eso, convirtiendo esto en el Bronx, se iba a deshacer de mucha gente, luego les pagaba 3.000 euros por desocupar el piso y listo".

Por si fuera poco, los pisos tenían decenas de desperfectos que nadie arreglaba. "Tenían grietas y todo tipo de deficiencias, mi baño estuvo inundado, las cisternas rotas desde el primer año, la casa está hecha con malos materiales, en invierno es un congelados y en verano es una sauna, la gente que puede pagar calefacción se deja una pasta", asegura Marisol que se queja de que para arreglar todo esto solo funciona "estar todo el día a base de reclamaciones"

Una "tortura psicológica"

Y así están estos vecinos durante nueve años en los que se organizan en asociaciones vecinales y plataformas de afectados, organizan manifestaciones, protestas y denuncian al fondo y a la Comunidad. "Hasta 2013 eran ciudadanos normales y entonces tienen que dejar todo y ponerse a recuperar su condición de legales adjudicatarios del Ivima: reuniones, dinero, manifestaciones, todo en medio de una angustia absoluta porque se pensaban que les iban a echar".

Muchos de los afectados ya no hablan solo de las consecuencias económicas, sino de las psicológicas. "Ha sido una lucha muy dura, lo hemos pasado fatal, mucha gente ha caído en depresión o está psicológicamente mal por el desgaste", explica González. Marisol, por ejemplo, tiene informes de los psicólogos de la seguridad social acreditando sus problemas de salud mental a causa de lo que ella define como "calvario". "Estaba aterrada por ese Bronx", asegura.

La sentencia que iba a cambiarlo todo, pero no lo ha hecho

Ahora una Sentencia del Tribunal Supremo les ha dado la razón a todas estas familias. Una sentencia de 2021 dice que deben recuperar la situación que tenían en 2013: vuelven a ser adjudicatarios de la vivienda pública y aquellos que tenían la reducción del alquiler deben recuperarla. Sin embargo, esto aún no ha sucedido. "Les piden pasar por los mismos trámites administrativos y económicos que en 2013: pagar 3 meses completos para acceder a al reducción del alquiler. Más otros 3 meses que están tardando en resolver los expedientes, son seis meses de gastos", explica Villalobos.

"Solo ha conseguido la reducción la gente que ha pagado 500 o 700 euros de cuotas, los demás no. Es un chantaje. Pero muchos otros no podemos hacerlo. A mi, por ejemplo, me piden 522 euros en total cuando mi casa valdría 125", asevera Marisol. Sin embargo, a Marisol, al menos la han llamado, "solo para pedirme el número de cuenta para poder robarme el Ingreso Mínimo Vital", dice.

Pero González, por ejemplo, aún no ha recibido esa llamada y, después de ganar tres sentencias judiciales, no sabe en qué situación se encuentra con la Comunidad de Madrid. "En 7 meses ni me han llamado, cuando pregunto me dicen que lo están estudiando, pero ¿si no me llaman como van a estudiar mi situación?", se pregunta. Lo peor para ella es, sin duda, que ni siquiera puede pagar su casa. "Como no me llama, la Comunidad de Madrid no tiene mis datos y entonces no me puede cobrar. Si no pago es porque no me dejan, no porque yo no quiera. Tengo miedo de estar acumulando deuda y que luego me la hagan pagar de golpe y no voy a tener todo ese dinero junto"

Ha sido una lucha muy dura, lo hemos pasado fatal, mucha gente ha caído en depresión o está psicológicamente mal por el desgaste

Las trabas de la Comunidad

En general, tanto los afectados con los que ha hablado este medio como la Fravm coinciden en que la Comunidad de Madrid está imponiendo trabas burocráticas, administrativas y económicas para retrasar el cumplimiento de la sentencia lo máximo posible. "Te hacen ir 50 veces a un sitio, solicitar no sé que, presentar otra cosa... Burocracias, trabas y pegas para cumplir la sentencia. Y después de todo lo que hemos pasado después de todos estos año…Estamos quemados".

"En pocas palabras los abogados de la Comunidad de Madrid, ante la humillación que han sufrido de años de perder juicios, se están vengando de los afectados", sentencia el presidente de la Fravm.

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